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Paz y Derechos humanos

Se prenden las alarmas por aumento del desplazamiento

Foto:Archivo EL TIEMPO

En 2021 más de 130.000 personas fueron desplazadas, un aumento del 34,8 por ciento frente a 2020.

Huyendo de los enfrentamientos entre grupos ilegales, de amenazas de reclutamiento de sus hijos o de quedar en fuego cruzado entre las fuerzas estatales y las irregulares, entre otras causas, el año pasado 130.369 personas fueron desplazadas forzosamente, según cifras del Registro Único de la Unidad de Víctimas (RUV).
Y aunque hay diversas mediciones –por ejemplo, la Defensoría contabilizó para el mismo año 74.302 personas y la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), 82.846–, es un hecho que el desplazamiento está aumentando.
Así, la Defensoría calcula un incremento del 172 % en el número de víctimas respecto de 2020 (27.339 personas); Codhes, del 169 % (35.864), y los datos del RUV permiten observar un aumento del 34,8 % frente a las 96.643 víctimas de 2020.
Para este año ya hay alertas de que podría continuar la tendencia. La Defensoría contabilizó 4.408 víctimas de desplazamientos masivos –más de 10 familias o más de 50 personas– en enero. Tras esas cifras hay miles de mujeres, niños y hombres que dejan sus hogares sin la certeza de poder regresar, y algunos, incluso, han sido víctimas de este delito no una, sino varias veces.
Las poblaciones más afectadas son también las más vulnerables por condiciones socioeconómicas y étnicas. El año pasado, 53.224 de todas las víctimas registradas en el RUV tenían alguna pertenencia étnica, es decir, 4 de cada 10.
Por departamentos, Nariño (28.557), Antioquia (21.785), Cauca (12.929), Chocó (11.427) y Valle del Cauca (10.790) concentraron las más altas cifras; y este año preocupa la situación de Arauca, que quedó en medio de enfrentamientos, desde Colombia y Venezuela, entre las disidencias de las Farc y el Eln.
Desplazamiento forzado 2020 y 2021 por departamentos.

Desplazamiento forzado 2020 y 2021 por departamentos.

Foto:EL TIEMPO

Esta no es una simple estadística, es una crisis humanitaria de grandes proporciones que merece la atención inmediata de todas las entidades del Estado

Sobre la situación de Nariño, la más crítica, Fernando Bartolomé, coordinador en ese departamento de Médicos Sin Fronteras, organización que brinda atención de emergencia, contó que los enfrentamientos nunca cesaron, que hay veredas que en el último año se han desplazado hasta tres veces y que los más afectados, en especial en salud mental, han sido los niños.
“Según cifras que nos han dado los personeros de los diferentes municipios, en este momento hay más de 550 familias desplazadas, un total de 2.086 personas, que han tenido que salir de sus veredas y buscar refugio en las cabeceras municipales de Mosquera, La Tola, Olaya Herrera y Barbacoas”, indicó.
“Esta no es una simple estadística, es una crisis humanitaria de grandes proporciones que merece la atención inmediata de todas las entidades del Estado”, comentó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, sobre la situación del desplazamiento hoy en el país.

¿Qué disparó las cifras?

Según analistas, hay una mezcla del conflicto interno que no ha terminado y nuevas dinámicas por el control territorial.
De acuerdo con Camilo González Posso, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), el desplazamiento actual es el reflejo de un escalamiento de los conflictos entre grupos armados, pero, además, señaló: “Las situaciones se han recrudecido porque al salir las Farc, tras el acuerdo de paz, entraron en la disputa por los territorios nuevos actores y hay mucha lentitud del Gobierno para implementar los acuerdos”.
En el mismo sentido opinó Marco Romero, director de Codhes, quien dijo que esta crisis se está extendiendo territorialmente cada vez más, que el impacto de la violencia recae sobre los más desprotegidos y que la crisis va más allá del desplazamiento.
Hay grupos con los cuales no se ha firmado la paz, como el Eln, disidencias del Epl y residuales de procesos de paz anteriores, como el ‘clan del Golfo’, también están las disidencias. Pero también hay una especie de violencia outsourcing, hay dinámicas herederas de la guerra clásica y dinámicas de la guerra nueva que se mezclan”,
aseguró.
El defensor Camargo mencionó también factores como “amenazas a líderes sociales, autoridades étnicas y comunales, a comunidades campesinas, no se pueden desconocer los homicidios selectivos y masacres, la presencia de minas antipersona, y la restricción de la movilidad que imponen grupos armados”.
Los albergues en el municipio de Roberto Payán no son suficientes para la cantidad de familias que han llegado, razón por la cual también se han instalado en las calles.

Los albergues en el municipio de Roberto Payán no son suficientes para la cantidad de familias que han llegado, razón por la cual también se han instalado en las calles.

