La implementación del acuerdo de paz se hizo más lenta en el 2019

La implementación del acuerdo de paz se hizo más lenta en el 2019

24 % no se ha iniciado y 25 % ya se completó. Así lo señala el cuarto informe del Instituto Kroc.

Reforma rural integral

La reforma rural integral es el punto más rezagado en cuanto a implementación del acuerdo de paz.

Foto:

Juan Pablo Rueda Bustamante / Archivo EL TIEMPO

Por: Juan David López Morales
16 de junio 2020 , 07:57 p.m.

Hasta noviembre del 2019, más de la mitad del Acuerdo de Paz estaba en su fase inicial de implementación, o no se había comenzado a poner en marcha. Un 40 por ciento tenía un avance intermedio o ya se había completado.

En detalle, un 25 por ciento se había completado, un 15 por ciento estaba en avance intermedio, mientras que un 36 por ciento tenía un avance mínimo y el 24 por ciento restante no se había comenzado a implementar, a tres años de la firma del Acuerdo.

A esta conclusión llega el cuarto y más reciente informe de implementación hecho por el Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz, de la Universidad de Notre Dame, comisionado por las partes en el proceso de paz para hacerle seguimiento a la puesta en marcha del acuerdo final entre el Gobierno y las Farc, y presentado este martes.

De acuerdo con el análisis del Instituto Kroc, entre diciembre del 2018 y noviembre del 2019 la implementación del acuerdo avanzó un 6 por ciento, “lo cual es menor que en años anteriores”. Esto significa que en un año se pasó de un 68 por ciento de disposiciones en implementación a un 74 por ciento.

Según explica el informe ‘Tres años después de la firma del Acuerdo Final de Colombia: hacia la transformación territorial’, esto obedece a que la implementación entró en un momento de transición.

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De acuerdo con Daniel Cano, coordinador de relacionamiento político del Instituto Kroc, el acuerdo de paz entró a un momento en el que es clave cómo se hace realidad lo acordado en los territorios del país.

Si bien en los primeros dos años se implementaron las medidas más urgentes para estabilizar el proceso de paz, relacionadas en su mayoría con la seguridad y con el desarme de la antigua guerrilla de las Farc, en este momento se trata de la implementación de reformas más profundas que, por lo tanto, requieren más tiempo para llevarse a cabo.

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Según el informe, “con los compromisos de corto plazo finalizados en su mayoría, en el 2019 la dinámica de la implementación transitó hacia disposiciones de mediano y largo plazo que se enfocan especialmente en los territorios más afectados por el conflicto armado”.

El análisis del Instituto Kroc concluye que el proceso de implementación “está entrando en una nueva fase territorial en la que se debe construir sobre los logros anteriores y transformar las zonas más afectadas por la violencia; un gran reto necesario para la construcción de una paz estable y duradera”.

Además, concluye que en el tercer año de puesta en marcha de lo acordado, “la priorización realizada por el Gobierno permitió avances importantes en algunos temas. No obstante, ese progreso no siempre ha ido en línea con la integralidad del Acuerdo”. Esa integralidad está en que las medidas de seguridad están interrelacionadas con las reformas sociales.

La implementación transitó hacia disposiciones de mediano y largo plazo que se enfocan especialmente en los territorios más afectados por el conflicto

De acuerdo con el Plan Marco de Implementación, los compromisos de corto plazo abarcaban entre 2017 y 2019, los de mediano plazo entre 2020 y 2022 y los de largo plazo desde 2023 hasta 2031. “Se presentaron avances durante el tercer año de implementación, incluso de aquellos indicadores cuyo cumplimiento está programado para el mediano y largo plazo”, dice el Informe.

Además, señala que de los objetivos de mediano plazo, en los cuales ya debe estar la implementación, la mitad pueden terminarse a tiempo, pero la otra mitad corre riesgo de no lograrse “a menos de que se acelere el ritmo de implementación actual”.

Los enfoques étnico y de género, transversales al acuerdo, siguen teniendo una implementación más lenta que la del acuerdo en general. “Esto se explica parcialmente por la falta de la incorporación de estos enfoques en normas, planes y programas creados por éste”, explica el informe de implementación. La mayoría de disposiciones de género son de mediano y largo plazo.

El avance, punto por punto

El cuarto informe del Instituto Kroc puntualiza el estado de la implementación en cada uno de los seis puntos del Acuerdo de La Habana, firmado en noviembre del 2016 en el teatro Colón.

El primer punto, referido a la reforma rural integral, presenta avances en la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet) y de catastro multipropósito, incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno del presidente de la República Iván Duque.

El resto, “especialmente las disposiciones relacionadas con los Planes Nacionales para mejorar la provisión de servicios en el campo” tuvieron pocos avances en el último año. Van cinco aprobados y faltan 11, pese a que debían estar aprobados para el 2018, señaló Cano. Además, no se ha iniciado la adjudicación de hectáreas de tierra, que es una de las partes más complejas del acuerdo.

En términos cuantitativos, de este punto solo el 4 por ciento de disposiciones están implementadas completamente, el 8 por ciento está en estado intermedio, el 56 por ciento está en estado mínimo y sin iniciar el 33 por ciento.

