Fusiles, explosivos y hasta minas antipersonales hicieron parte del largo inventario de armas de guerra empleadas por los diferentes actores en el marco del conflicto armado colombiano. Pero a la par de este arsenal, los cuerpos de más de 15.000 personas, en su gran mayoría mujeres (9 de cada 10 según registros oficiales), también fueron utilizados para desafiar, amenazar y lograr fines individuales o colectivos a través de la violencia sexual.

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A esta conclusión llegó la Comisión de la Verdad, mediante relatos de víctimas que describen cómo los grupos armados, en la disputa por el control del territorio, se adueñaron de su integridad, sometiéndose a un ciclo de maltratos con consecuencias atroces y secuelas irreparables.

"Identificamos que las violencias sexuales dentro del conflicto no fueron hechos aislados. Responden a un patrón, puesto que hubo recurrencias en términos de tiempos, comunidades y responsables", asegura Salomé Gómez Corrales, coordinadora del Grupo de Trabajo de Género de esta entidad.

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Aunque la violación es el delito más conocido, según la Comisión, durante la guerra se cometieron al rededor de quince tipos de agresiones de connotación sexual y reproductiva que iban desde el acoso hasta el aborto forzado, la mutilación genital y la esclavitud.

Muchas de estas tipicidades eran ejecutadas en serie y respondían a las dinámicas de los enfrentamientos entre el Estado y la subversión o entre los mismos grupos armados. La característica en común era la posesión de los cuerpos de las niñas y mujeres como escenario de disputa.

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"Las violencias sexuales fueron funcionales dentro de las estrategias militares y le permitía a un grupo tener ventajas sobre otro. Incluso, gran porcentaje de los delitos fueron cometidos a modo de mensaje y no en contra de la persona que los sufría", señala Gómez.

La funcionaria detalla que en ocasiones los abusos sucedían delante de familiares para generar presión psicológica o como una forma de recado: “ahí le dejo a su hermana, esposa, hija violada para que se vayan del pueblo o por colaborar con el enemigo", describe. También se usaron para castigar, acallar, disciplinar y romper lazos comunitarios. En resumen, concluye, fue una herramienta de sometimiento.

El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) estima que 15.760 personas han padecido estos vejámenes dentro del conflicto entre 1959 y 2020; el 92,6 por ciento ha sido mujeres, y de ellas, el 30,8% corresponde a niñas y adolescentes. No obstante, las víctimas aseguran que existe un subregistro por el silencio que acompaña este tipo de delitos y algunos colectivos consideran que el total podría duplicarse.

Los estatutos de la antigua guerrilla de las Farc dictaban explícitamente que la violencia sexual hacia las combatientes es una falta grave dentro de la organización, sancionable en el Consejo de guerra. No obstante, la Comisión registró víctimas de estos delitos en sus filas y fuera de ellas. Un gran número eran menores de edad.

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"Por las condiciones de la guerra, las mujeres no podían tener hijos ya que el embarazo y el posparto son etapas en las que física y mentalmente están muy vulnerables. Era muy común que las obligaran a planificar, abortar y a esterilizarse, siendo este un atropello a sus derechos y a sus libertades", puntualiza la coordinadora del Grupo de Trabajo de Género.

También se encontraron casos de violaciones, esclavitud sexual y una estrecha relación entre el reclutamiento de las niñas y la predisposición a sufrir alguno de estos crímenes.

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Tal es el caso de una excombatiente de las Farc, reclutada cuando tenía 14 años en una vereda de las zonas de conflicto. Desde que ingresó a las filas y pese a su corta edad, fue obligada a tomar anticonceptivos. Y cuando quedó embarazada, producto de una relación consentida, le practicaron un aborto forzadamente.

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Las píldoras abortivas no funcionaron y le hicieron una cesárea improvisada. Por las precarias condiciones del campamento, el procedimiento tuvo consecuencias a nivel de salud para la excombatiente, quien, desde que se desmovilizó, ha debido someterse a cirugías y tratamientos médicos para tratar las secuelas.

"Cuando me desperté de la anestesia no podía ni mover los brazos. Era como si me hubieran dado una golpiza. Sentía mucho dolor físico y emocional, pues no quería perder a mi bebé", relata con tristeza la mujer. "Yo esperaba que ellos (las Farc) al menos me dijeran: cometimos un error. Pero hicieron lo contrario, me dijeron que la culpable fui yo por dejarme embarazar", sigue.

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Por su parte, Yolanda Perea, actual vocera de la Mesa Nacional de Víctimas, no estaba vinculada a ningún grupo armado cuando un miembro de las Farc irrumpió en su finca, en la vereda La Pava del municipio de Riosucio (Chocó) y la violó. Tenía 11 años.

Pese a las amenazas de su agresor, decidió contarle a su madre, Maria Ricardina Perea, quien puso la queja ante el comandante del frente. Meses después, un grupo de guerrilleros tomó represalias por su denuncia y la fusiló. Posterior a los hechos, toda la familia se vio obligada a abandonar el territorio.

"En cuanto a las violencias sexuales ‘extrafilas’, las Farc temían que se conocieran sus crímenes. Por eso, casi siempre, el abuso desencadenaba amenazas, desplazamientos y homicidios de la misma víctima o de testigos, como el caso de mi madre", comenta la líder social.

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Historias como las de las dos mujeres mencionadas se repiten en miles de excombatientes, campesinas, afrodescendientes e indígenas, y señalan una ruta de sistematicidad de delitos de carácter sexual, vinculados con el hecho de ser mujer y estar expuesta a la guerra.