Foto:Santiago Valenzuela. Médicos Sin Fronteras

Lejos de los peores años

El desplazamiento tuvo su pico más alto en el 2002, cuando hubo 780.308 víctimas, desde allí había descendido paulatinamente y en 2020 cayó por debajo de los 100.000 registros

Aunque la situación actual es crítica y la Defensoría lleva tres años advirtiendo que es una ‘crisis humanitaria recurrente’, las cifras aún están muy lejos de los peores momentos del conflicto, cuando al año había más de 500.000 desplazados.
El desplazamiento tuvo su pico más alto en el 2002, cuando hubo 780.308 víctimas, desde allí había descendido paulatinamente y en 2020 cayó por debajo de los 100.000 registros, pero en 2021 se superó esa barrera.
Frente a la diferencia entre lo que vivió el país hace dos décadas, Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), explicó: “En el pasado se vaciaban comunidades enteras y después venía la apropiación de tierras. Hoy en día, el desplazamiento es de los grupos criminales en disputa y es para someter a la población a sus necesidades en el ejercicio del crimen organizado. Es diferente y tiene menor escala”.
Romero, desde Codhes, añadió: “Hemos tenido dinámicas en algunos años muy críticas, cuando hay dinámicas de escalamiento de la violencia se incrementa drásticamente el desplazamiento, esa es una constante. Ahora tenemos un desplazamiento en ascenso, no en la dimensión de esos años, pero sigue siendo de una magnitud muy grave”.

Las salidas a la crisis

La idea del acuerdo de paz es esa, toca temas de tierras, de cultivos de uso ilícito... Eso está pendiente de implementación

Para los expertos, aunque es improbable que el país regrese a los altísimos registros de hace décadas, la situación actual no puede ignorarse pues seguirá aumentando si no se toman medidas al respecto.
El país está a tiempo de volver la mirada al campo y a la situación de reacomodación de las mafias, no estamos condenados a una nueva ola de miles de desplazados, pero las políticas insuficientes de implementación del acuerdo de paz podrían implicar que la situación vuelva a aumentar”, dijo el director de Indepaz.
El director de Codhes agregó que una retrasada implementación del acuerdo firmado con las Farc ha contribuido al desplazamiento, puesto que, además de una respuesta militar, resolver esta crisis requiere de una presencia integral del Estado, que es a lo que apunta el acuerdo.
“En el país hay una crisis social fuerte que no se resuelve solo militarmente, se necesita una presencia integral del Estado. La idea del acuerdo de paz es esa, toca temas de tierras, de cultivos de uso ilícito... Eso está pendiente de implementación”, dijo.
En todo caso, los analistas recuerdan que desde hace 18 años la Corte Constitucional declaró un estado de cosas inconstitucional por el desplazamiento, que significa que hay una grave, masiva y sistemática vulneración de los DD. HH. que aún no hemos superado.

Gobierno ha tomado medidas

Emilio Archila.

Emilio Archila.

Foto:Consejería para la Estabilización y la Consolidación

Frente a la crisis el Gobierno ha tomado medidas, en el plano militar. Solo este año, por ejemplo, el Ministerio de Defensa movilizó 7.000 uniformados a Arauca, en donde los enfrentamientos entre grupos ilegales han ocasionado desplazamientos masivos. También ha habido otro tipo de intervenciones, pero han sido limitadas.
“La mayoría de estas herramientas cuentan con recursos insuficientes o están desactualizadas a las nuevas dinámicas en el contexto de post acuerdo”, señaló el defensor Camargo.
Sobre el retraso en la implementación del acuerdo de paz, al que varios analistas apuntan como un motivo del desplazamiento, el consejero para la estabilización y la consolidación Emilio Archila dijo que, por el contrario, hay “una implementación sobresaliente en todos los frentes”.
Destacó los 3.211 proyectos productivos que están andando, la inversión de 12,05 billones de pesos de las iniciativas que las comunidades definieron, así como las 12.846 personas que dejaron las armas. “No es cierto que se haya presentado un rezago en ejecución de recursos: durante todo el Gobierno se han destinado para la implementación 32 billones de pesos”.
Archila dijo que el gobierno está trabajando en más de 500 frentes en la implementación, y destacó algunos en el tema de tierras: “En materia de Catastro Multipropósito se han actualizado de 8’567.743,06 hectáreas de área geográfica, correspondiente al 12,52 por ciento de la meta del PND a 2022".
"Sobre restitución de tierras se ha realizado la gestión sobre 641 territorios de comunidades étnicas. Se han ingresado 1’482.073 hectáreas al Fondo de Tierras de la Nación y se ha regularizado más de 1’188.000 hectáreas”, concluyó.
Sobre los avances en restitución, Andrés Castro, director de la Unidad de Restitución de Tierras, destacó que se ha logrado una articulación nación-territorio para llegar, en menos de 4 años, a más de 200 zonas a las que nunca se había llegado:"Como resultado de la implementación de esta política, en este momento reportamos más de 34.000 personas que son legítimos dueños de 177.000 hectáreas de tierra a través de 6.791 sentencias de restitución en todas las regiones del país”.
justicia@eltiempo.com
@MIOF_

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