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En el punto de participación política, el segundo del Acuerdo, hubo pocos avances. Principalmente, señala el informe, hay disposiciones que se debieron aprobar en los primeros años de implementación y que siguen en veremos, como las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, la reforma política y los ajustes normativos para garantizar la movilización y protesta pacífica.

El 12 por ciento de disposiciones del punto 2 está completo, el 14 por ciento en estado intermedio, el 35 por ciento en implementación mínima y sin iniciar el 39 por ciento. Daniel Cano señala que este punto podría estar más avanzado, dado que no requiere de grandes esfuerzos financieros. Si bien se avanzó en aspectos técnicos, no sucedió lo mismo frente a los aspectos estructurales “para la reforma democrática”, puntualizó Cano.

Uno de los puntos más avanzados es el tercero, de fin del conflicto. Se dieron rápidos avances en reincorporación socioeconómica “gracias al compromiso de los y las excombatientes, el Gobierno y la comunidad internacional”, puntualiza el informe.

Hasta finales de 2019 se entregó una renta básica a los exguerrilleros. Sin embargo, los proyectos productivos que permitirán la sostenibilidad de estos solo incluían hasta entonces a 3.150 excombatientes, el 24 por ciento del total.

“Adicionalmente se avanzó poco en encontrar soluciones permanentes para los espacios de reincorporación cuyos contratos de arrendamiento se vencieron en agosto del 2019. Esto resalta la importancia del acceso a tierras y la sostenibilidad de las iniciativas y proyectos productivos”, dice el estudio.

Los proyectos productivos de las FARC, estancados por coronavirus

Los proyectos productivos involucran a 3.150 excombatientes.

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@ManifiestaCol

Sin duda, el lunar más preocupante en este punto son los 77 asesinatos ocurridos en 2019, el año más violento contra los firmantes del Acuerdo. Por ello, el Informe recomienda ampliar las garantías de seguridad, por ejemplo, fortaleciendo el mandato de “desmantelamiento” que tiene la Unidad Especial para el Desmantelamiento de Organizaciones Criminales, creada en la Fiscalía, y descentralizando la labor de estabilización de la paz, que se concentra en los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, debido a que cerca del 90 por ciento de excombatientes ya no están en estas zonas.

Este punto tiene el 46 por ciento de sus disposiciones implementadas por completo, el segundo porcentaje más alto en este aspecto, después del punto seis. Otro 16 por ciento está en estado intermedio, 21 por ciento en estado mínimo y 16 por ciento sin iniciarse.

En contraste, el punto 4, referido a la solución al problema de drogas ilícitas, muestra un avance menor. Solo el 5 por ciento está completado, mientras en nivel intermedio está el 27 %, en nivel mínimo el 42 por ciento y sin iniciar el 26 por ciento restante.
El informe señala que el Programa Nacional Integral para la Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) “presentó atrasos durante la primera mitad del periodo de estudio. Aunque después de abril del 2019 se lograron algunos avances en cuanto a proyectos de seguridad alimentaria, por ejemplo, no fueron suficientes para reconstruir la confianza perdida por los retrasos”.

Otro elemento preocupante en este punto es el asesinato de integrantes del PNIS y líderes y lideresas de sustitución de cultivos. Además, señala el informe que la participación de la sociedad civil en las “reformas generales a la política antidrogas” fue limitada en 2019.

El quinto punto del acuerdo, el de víctimas, fue uno de los que tuvo mayores avances, principalmente porque las entidades del sistema de justicia transicional, es decir, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD) estaban operando bajo sus respectivos mandatos.

Sin embargo, el componente administrativo no mostró el mismo avance. “Los procesos de reparación colectiva avanzaron poco y es importante que se priorice su implementación”, recomienda el Instituto Kroc.

El estado de la implementación señala que 21 por ciento de este punto está completo, 12 por ciento en estado intermedio, 38 por ciento en estado mínimo y sin iniciarse el 29 por ciento.

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Los procesos de reparación colectiva avanzaron poco y es importante que se priorice su implementación

Finalmente, el punto que muestra mayor avance en disposiciones completamente implementadas es el sexto. Este es el punto de implementación, verificación y refrendación de los acuerdos.

En 2019 los avances fueron mínimos porque, según explica el informe, la mayoría ya se habían implementado en los dos primeros años. Sin embargo, señala que en 2019 el Gobierno y las Farc no lograron acuerdos sobre temas importantes de agenda legislativa para los excombatientes y sus familias.

En términos cuantitativos, la implementación de este punto está completa en 54 por ciento de sus disposiciones. En estado intermedio está el 13 por ciento, en estado mínimo el 19 por ciento y sin iniciarse el 14 por ciento.

Este balance, además de ser público, es enviado por el Instituto Kroc al Componente Internacional de Verificación y a la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la Implementación del Acuerdo (Csivi), por mandato del acuerdo de paz.

JUAN DAVID LÓPEZ MORALES
Redactor de Justicia
Twitter: @JusticiaET / @LopezJuanDa
Justicia@eltiempo.com

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