“La gente tiene mucho temor, mucho miedo. En el AETCR hay 64 niños, 15 ancianos, 15 personas que quedaron en situación de discapacidad en la guerra y todo esto está generando un desplazamiento masivo de excombatientes”.
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Así resume un miembro del Antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (AETCR) de Playa Rica de La Macarena, Meta, la crisis de seguridad en la zona, y que llegó a su punto cumbre el pasado 18 de noviembre.
Ese día, delincuentes —al parecer de un grupo disidente— interceptaron cinco camionetas de la Unidad nacional de Protección (UNP), intimidaron a los ocupantes para abandonarlas y las incineraron.
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“Esto es una clara amenaza a la vida de los reincorporados y un obstáculo inmenso para avanzar en el proceso de reincorporación en el municipio de La Macarena”, expresó el partido Comunes en un comunicado en el que alertó al Gobierno, y varias entidades del desplazamiento de esta comunidad.
De hecho, según fuentes en la zona, los excombatientes llevaban varias semanas pidiendo que se hiciera un traslado del AETCR al departamento vecino del Caquetá.
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“La idea era hacer un plan integral de reasentamiento, pero pasa esto el 18 de noviembre, con esta amenaza al colectivo y esto ocasiona que se tenga que generar un plan de atención de emergencia humanitaria que se está discutiendo en este momento, porque toca salir de allá. La gente se va a ir de allá sí o sí porque el mensaje fue claro”, aseguró una persona que está coordinando el proceso.
Por su parte, el antiguo máximo comandante de las extintas Farc y hoy dirigente de Comunes, Rodrigo Londoño, afirmó en su cuenta de Twitter que “urge el acompañamiento humanitario a los firmantes de paz. Su vida está en grave riesgo”.
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En total, son 106 familias las que saldrían del AETCR de Playa Rica, también conocido como Urías Rondón. En la región del Yarí, donde está ubicado, la disidencia Jorge Briceño Suárez estaría aumentando su control territorial y amenazando a la población civil y los excombatientes.
El inminente #riesgo nos obliga a dejarlo todo, lo único que hemos echo es cumplir lo firmado; así esta el AETCR encierro-zozobra-miedo, al gobierno exigimos #GARANTIAS cumplanos que todo no sea papelería y trámite @ARNColombia @MisionONUCol @DefensoriaCol @ComunesCoL @CICR_co pic.twitter.com/ONPPvpBUgo
— Centro Poblado Urías Rondón (@UriasRondon) November 20, 2021
Declaración a propósito de los hechos de violencia registrados en Meta y Caquetá contra los esquemas de seguridad de excombatientes y las amenazas proferidas en su contra@ARNColombia @AFSTAPPER @PosconflictoCO pic.twitter.com/VUOIDA60gt
— Emilio José Archila (@EmilioJArchila) November 21, 2021
El consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, y el director de la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN), Andrés Stapper, expresaron que “el Gobierno del presidente Duque rechaza y reprueba los hechos violentos registrados en la zona, y celebra que esas acciones no hayan afectado a ninguno de los protegidos”.
Aseguraron que ya se expidió el Plan Estratégico de Seguridad y Protección para el caso y que ocho entidades trabajan articuladamente en la seguridad de los excombatientes en el Meta, donde 1.391 personas adelantan su proceso de reincorporación, tanto en tres antiguos ETCR como en otros territorios.
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Sobre las personas que han recibido amenazas, los funcionarios señalaron que todas las medidas para su seguridad se mantienen activas, incluyendo los esquemas individuales y colectivos de protección de la UNP y los dispositivos de seguridad para los tres antiguos ETCR.
“Se fortalecerá la presencia y acciones de la fuerza pública en las áreas de esos tres antiguo ETCR, a través de 86 efectivos de las Unidades Básicas de Carabineros de la Policía, 38 de ellos destinados al espacio territorial del Yari; también con la presencia de 6 pelotones confirmados por 176 efectivos para los tres antiguos ETCR, de los cuales, 4 pelotones, conformados por 127 efectivos acompañan las accesiones territoriales en el municipio de la Macarena”, dijeron.
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