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Paz y Derechos humanos

Vacíos jurídicos y la falta de protocolos enredan el arranque de la paz total

Liberación de soldados en Meta

Liberación de soldados en Meta

Foto:Mindefensa

Tras la negativa de levantar algunas órdenes de captura, Gobierno acepta revisar alcances jurídicos.

redacciones justicia y política
‘Ley de aceptación de responsabilidad penal’. Con ese nombre llegará al Congreso el proyecto con el que el gobierno del presidente Gustavo Petro buscará eliminar, y después de oír voces críticas como la del fiscal Francisco Barbosa, los principales palos jurídicos que se han atravesado en el camino de su propuesta insignia, la de la ‘paz total’.
A tres semanas del inicio del accidentado cese bilateral de fuegos con el que sorprendió al país la noche de año viejo, sus principales alfiles siguen moviéndose para tratar de hacer viables las intenciones y anuncios de Petro.
De hecho, este sábado, tras salir de un consejo de seguridad en Cali, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, contó que tocaron el tema de los ataques de la disidencia ‘Jaime Martínez’ en el suroccidente del país. Y la conclusión del ministro fue que “o todas sus estructuras acatan el cese bilateral (las del 'Estado Mayor Central'), o el Gobierno no podrá continuar sosteniendo ese cese, porque con el pretexto de ser solo una parte del Estado Mayor Central no se puede tolerar que continúen realizando las actividades como ha quedado evidenciado”.
En sus declaraciones, Velásquez también habló de la necesidad de desarrollar actividades contra el narcotráfico, y fue así como definió que las acciones de las Fuezas Militares y la Policía tienen que profundizarse en el Valle del Cauca.
Consejo de seguridad en Cali.

Consejo de seguridad en Cali.

Foto:Ministerio de Defensa

Por otro lado, las cargas parecen empezar a enderezarse con el Eln después de la cita de esta semana en Venezuela, que estuvo fuertemente mediada por el gobierno Maduro a instancias directas de Petro. Este sábado se confirmó que esa guerrilla aceptó empezar a hablar —ahora sí— de un cese de fuegos que había desmentido con una declaración pública apenas horas después del anuncio del Presidente.
Una eventual tregua que en todo caso estará sometida a prueba permanente en departamentos como Arauca, donde los ‘elenos’ masacraron —y luego difundieron videos con las imágenes de sus víctimas— a una docena de miembros de las disidencias de ‘Gentil Duarte’.
Analistas creen que los resultados de esta decisión se reflejarían sobre todo en Cauca y Chocó.

Analistas creen que los resultados de esta decisión se reflejarían sobre todo en Cauca y Chocó.

