La Procuraduría General le pidió al Ministerio de Salud que haga las aclaraciones y precisiones necesarias para evitar errores en el Plan Nacional de Vacunación contra el covid-19.
En una carta enviada al ministro de salud Fernando Ruiz, la Procuraduría le hizo 12 observaciones sobre esa estrategia de vacunación, advirtiéndole que encontró potenciales fallas en su ejecución que "podrían poner en riesgo su cumplimiento, en detrimento de los derechos a la salud y la vida de los colombianos".
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Uno de los problemas que tiene el plan, aseguró la Procuraduría, es que no hay claridad sobre las entidades en las que recaerá la responsabilidad de cruzar los sistemas de información que van a servir de fuente para iniciar la vacunación. Tampoco está claro cuál será el tiempo que tardará ese análisis y cruce de información.
El Ministerio Público dijo que tampoco está claro si el Ministerio de Salud y Protección Social y las entidades territoriales tienen el personal suficiente para poner las vacunas en cada una de sus etapas y fases, ni si los territorios tienen los recursos suficientes para contratar a ese personal.
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La contratación de ese talento humano, dijo la Procuraduría, debe cumplir los perfiles y capacitaciones requeridas para poder hacer parte del proceso.
En el plan de vacunación la Procuraduría tampoco encontró que se hubiera establecido la duración de las jornadas, agendas y turnos en los que se pondrán las vacunas, ni cómo se garantizará la provisión de insumos y elementos de bioseguridad para el personal que realizará esta tarea.
Además, la Procuraduría afirma que se desconoce si el Gobierno ya definió cuál será la entidad que vigilará y garantizará la integridad de las vacunas, para lo que deberá estar pendiente de su transporte, su refrigeración, y el registro de dosis entregadas a cada entidad territorial, IPS, así como del número de dosis aplicadas a cada persona en los municipios y hospitales.
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Otra advertencia de la Procuraduría es que la estrategia del Ministerio de Salud no establece cuál será la ruta y logística bajo la cual se vacunará a población dispersa, a comunidades indígenas y las personas que viven en las poblaciones más apartadas.
De otro lado, para la Procuraduría es importante socializar esta estrategia de vacunación con anticipación y antes de que se inicie la primera fase. Así, aseguró, es importante que se comuniquen y expongan muy bien aspectos como la priorización por etapas, la gratuidad de la vacuna y la obligación que tienen las personas de notificar si tienen algún efecto adverso cuando se la apliquen.
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En ese sentido, el órgano de control dice que la estrategia del Gobierno no deja claro un cronograma de ejecución en donde se incluyan tiempos estimados, fases y etapas y las fechas en las que se recibirá, distribuirá y finalizará la aplicación de vacunas.
Finalmente, el último punto que preocupa a la Procuraduría es que no se están definiendo planes de contingencia para las regiones que tengan problemas de conectividad, lo que puede afectar su reporte oportuno de información sobre la vacuna.
REDACCIÓN JUSTICIA
