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‘Ningún derecho a la protesta puede dañar el patrimonio cultural’

Camilo Gómez Alzare, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

Camilo Gómez Alzare, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

Foto:Agencia de Defensa Jurídica del Estado

Director de la Agencia de Defensa del Estado habló de billonarios ahorros por demandas ganadas.

Tras una ajetreada semana para el país, Camilo Gómez Alzate, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), habló sobre el panorama litigioso de la Nación, hizo algunas precisiones sobre la postura de Colombia frente al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y se refirió a los ahorros de más de 40 billones de pesos por demandas ganadas desde 2019.
Se conoció el informe de la CIDH sobre el paro y el Gobierno ha tenido críticas, ¿Colombia sigue convencida de que es necesario reformar algunos aspectos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos?
Es un tema que desde la Agencia he planteado, pero este no es un tema ocasionado por el informe, desde hace más de un año lo venimos diciendo. Hasta donde yo conozco, el Estado colombiano no se va a retirar del Sistema Interamericano, pero está con la obligación de manifestar sus preocupaciones.
En cuanto a la Corte Penal Internacional (CPI), ¿ha habido alguna noticia?
La Corte Penal recibió un informe de Colombia, destacó la participación de la JEP, la Fiscalía, el Consejo de Estado, la Justicia Penal Militar, la Corte Suprema, todos los órganos que tienen a su cargo la investigación, juzgamiento y sanción de conductas. La Corte expidió un comunicado recientemente, en el que reconoce el valor de la institucionalidad colombiana y la aplicación del principio de colaboración.
¿Cambia en algo la situación del país con el nuevo fiscal de la CPI?
Colombia tiene la observación preliminar más antigua de la CPI. Todo apuntaría a que esa observación preliminar debe terminar, y, a mi juicio, de manera favorable para Colombia, pues todo está operando. Se ha condenado y sancionado a los responsables, y a las víctimas se les ha reparado.
¿Cuál es el balance en los procesos internacionales de arbitraje?
En los casos en los que interviene la agencia entre 2019 y marzo de 2021, hemos ganado casos cuyo valor de pretensiones era 48 billones de pesos, y entre todas las entidades del Estado –la agencia no interviene en todos los casos–, hemos logrado ahorros por 71 billones.
En estos momentos, la agencia interviene en 669 procesos de las 333.547 demandas que tiene el país, pero esos 669 procesos valen el 64 por ciento de las pretensiones en todas las demandas, y hemos subido 10 puntos en la tasa de éxito. Además, cuando la agencia interviene, la tasa de éxito pasa del 52,5 al 89 por ciento, según cifras a 2021.
Este año, hemos ganado los casos más grandes que teníamos: Gas Natural Fenosa, América Móvil, los de Granahorrar. En esto son unos 2.860 millones de dólares que tenían en pretensiones, que son más de 12 billones de pesos que hemos ahorrado. Además de esos 12, hemos logrado recobrar otros 20.000 millones de pesos.
En casos pendientes está la nulidad de un caso de Glencore; estamos esperando la decisión. En Telefónica ya tuvimos audiencia, Eco Oro está totalmente debatido. Más los casos nuevos, como otro de Glencore, Red Eagle, los de Cerrejón; el caso Seda, que es Meritage; Foster Wheeler, que es lo de Reficar, y South 32, que es Cerro Matoso.
Habló del aumento en la tasa de éxito, ¿y qué hay de los casos que perdemos?
A partir del análisis de 14.000 sentencias en el Consejo de Estado, miramos cuál es la relación entre condena y pretensión económica en los casos perdidos. Hemos encontrado que hay casos de impuestos, por ejemplo, en los que siempre que perdemos, nos condenan a mucho; pero en otros perdemos, pero nos condenan a poco. Hemos logrado en los últimos 3 años ganar más casos, y que cuando no ganamos, nos condenen a menos.
A propósito de disturbios en el paro en los que se ha afectado el patrimonio público, ¿se ha pensado tomar alguna acción?
La Agencia está a punto de expedir un lineamiento sobre protección del patrimonio cultural. Los bienes culturales tienen una protección especial en la Constitución, ningún derecho a la protesta puede dañar el patrimonio cultural. Vamos a dictar unos lineamientos para evitar más daños y, si es del caso, que se presenten demandas; quienes hacen esos daños no solo cometen un delito, también un daño patrimonial.
¿Qué ha pasado con el edificio Aquarela, en Cartagena?
Hace 15 días se firmó el convenio entre la Alcaldía, el Ministerio de Cultura y la Unidad para la Gestión de Riesgos. Estamos avanzando en el tema de la consultoría, que determinará la forma de proteger el castillo (San Felipe de Barajas) cuando se haga la demolición del edificio.

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