Lo que viene en defensa de Colombia tras intención de demanda de Uber

Lo que viene en defensa de Colombia tras intención de demanda de Uber

El director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado explicó las reuniones que se avecinan.

Uber

Tras la orden contra Uber que le obligaría a suspender operaciones en Colombia, demandantes inician procesos contra otras aplicaciones

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Ted Aljibe/ AFP

Por: Justicia
09 de enero 2020 , 01:47 p.m.

La demanda que la empresa Uber interpondrá contra el Estado colombiano “no podrá presentarse antes de seis meses”, explicó este jueves Camilo Gómez, director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, la entidad del Ministerio de Justicia encargada de representar al país en estos litigios.

Gómez confirmó que la solicitud de intención de demanda fue presentada por la empresa norteamericana el 30 de diciembre, y que con esta buscan activar el mecanismo de protección de inversiones que quedó consagrado en el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos y que, de no lograrlo, procederán a una demanda de inversión.

Según Gómez, Uber no desarrolló sus argumentos completos “por los cuales creen que Colombia está incumpliendo las obligaciones consagradas en el Tratado”. Sin embargo, sí explicó que esta intención de demandar al Estado abre una etapa de conversaciones que será dirigida por la Agencia a su cargo.

De las conversaciones también tendrán que participar el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Además, Gómez explicó que antes de emprender las conversaciones sostendrá reuniones con la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), la Superintendencia de Transporte y cualquier otra entidad que pueda estar involucrada en el proceso.

Uber

Los socios inscritos a la plataforma quedaron con la incertidumbre de cuál será el futuro de la empresa.

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Juan Barreto / AFP

Fue justamente la Superintendencia de Industria y Comercio la que en diciembre del 2019 ordenó suspender el servicio de Uber, plataforma tecnológica que conecta a usuarios y conductores para prestar servicio de transporte, y que en el país ha permanecido en un limbo jurídico frente a su legalidad. Los sectores de transporte tradicional, como los taxistas, alegan que es una empresa de transporte y que, como tal, está incumpliendo las normas para el gremio.

Gómez dijo que por ahora no entrará en el debate de si Uber tiene o no razón “porque precisamente eso lo que tendremos que desarrollar durante las conversaciones”.

Además, agregó que Colombia “ha sido y será siempre, en este Gobierno, defensor de todos los derechos de todas las empresas nacionales y extranjeras y hemos sido cumplidores de los tratados internacionales”.

También aseguró que en el país, cualquier inversionista “que quiere ser protegido, sobre todo y ante todo tiene que cumplir estrictamente las normas del país donde está haciendo la inversión” y que esa protección no implica cambiar normas ni favorecer a ninguna marca o empresa.

Según Uber, las decisiones en su contra han sido discriminatorias, pues hay otras plataformas de servicios similares en el país contra las cuales no se han ordenado las mismas medidas por parte de las instituciones.

“Yo confío en que la Superintendencia o cualquier otra entidad que ejerza jurisdicción como autoridad judicial tenga en cuenta todos los parámetros que deben manejarse para efectos de una decisión judicial”, aseguró Camilo Gómez.

Asimismo, el director de la entidad encargada de defender al Estado colombiano explicó que la intención de demanda no interrumpe ni suspende ninguno de los procesos en marcha en Colombia, es decir, no tiene peso de medidas cautelares ni reversa lo ordenado por la SIC.

En la actualidad, Colombia tiene en curso 12 casos de arbitraje de inversión, a los cuales se llega una vez se instaura la demanda.

JUSTICIA
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