En efecto, de acuerdo a las cifras del CNMH, 87,36 % de las víctimas pertenecían a comunidades negras y 12,64 % a minorías étnicas. Un patrón que señala la Comisión de la Verdad como eje central de este capítulo y del que no es ajena la fuerza pública como actor del conflicto.

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En junio de 2020, el país se consternó con la noticia de la violación de una niña emberá chamí por ocho miembros del ejército, en zona rural de Pueblo Rico (Risaralda). Como este caso, se registran centenares de relatos que vinculan —aunque en una menor proporción— al Estado como perpetrador de delitos de violencia sexual en el contexto de la guerra.

Los principales actores de estos crímenes, según el Observatorio de Memoria y Conflicto, fueron los paramilitares, a quienes se les atribuye el 33,4% de los casos. Las guerrillas ocupan el segundo lugar, con el 30,7%, sin contar con el dato discriminado de estos actos cometidos por las Farc, mientras que a la Fuerza Pública se le asigna el 2,1%.

No obstante, dentro de este porcentaje la Comisión ha revelado diferentes tipos de abusos como la victimización masculina, en la que se utilizaba la humillación sexual como método disciplinario, y el "enamoramiento", una práctica muy común entre los militares con la que buscaban seducir a adolescentes de las comunidades donde se asentaban para obtener información.

"Aunque esta sea una acción que a primera vista puede parecer inocente, se implementó como una estrategia de guerra y tuvo impactos en los derechos reproductivos de mujeres y niñas de diferentes territorios", destaca Diana Rodríguez, investigadora de la entidad.

Estos actos siguen siendo materia de estudio y se profundizarán en un informe final que se presentará el próximo año.

El 24 de noviembre se cumplen cinco años de la firma de los acuerdos de paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las Farc, una serie de compromisos pactados por ambas partes para ponerle fin al enfrentamiento armado de uno de los conflictos más largos de América Latina.

El punto cinco establece el sistema integral de víctimas para garantizarles verdad, justicia, reparación y no repetición. Incluye la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión de la Verdad y la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas. Sin embargo, en lo que respecta a las violencias sexuales, quienes sufrieron estos delitos aún están a la espera del mea culpa de los actores.

"Yo prefiero un acuerdo imperfecto y no una guerra en permanencia, porque esta es la forma de evitar que otros padezcan lo que nosotros vivimos. Pero a pesar de que apoyo la paz, también me pregunto: ¿por qué si las Farc lograron participación política, aún no han hecho aportes significativos en cuanto a la verdad y reparación?", cuestiona Yolanda Perea.

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Aunque se han llevado a cabo eventos de reconocimiento sobre hechos específicos por parte de los líderes de la extinta guerrilla, las víctimas piden que, como lo estableció la Comisión de la Verdad, admitan la sistematicidad de los delitos y su relación con las estrategias de guerra.

Para esta organización, la negación de las Farc y la Fuerza Pública sobre su responsabilidad en estos crímenes tiene que ver con la moral colectiva. Un hombre que viola a una mujer por fuera del conflicto armado tiene una sanción social muy fuerte y esto no es ajeno a los grupos armados.

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"Cuando se invitan a los mandos medios o altos a hacer un reconocimiento de las violencias sexuales, muchos dicen no saber que esos crímenes sucedían al interior de su grupo, ya que existía la regla de castigar este tipo de agresiones", indica Salomé Gómez.

Otra de las causas a las que refiere su silencio se relaciona con la creencia de que la culpa es de la víctima. Esto les impide aceptar su papel de victimarios, pues perciben los delitos como “la respuesta natural de cualquier hombre” o como una de las reglas del grupo.

Sin este primer paso, la deuda con la verdad sigue sin saldar, y con ella, la reparación y una verdadera transformación social que garantice la no repetición.

"Las víctimas solo quieren la verdad y el compromiso de que lo que les sucedió a ellas no vuelva a pasar. Por esta razón, el reconocimiento es muy importante. No es lo mismo que la Comisión de la Verdad exponga que las violencias sexuales fueron un patrón dentro del conflicto, a que lo hagan los mismos actores de estos delitos", asevera la coordinadora del Grupo de Trabajo de Género.

La JEP, encargada de juzgar los crímenes cometidos en el marco del conflicto, hasta el momento ha abierto siete macrocasos que abarcan los hechos más graves. Sin embargo, para las más de 15.000 personas que sufrieron las violencias sexuales, este tema sigue siendo el gran ausente en la justicia transicional.

"Ha sido más fácil que los actores acepten masacres, desplazamientos y secuestros, que las agresiones sexuales y reproductivas como estrategia de guerra. De allí nuestra insistencia en que la JEP abra un macrocaso y deje de dilatar este proceso", advierte Yolanda Perea.

Desde la Jurisdicción Especial para la Paz aseguran que estos delitos están siendo investigados dentro de los macrocasos existentes. "En enero de este año, precisamente, la Sala de Reconocimiento de Verdad imputó al antiguo Secretariado de las Farc - EP la responsabilidad de mando por la violencia sexual cometida contra las personas secuestradas", indica el tribunal.

Sin embargo, le propondrán a las organizaciones de víctimas nuevas priorizaciones y enfoques investigativos, dando especial importancia a las violencias sexuales y al desplazamiento forzado. Los resultados de esta discusión se conocerán durante el primer semestre de 2022.

SARA VALENTINA QUEVEDO*
Redacción EL TIEMPO