¿Por qué los abogados defensores públicos salieron a paro este martes?

¿Por qué los abogados defensores públicos salieron a paro este martes?

Reclaman condiciones salariales y laborales que les permitan hacer su trabajo con igualdad.

Complejo Judicial de Paloquemao

Complejo judicial de paloquemao cerrado por manifestaciones. Archivo.

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Prensa

Por: Justicia
28 de enero 2020 , 11:04 a.m.

“Un día sin audiencias” es la protesta que adelantan hoy en el país los defensores públicos reunidos en la organización sindical Asdep –Asociación Nacional de Servidores Públicos de la Defensoría del Pueblo–, quienes salieron a paro reclamando mejores condiciones para ejercer su trabajo.

Ellos son quienes se encargan de asumir la defensa técnica en un proceso penal cuando el procesado no cuenta con los medios para pagar un abogado privado.

Frente a los juzgados del complejo judicial de Paloquemao, varios abogados se reunieron para protestar. Martha Cecilia Reina, presidenta de Asdep, explicó que entre las razones de su manifestación está la nivelación salarial, pues mientras un juez municipal o un fiscal se gana alrededor de 10 millones de pesos "con todas las prestaciones", un defensor público devenga 4'200.000 pesos por prestación de servicios, lo cual no incluye gastos adicionales.

Aseguró que a la fecha a algunos defensores públicos, entre 100 y 300, no se les han cancelado los honorarios de diciembre. 

Reina mostró una carta dirigida al presidente Duque y al defensor del Pueblo Carlos Negret, con fecha de hoy, en la que se establecen cinco peticiones:

Nivelación de salarios y honorarios para todos los servidores del sistema nacional de defensa pública, incluyendo defensores, coordinadores, auxiliares o investigadores; elección por méritos del Defensor del Pueblo -actualmente se elige por la Cámara de Representantes de una terna del Presidente de la República-; igualdad en "armas para la defensa pública", lo que implica "sedes dignas, fortalecimiento del grupo de investigación criminal de la defensoría pública, autonomía administrativa, financiera y funcional del sistema nacional de defensoría pública"; el restablecimiento de planes y programas de capacitación y el respeto al derecho preferencial al encargo.

El sindicato Asonal Judicial, que reúne a los trabajadores del sistema judicial colombiano, se solidarizó con los defensores públicos.

“Como un sistema de partes, el proceso penal se basa en la presencia de tres actores fundamentales: el juez, la Fiscalía y la Defensa Técnica, que en este último caso y para cerca del 80 % de los indiciados, está siendo atendida por los Defensores Públicos en el país”, dice el comunicado firmado por Luis Fernando Otálvaro Calle, presidente.

Son cerca de 3.600 los defensores públicos en el país. Según las demandas de la protesta de este martes, que se tomó las afueras de los juzgados de Paloquemao, estos no cuentan con las condiciones para enfrentar en igualdad un proceso judicial, tanto por las condiciones salariales como por la alta carga laboral.

“La falta de personal y la excesiva carga laboral de los Defensores Públicos aunado a sus precarias condiciones laborales y salariales, exigen del movimiento sindical y la ciudadanía respaldar su movilización en aras de lograr el buen funcionamiento del sistema penal colombiano, descongestionar los despachos judiciales y evitar el colapso a que está siendo avocado el sistema acusatorio penal”, agregó Asonal Judicial.

Asimismo, hace un llamado al Ministerio de Justicia y el Defensor del Pueblo “para que asuman de manera directa la ampliación de planta de los Defensores Públicos en todo el país, la vinculación directa a la entidad, el incremento de sus salarios para la adecuada prestación del servicio”.

El Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, presidido por el abogado Francisco Bernate Ochoa, también se solidarizó con la jornada de protestas por “la situación que están atravesando los defensores públicos, la alta carga laboral, ingresos inferiores a los percibidos por los demás actores del Sistema Penal y demora en el pago de sus honorarios”, que ponen en riesgo “la prestación del servicio público de la justicia”.

Bernate asegura que al tener el 80 % de los procesos penales del país, “resulta vital que los profesionales que la ejercen, tengan condiciones dignas, equiparables con las de jueces, procuradores y fiscales, que garanticen su mínimo vital, el de sus familias y la posibilidad de prestar un servicio de calidad a la población necesitada”.

Y según el abogado Ricardo Calvete, de la firma Calvete y Abogados, los defensores públicos atraviesan una situación “inaceptable e insostenible” con problemas estructurales que no están en manos de la Defensoría del Pueblo, sino que requieren “una reforma integral y el compromiso de los partidos políticos para sacarla adelante”.

Dice que los defensores públicos deben ser funcionarios con dedicación exclusiva y condiciones laborales similares a las de jueces, fiscales y procuradores, que suelen ser sus contrapartes en los procesos judiciales. Algunos congresistas, como la senadora Angélica Lozano, se han mostrado interesados en discutir estas propuestas.

JUSTICIA
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