Al considerar que se le vulneraron sus derechos al debido proceso y a la legitima defensa, Andrea Cortés Guarín instauró una tutela contra la Policía por el fallo que la destituyó y la inhabilitó para ejercer cargos públicos por 11 años.
La decisión de la Policía se conoció el 5 de octubre dentro del proceso disciplinario que se adelantó contra la entonces patrullera por el hurto de una crema para los ojos.
Cortés, de 27 años, aseguró en su momento que era inocente y que la decisión en su contra era por ser integrante de la comunidad trans.
Andrea ha señalado a sus cercanos que ella nunca tuvo la intención de llevarse la crema sin pagar, que jamás lo habría hecho, porque "no es una ladrona y que su función es salvaguardar y velar por los derechos de los ciudadanos".
Andrea nació en Bucaramanga, Santander, y al terminar la secundaria en 2012 prestó su servicio militar en la Policía y de allí nació su interés por ingresar a la institución.
Vale la pena recordar que Andrea fue notificada el 19 de octubre del fallo de tutela a su favor por parte del juzgado 16 Administrativo del circuito judicial de Bogotá, en el que se protegieron sus derechos a la salud, vida, identidad sexual y de género.
La uniformada pidió en la tutela que se ordene que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo "se realicen los trámites administrativos para que se haga efectiva la cirugía de cambio de sexo y demás procedimientos médicos necesarios para lograr su transformación y transición".
El juzgado informó de la decisión al Ministerio de la Defensa y la Policía Nacional, ante quien Cortés había solicitado desde hace dos años el cumplimiento del procedimiento,
