'No se puede correr el riesgo de hacer algo ilegal': William Dau

'No se puede correr el riesgo de hacer algo ilegal': William Dau

Alcalde de Cartagena habló sobre por qué no se ha demolido el edificio Aquarela.

Edificio Aquarela, de Cartagena, hizo una torre de 32 pisos que debía ser de máximo seis.

Edificio Aquarela, de Cartagena, hizo una torre de 32 pisos que debía ser de máximo seis.

Foto:

Yomaira Grandett. Archivo EL TIEMPO

Por: María Isabel Ortiz Fonnegra
12 de julio 2020 , 09:05 p.m.

El edificio Aquarela, en Cartagena, que invade espacio público y pone en riesgo su declaración como patrimonio mundial, sigue siendo tema de debate y ha suscitado en los últimos días roces entre el alcalde de la ciudad, William Dau Chamatt, el Ministerio de Cultura y la Procuraduría.

Estos dos últimos han dicho que el edificio ‘inexorablemente’ debe ser demolido, pero Dau argumenta que para ello necesita una orden judicial y no “órdenes verbales sin validez jurídica”. En entrevista con EL TIEMPO, el alcalde explicó por qué el edificio no ha sido demolido y las alternativas que se exploran.

¿Cuál es su posición: demoler o no?

Desde mi campaña y después de asumir la alcaldía he tenido la firme intención de demolerlo siempre y cuando sea con una orden judicial, con todas las de la ley; eso es lo que estoy pidiendo. El hecho de que el Procurador me haya dado una orden verbal por medio de declaraciones en medios de comunicación no tienen ninguna validez jurídica. Una vez un juez me ordene que tumbe el edificio, así lo haré.

Desde octubre de 2018 la Inspección de Policía dio una orden de restituir 619 metros de espacio en dos meses y, si no se cumplía, la Alcaldía debía recuperar el espacio con demolición, ¿esa no es una orden válida?

Lo que dijo la Inspección de Policía no decía demoler, decía restituir el espacio público. Los constructores dijeron que no había necesidad de demoler, sino que pueden cortar el pedazo que sobra, pero ingenieros me han dicho que eso no se puede, necesitamos primero determinar si es factible o no. Pero no podemos correr el riesgo de hacer algo ilegal si después llegan demandas de parte de los constructores, le toca a la Alcaldía y a los cartageneros sacar dinero para indemnizar y eso no puede ser. Si a mí me ordena que lo tumbe la Procuraduría y el Ministerio de Cultura, que ellos también se hagan solidariamente responsables de las consecuencias.

La resolución de la inspectora de Policía de 2018 sí menciona la demolición como medida correctiva tras dos meses de incumplimiento...

Es que cuando habla de la medida de demolición habla del espacio ocupado, no necesariamente del edificio. La Secretaría de Infraestructura es la que puede determinar si ese espacio público ocupado corresponde a una gran porción de la edificación o no, es un tema técnico que hay que entrar a estudiar y solo se puede hacer cuando la constructora se niegue a restituir el espacio público. El espacio público ocupado realmente es de 6 metros, lo que se sobresale en el terreno, pero son 600 metros al multiplicarlo por los 30 pisos que creo que tiene.

¿No se deben leer los dos meses que dio la orden del 2018 como tiempo calendario?

La constructora todavía no se encuentra en renuencia de cumplir la orden. Lo que sucedió fue que dentro de la acción popular se suspendieron las obras, por lo que el constructor solicitó al juez que, para poder hacer la restitución, levantara temporalmente la medida cautelar y le permitiera intervenir el edificio, solo hasta noviembre del año pasado el juez permitió intervenir la obra, y los constructores solicitaron la modificación de la licencia. De todas maneras, yo me reuní este viernes con el secretario de Infraestructura, del Interior y el inspector de Policía y les pedí que en tres días me envíen un informe actualizado sobre el estado de cumplimiento de esa orden de restitución, así como información sobre las gestiones que han realizado en este tema.

¿Hay alguna acción que estén adelantando para que se pueda llegar a la demolición?

Nosotros somos la parte demandada en una acción que interpuso el Ministerio de Cultura, dentro de ese proceso se aportó recientemente el concepto de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, nos dieron traslado a finales de mayo y nosotros respondimos hace como una semana más o menos, a través de la Secretaría de Infraestructura, sobre las condiciones técnicas del informe.

En total hay 6 procesos sobre el edificio Aquarela, ¿cuáles son?

Cursa una acción de nulidad, por las licencias otorgadas; una acción popular del Ministerio de Cultura, que busca la protección del patrimonio público; una acción penal contra los constructores y el curador, el proceso policivo; una reparación directa que ha presentado la constructora, que está demandando al ministerio, y otra acción de nulidad de la constructora en contra de la medida del proceso policivo.

¿Legalmente a quién le corresponde la demolición del edificio?

Le correspondería al constructor, que es el obligado. Si el constructor no lo hace, entonces el distrito tendría que hacerlo subsidiariamente.

El hecho de que el Procurador me haya dado una orden verbal por medio de declaraciones en medios de comunicación no tienen ninguna validez jurídica.

¿Cree que se expone a sanciones disciplinarias al ignorar los requerimientos de la Procuraduría y las órdenes de la Inspección de Policía?

Sé que estoy corriendo riesgo defendiendo la ciudad de Cartagena, es un cargo muy difícil con tantas fuerzas politiqueras enfrentándome y tratando de tumbarme. No entiendo por qué la Procuraduría se ensaña con el alcalde de Cartagena actual y nunca tomó una decisión con el alcalde anterior. Me parece extraño que sin haber sancionado a ninguna de las personas que participaron en las licencias pretenden sancionarme, destituirme o inhabilitarme sin siquiera haber resuelto eso. Eso me causa demasiada suspicacia en cuanto al actuar y la objetividad de la Procuraduría General.

Hace menos de un mes hubo una reunión con la Unidad de Gestión de Riesgo y les dijeron que Aquarela era un riesgo, ¿usted piensa que no es un riesgo?

No es porque sea o no un riesgo inminente, es que estamos esperando una orden para tumbarlo.

Frente al libro blanco, ¿cuántas presuntas irregularidades han encontrado?

Nosotros nada más estamos sacando los principales hallazgos, el libro blanco completo tiene mucho más, será posteriormente presentado como paquete a las autoridades, es un documento de 250 páginas. Aunque muchas de estas denuncias ya habían sido presentadas antes.

¿Cuáles son los nuevos hallazgos en la segunda entrega del libro?

De lo más bravo son las presuntas las relaciones de funcionarios de la alcaldía con empresas de servicios públicos. Había funcionarios que trabajaban en la oficina que maneja este tema y tenían que defender los intereses del Distrito ante las empresas de servicios públicos, pero esas mismas personas eran contratistas de las empresas mediante empresas fachadas.

Otro caso es de la oficina jurídica, a nosotros nos metían demandas solicitando embargos, hubo un caso de una demanda para pagar 7 mil millones y nos hicieron un embargo por 11 mil millones, en el proceso se llegó a una conciliación por 7 mil millones, pero los otros 4 mil millones el secretario jurídico, en vez decirle al juez que devolviera el remanente a la Alcaldía, le dijo que repartiera esos 4 mil millones en las cuentas personales de dos abogados. Este caso ya lo denunciamos en la Fiscalía.

MARÍA ISABEL ORTIZ FONNEGRA
REDACCIÓN JUSTICA.
En Twitter: @JusticiaET

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