Foto:Citynoticias

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Pero mientras eso pasaba en Caracas, en el país crecían los incendios en varios frentes de la ‘paz total’. En el jurídico, por la férrea oposición del fiscal Francisco Barbosa a levantar las órdenes de captura que pesan sobre varios de los capos del ‘clan del Golfo’ y ‘los Pachencas’, dos de las bandas criminales que surgieron tras el proceso de paz de comienzos de este siglo con los ‘paras’, y que siguen mandando en el narcotráfico y la violencia.
Y en el terreno, porque la falta de reglas en el cese bilateral ha sido aprovechada por las disidencias de las Farc para mostrarse como autoridad ante varias comunidades, especialmente en el Meta y la costa Pacífica, donde la Fuerza Pública a su vez se ha visto con las manos atadas. Tanto, que Fiscalía y Procuraduría les han advertido a los comandantes de Ejército y Policía que el cese bilateral no puede implicar el surgimiento de facto de zonas vedadas para la autoridad y la desprotección de la población frente a los violentos, como tampoco la suspensión de acciones contra el narcotráfico.
El mapa pinta tan complejo que la misma semana que arrancó con un aparente ‘choque de trenes’ entre Gobierno y Fiscalía (no solo por el tema de la paz) se cierra con una inusual declaración del Presidente admitiendo que Barbosa “podría tener razón” en algunos de sus reparos a la concesión de salvoconductos a los capos de las bandas.
También, con una avanzada del Ejecutivo a Estados Unidos, a donde el ministro del Interior, Alfonso Prada, tuvo que viajar a expresar la garantía de que, al menos por ahora, la ‘paz total’ no va a atravesarse en la extradición. Un mensaje de blindaje de esa herramienta jurídica frente a consideraciones políticas que se reforzó con la entrega, el jueves, de Álvaro Córdoba, hermano de la senadora del Pacto Histórico Piedad Córdoba, para que sea juzgado en Nueva York por narcotráfico.
Con una próxima cita con el Eln pactada para el 13 de febrero en México, el equipo de paz ha iniciado también una serie de acercamientos con otros actores claves. Además de la cita de Prada en Estados Unidos con altos funcionarios del gobierno Biden, el comisionado de Paz, Danilo Rueda, está hablando con las disidencias para buscar unos acuerdos mínimos de comportamiento durante la tregua y para el 30 de enero próximo quedó programada la cumbre de Petro con el fiscal Barbosa.
Al tiempo, Roy Barreras y otros congresistas trabajan en el diseño del proyecto de la Aceptación de Responsabilidad Penal, que es el segundo gran intento en los últimos 20 años por ofrecer el máximo de zanahoria posible a los narcos puros para que acepten desarmar sus ejércitos ilegales.
Francisco Barbosa, fiscal general de la Nación, y Gustavo Petro, presidente de Colombia.

Francisco Barbosa, fiscal general de la Nación, y Gustavo Petro, presidente de Colombia.

Foto:El Tiempo

El debate jurídico

En un extenso documento basado en jurisprudencia de la Corte Suprema y la Corte Constitucional, la Fiscalía se negó esta semana a levantar las órdenes de captura de 16 capos de las bandas criminales al indicar que la Ley 2272 de 2022 (que reformó la Ley 418) permite adelantar con las organizaciones como el ‘clan del Golfo’ solo acercamientos, pero en ningún caso se dio autorización para darles a sus jefes beneficios equiparables a los del tratamiento político.
Y también advirtió que hasta ahora no existe un “marco normativo que precise los términos del sometimiento de grupos armados organizados sin carácter político ni de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto”, sin el cual no se podría tomar una decisión que no afecte derechos de las víctimas.
El ministro del Interior, Alfonso Prada, respondió que la ley sí le dio la facultad al Presidente para avanzar en esas conversaciones y tomar medidas como la suspensión de órdenes de detención, pero se mostró dispuesto a tender puente con el Fiscal.
Gobierno deroga decreto de cese del fuego con Eln e invita a tregua verificable
Desde la Casa de Nariño, representantes del Ejecutivo hablan sobre lo que viene con la guerrilla. este miércoles en la mañana, el ministro del Interior y portavoz del Gobierno Nacional, Alfonso Prada; el Ministro de Defensa Nacional, Iván Velásquez, y el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, hablaron sobre las conclusiones de este encuentro que se extendió hasta la noche del martes.Bogotá 4 de enero del 2023. Foto MAURICIO MORENO EL TIEMPO CEET

Gobierno deroga decreto de cese del fuego con Eln e invita a tregua verificable Desde la Casa de Nariño, representantes del Ejecutivo hablan sobre lo que viene con la guerrilla. este miércoles en la mañana, el ministro del Interior y portavoz del Gobierno Nacional, Alfonso Prada; el Ministro de Defensa Nacional, Iván Velásquez, y el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, hablaron sobre las conclusiones de este encuentro que se extendió hasta la noche del martes.Bogotá 4 de enero del 2023. Foto MAURICIO MORENO EL TIEMPO CEET

