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Críticas a decreto de Gobierno que cambia reglas de reparto de tutelas
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Críticas a decreto de Gobierno que cambia reglas de reparto de tutelas

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La norma establece que recursos contra el Presidente solo pueden ser conocidos por el C. de Estado.

Un decreto, firmado este 6 de abril por el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, y el presidente Iván Duque ha generado críticas de varios sectores pues cambia las reglas sobre el reparto de las tutelas en el país.

En particular, establece, entre otras cosas, que las tutelas contra decisiones del Presidente de la República y otras políticas relacionadas con la erradicación de cultivos ilícitos solo pueden ser conocidas por el Consejo de Estado y no el tribunal del lugar en donde ocurre la presunta violación de derechos, como estaba establecido antes por norma general de las tutelas.

Para algunos sectores, esto restringe la posibilidad de los ciudadanos fuera de Bogotá de hacer valer sus derechos, puesto que tendrían que acudir a una alta corte ubicada en la capital para su tutela. 

Esto en medio de los recientes esfuerzos del gobierno para revivir la fumigación aérea con glifosato de narcocultivos, un proceso que hoy está parado, entre otras cosas, precisamente por una tutela interpuesta por comunidades de Nariño y que está en estudio por una magistrada de ese departamento.

(En contexto: Gobierno entuteló a juez que tiene tutela clave para el regreso del glifosato)

El ministro Ruiz, saliendo al paso a las críticas, dijo este miércoles que el Gobierno defiende la tutela como una herramienta importante para salvaguardar los derechos de todos los ciudadanos colombianos.

Pero, dijo, para procurar "la desconcentración de la administración de justicia, preservar la jerarquía funcional, garantizar la unificación jurisprudencial y el interés general, el Gobierno expidió el decreto 333 del 6 de abril de 2021 que modifica las reglas de reparto de la tutela". 

Entre los cambios está que las tutelas contra decisiones de la Superintendencia Nacional de Salud relacionadas con medidas cautelares, intervención forzosa, autorización de funcionamiento de EPS, entre otras, serán repartidas a los tribunales superiores o administrativos, "aspecto que impactará de manera positiva los intereses de los ciudadanos en la prestación del servicio de salud y la unificación de jurisprudencia, dichas decisiones podrán ser impugnadas ante altas cortes", dijo Ruiz. 

(Lea también: ¿Qué hay detrás de la caída de un 58 % en las tutelas del año pasado?)

Además, Ruiz señaló que para "salvaguardar la seguridad nacional" se había establecido que las tutelas dirigidas a las actuaciones del Presidente así como políticas, programas o estrategias del gobierno nacional, autoridades, organismos, consejos, o entidades públicas relacionadas con la erradicación de cultivos ilícitos, serán repartidas para su conocimiento en primera instancia al Consejo de Estado.

Así mismo se establece que las tutelas contra autoridades judiciales deben ser conocidas por su superior jerárquico y, en ningún caso, un juez de menor jerarquía podría ejercer el control sobre uno de mayor escala.

Según el jefe de la cartera de justicia, estos cambios en "ningún momento restringen el acceso a la justicia, los ciudadanos siguen contando con la tutela para acudir a cualquier juez que, en caso de no ser el competente, tendrá la obligación de remitir el proceso a la corporación judicial que corresponda".

Lo preocupante es que sea el presidente de la República el que escoja su juez

Pero no todos están de acuerdo con esa consideración del ministro Ruiz. 

Desde el Observatorio Constitucional de la Universidad Libre consideraron como preocupante este decreto. Kenneth Burbano, su director, dijo: "lo preocupante es que sea el presidente de la República el que escoja su juez. Esto se puede interpretar como desconfianza hacia los jueces y magistrados de los municipios y departamentos o también como una medida para evitar decisiones judiciales que le han sido adversas, especialmente en fumigaciones y erradicación de cultivos ilícitos, justamente con jueces que conocen los problemas de cerca".

Añadió que el decreto no es coherente con lo que cita como su motivación porque "se refiere a la desconcentración de la justicia y a la vez concentra todas las tutelas contra el presidente en el Consejo de Estado, una corporación que está muy congestionada".

Del mismo modo, porque el decreto se refiere a todas las tutelas contra actuaciones del presidente, por ejemplo, derecho de petición no resuelto, la inconformidad de un ciudadano desempleado, el credo religioso del presidente, algo que para él "nada tiene que ver con la unidad nacional, su condición de Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Suprema autoridad administrativa".

(Más notas: ¿Se debe extender la eutanasia a pacientes no terminales?)

Por su lado, el Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda consideró que el poder Ejecutivo está ejerciendo facultades que le corresponden al Congreso al modificar estas reglas de reparto de las tutelas y que esto lo hace para "escoger el juez que se encargaría de juzgarlo y limitar la posibilidad de que los ciudadanos puedan exigir la protección de sus derechos fundamentales agredidos por las políticas del gobierno".

Añadieron que contrario a lo afirmado por el Ministerio de Justicia, este cambio afectará la desconcentración de la justicia  y que para la unificación de jurisprudencia, otro de los objetivos del gobierno con el decreto, ya hay mecanismos claros y expeditos.

La Corporación Viso Mutop cuestionó también si con este decreto el gobierno y en particular el Ministerio de Justicia está buscando "bloquear tutela que usan comunidades indígenas, campesinas y afros".

La organización Temblores criticó igualmente esta norma y dijo, en sus redes sociales: "El gobierno nacional no puede elegir a dedo quiénes serán sus jueces de tutela".

Por estas críticas se ha conocido que ya se estarían buscando formas para demandar el decreto y pedir su nulidad, algo que, precisamente, tendría que resolver el Consejo de Estado.

En Twitter: @JusticiaET
justicia@eltiempo.com

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