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Abuso policial: las 5 preocupaciones sobre decreto de uso de la fuerza
Esmad patada

En varias protestas se han registrado graves casos de abuso policial contra los manifestantes.

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Héctor Fabio Zamora. EL TIEMPO

Abuso policial: las 5 preocupaciones sobre decreto de uso de la fuerza

Reconocidas organizaciones expresaron sus reparos sobre norma que reglamenta el accionar policial.

Tras la expedición del Decreto 003 del 2021, que reglamenta el uso de la Fuerza Pública en las manifestaciones sociales, varias organizaciones expresaron su preocupación. Según señalan, es posible que, en la práctica, la nueva norma no conduzca a modificar las actuaciones de los uniformados. 

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A través de un comunicado, estos colectivos –algunos de los cuales son apoderados de víctimas de violencia policial en el marco del Paro Nacional de 2019–, pusieron de relieve cinco aspectos claves que rechazan del Decreto, expedido el pasado 5 de enero.

La norma fue emitida en respuesta a un fallo de la Corte Suprema de Justicia  que le ordenó al presidente Iván Duque convocar una mesa de trabajo para reestructurar las directrices sobre uso de la fuerza en manifestaciones y expedir un “Estatuto de Uso, Reacción y Verificación de la Fuerza”.

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Entre el 14 de octubre y el 28 de diciembre de 2020, las organizaciones firmantes del documento hicieron parte de dicha  mesa de trabajo.

Sin embargo, señalan que algunos puntos relevantes expresados no fueron tenidos en cuenta "para una adecuada y efectiva reglamentación que limite la actuación policial en su labor de atención a manifestaciones públicas, en procura de una garantía real del derecho fundamental a la protesta social y de la protección a la vida, la integridad personal, la libertad de expresión y el debido proceso en el marco del ejercicio de este derecho". 

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Vemos con preocupación que esta nueva reglamentación sea una declaración de principios que no modifica sustancialmente ningún aspecto de la actuación de la Policía

Las cinco preocupaciones

1) En primer lugar, los accionantes rechazaron que el Gobierno nacional, a lo largo de las discusiones de la mesa de trabajo, "desestimara de plano cualquier posibilidad de que se revisaran las directrices vigentes con fines de reestructuración, como lo ordenó la Corte Suprema de Justicia".

A su juicio, estas directrices resultan "insuficientes y permisivas para el abuso de la fuerza por parte de la fuerza pública, tales como las Resoluciones 2903 y 3002 de 2017, expedidas por el Director General de la Policía Nacional y que establecen pautas generales sobre uso de armas de letalidad reducida y sobre la atención en manifestaciones, respectivamente".

Según señalan, estas reglamentaciones, que configuran el marco operacional que posibilitó la brutalidad policial durante el Paro Nacional de 2019 y durante las movilizaciones de 2020, no fueron cuestionadas ni revisadas bajo la negativa férrea del Gobierno.

Esto, aseguran las organizaciones, "resulta ser una grave actitud de invisibilización de los hechos de violencia evidenciados por la Corte Suprema de Justicia, que dan cuenta de una intervención sistemática, arbitraria y violenta de la fuerza pública sobre la manifestación pública y pacífica".

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2) De igual forma, rechazaron "que el Gobierno no admitiera la posibilidad de redefinir algunos elementos de importancia para una adecuada prevención de actuaciones arbitrarias por parte de la Policía en atención a manifestaciones".

Con esto, se refieren a la posibilidad de que la ciudadanía y organismos externos a la Policía revisen las fichas académicas que sirven para la formación y capacitación de los funcionarios de policía, así como la posibilidad de que organizaciones de la sociedad civil tengan participación en los Puestos de Mando Unificado para coordinar la actuación institucional para la conservación del orden público en las manifestaciones sociales.

3) Otros de los puntos que resaltan es que "en la mesa de trabajo no se llegó a un consenso sobre la necesidad de una regulación clara, estricta y restrictiva del papel de las Fuerzas Militares de manera previa y posterior al desarrollo de manifestaciones".

4) Asímismo, de acuerdo con los colectivos, en la mesa de trabajo encontraros obstáculos para la inclusión del respeto a la misión periodística, y a la labor de documentación en los casos específicos donde se presentan focos de violencia.

"Si bien quedó incluida una disposición de respeto transversal en las acciones previas, no hubo consenso por parte del Gobierno nacional en la inclusión de este deber de respeto en el artículo de los focos de violencia, a pesar de haber advertido que en este escenario concreto es donde se materializan gran parte de las agresiones a la prensa en las manifestaciones", dice el documento.

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5) Por último, las organizaciones rechazaron "que el Gobierno Nacional se opusiera a la inclusión de criterios ciertos, claros y completos para limitar la aplicación de capturas, traslados por protección y traslados para procedimiento policivo durante el desarrollo de manifestaciones y la posibilidad de que las organizaciones de derechos humanos podamos ejercer una labor de verificación de la integridad personal de las personas sujetas a estas medidas".

Por todo lo anterior, las organizaciones señalaron: "Vemos con preocupación que esta nueva reglamentación sea una declaración de principios que en lo operativo no modifica sustancialmente ningún aspecto de la actuación de la Policía Nacional en manifestaciones, la cual a lo largo del 2020 continuó siendo arbitraria y desproporcionada".

Asimismo, calificaron la actitud del Gobierno como una "grave cortapisa a la efectividad del derecho a la participación de las personas y organizaciones que acudieron a la mesa de trabajo".

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Las organizaciones que emitieron el comunicado conjunto son el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Ccajar), la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), el 
Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), Dejusticia, la Asociación Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, laFundación para la Libertad de Prensa (Flip) y Humanidad Vigente.


JUSTICIA
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