Foto:MAURICIO MORENO EL TIEMPO

Y el Presidente, que esta semana tuvo duras palabras contra Barbosa (por la paz, pero también por el tema de la SAE), tuvo que revaluar su posición. Sobre todo después de que Estados Unidos expresó sus reservas por eventuales beneficios a capos pedidos en extradición como ‘Chiquito Malo’, jefe del ‘clan del Golfo’ al que el Gobierno reconoció estatus como negociador.
La cita del 30 de enero en Casa de Nariño servirá para hablar de esas diferencias, pero persiste la duda de qué pasaría si no se logra un acuerdo en la materia. El constitucionalista Rodrigo Uprimny indicó, por ejemplo, que hay argumentos de lado y lado. En su criterio, la Ley 2272 da la facultad para levantar órdenes de captura porque explícitamente dice que puede haber “conversaciones” con estructuras armadas criminales de alto impacto, pero señala que puede existir un vacío en cuanto a la necesidad de un decreto que reglamente la norma.
Por su lado, el exministro de Justicia Andrés González Díaz asegura que en medio de procesos de paz es normal que existan tensiones entre el Ejecutivo, la Fiscalía, el poder judicial y el Congreso, tal y como pasó en el sometimiento a la justicia del cartel de Medellín o durante el sometimiento derivado de la ley de Justicia y Paz con los paramilitares.
Posición similar a la del exministro de Justicia y exfiscal General Alfonso Gómez Méndez, quien señala que estos desencuentros han ocurrido en procesos en el pasado, lo cual es normal porque el Presidente y el Fiscal son autónomos.

“No hay que entender que esto sea una obstrucción del Fiscal general: la paz la maneja el presidente pero no autónomamente, tiene que contar con el poder legislativo y el poder judicial.

“No hay que entender que esto sea una obstrucción del Fiscal general: la paz la maneja el presidente pero no autónomamente, tiene que contar con el poder legislativo y el poder judicial. No se puede hablar de choques de trenes sino cruce de competencias”, apunta. Los juristas concuerdan en que lo urgente es presentar el proyecto de ley para ese sometimiento a la justicia y que el debate sea amplio y democrático.
Juan David Bazzani, exfiscal delegado y profesor del Externado, advierte que hoy en el marco jurídico no solo no existen reglas al respecto sino que la reforma de la Ley de Paz dejó tantos vacíos para pedir la suspensión de las órdenes de captura de cualquier delincuente que, dice, vulnera la separación de poderes. “No se puede pasar por encima de toda la institucionalidad y suspender las órdenes de captura, y mucho menos si no hay un marco jurídico que explique a quiénes, por qué, cuándo y en dónde”, dice.
Y a esa falta de claridad se sumará el futuro de los voceros de organizaciones ilegales que estén en proceso de extradición.

La realidad en las regiones

Según la ONG Indepaz, en la vigencia de los ceses bilaterales se han registrado siete masacres con al menos 21 víctimas. El asesinato de líderes sociales se redujo, entre tanto, de 11 casos en promedio al mes a 5 en estos primeros 22 días de enero (ver nota anexa). Entre tanto, en Arauca sigue la zozobra por los combates entre ‘elenos’ y disidencias.
En el Meta, donde un grupo de campesinos aparentemente coaccionado por las disidencias secuestró por tres días a un pelotón de 31 militares (a los que señalaron de violar el cese al fuego), el gobernador Juan Guillermo Zuluaga denuncia que esas bandas están citando a las juntas de acción comunal en el sur del departamento y ejerciendo, como lo hicieron en su momento las Farc, autoridad en decenas de comunidades aprovechando la ausencia de la Fuerza Pública.
Defensoría del Pueblo en Vista Hermosa, Meta

Defensoría del Pueblo en Vista Hermosa, Meta

Foto:Defensoría del Pueblo

Y en Cauca y Nariño, que están en jaque por la emergencia en la Carretera Panamericana, las disidencias que supuestamente estaban acogidas a la tregua secuestraron a tres militares, a los que ya liberaron, y se atrevieron a incursionar a plena luz del día en cascos urbanos donde decenas de ciudadanos los vieron patrullar fuertemente armados y sin que hubiera ninguna respuesta ni de Ejército ni de Policía.
Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), sostiene que si bien los anuncios de la reunión de Caracas abren espacio para el optimismo, en el cuadro total de la ‘paz total’ siguen faltando piezas claves.
Su lista es larga: “Falta una definición del sustento legal de la negociación con los grupos criminales, que se alcance un acuerdo sobre cómo se va a permitir la vocería para adelantar los diálogos con los representantes de esos grupos criminales, los protocolos, que el Gobierno escuche a las voces críticas del esfuerzo de ‘paz total’, una política de lucha contra el crimen organizado (incluyendo el narcotráfico) y una política de seguridad y paz escrita”. Y concluye que “la ‘paz total’ ha tenido algunos avances rápidos, pero sin estructura”.
Para el proceso y para la seguridad de las comunidades en las regiones es urgente que se definan los protocolos del cese de fuegos que están vigentes con ‘los Pachenca’ (que se hacen llamar ‘Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada’), el ‘Estado Mayor Central’, la ‘Segunda Marquetalia’ y con el ‘clan del Golfo’. Esa falta de reglas de juego previamente definida, así como las de la verificación que hasta ahora nadie ejerce, es considerada por expertos como una amenaza para el futuro de los acercamientos.

Todavía no se sabe ni quién va a verificar ni cómo se va a verificar. Dicen que las organizaciones sociales y la sociedad civil, pero ¿a quién le entregan la información?

“Llevamos 20 días y hay algunas violaciones a los ceses del fuego, especialmente en el suroccidente. Ha habido un secuestro y tres acciones en contra de la Policía en diferentes municipios. Todavía no se sabe ni quién va a verificar ni cómo se va a verificar. Dicen que las organizaciones sociales y la sociedad civil, pero ¿a quién le entregan la información?”, se pregunta Leonardo González, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos y conflictividades de Indepaz.
González pone de presente la complejidad de una verificación en zonas como Tumaco, que es uno de los municipios con más coca en el país y donde delinquen, se combaten entre ellos y a veces se alían en negocios de narcotráfico el 'frente Óliver Sinisterra', el 'frente 30', la ‘Segunda Marquetalia’, el Eln, el ‘clan del Golfo’ y la banda de los ‘Contadores’.
Por su parte, Juan Pappier, subdirector de la organización Human Rights Watch (HRW), asevera que si bien es positivo que los ceses del fuego puedan traer alivio a las comunidades que sufren niveles graves de violencia, existen “numerosas ambigüedades” que minimizarían su beneficio.
“Hasta ahora no sabemos cuáles son los protocolos aplicables, no conocemos las obligaciones específicas que habrían asumido estos grupos armados y criminales en el país y no nos quedan claros los detalles sobre cómo se verificará el cumplimiento de estas obligaciones por parte de grupos armados”, afirma.
HRW también expresa preocupación por el futuro de los alivios humanitarios que anunciaron el Gobierno y el Eln de manera conjunta el pasado 12 de diciembre en el Pacífico. El pasado martes inició la Caravana Humanitaria con negociadores del Gobierno (Carlos Rosero, Dayana Domicó, Mábel Lara y Horacio Guerrero), delegados de la gestoría de paz del Eln (‘Juan Carlos Cuéllar’ y ‘Antonio Suárez’), equipos técnicos con acompañamiento de la Misión de Verificación de la ONU y la Conferencia Episcopal, para dialogar con las comunidades desplazadas del Pacífico.
Pappier dice que hay que evitar que el ‘clan del Golfo’, que antagoniza con el Eln en la región, tome retaliaciones contra las comunidades que acepten hablar con delegados de la guerrilla y el Gobierno.
Ante un escenario tan complejo y permeado por las rentas ilegales del narcotráfico y la minería ilegal, además de otras actividades ilegales como la extorsión y el contrabando, los analistas llaman al Gobierno a no correr.
Diego Arias, experto en conflictos y construcción de paz, asegura al respecto que si bien una tregua puede generar un clima mínimamente apropiado para dialogar con violentos, hay que atender las lecciones de otras negociaciones en el mundo. “Introducido el cese de fuegos tempranamente y sin reglas claras, en el largo plazo genera enormes riesgos que pueden dar al traste con lo realmente estratégico: lograr el final definitivo del conflicto”.
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