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Paz y Derechos humanos

OEA destaca búsqueda de ‘paz total’ y hace recomendaciones

Exposición fotográfica OEA 
Cortesía Mapp/OEA

Exposición fotográfica OEA Cortesía Mapp/OEA

Foto:Cortesía Mapp/OEA

Informe anual de la MAPP OEA identificó las zonas del país que requieren mayor atención.

REDACCIÓN JUSTICIA
La Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos, MAPP OEA, lanzó el informe 33 sobre los desafíos para la construcción de Paz en Colombia entre el periodo de enero a junio del 2022 y en el mismo destacó “la decidida apuesta del Gobierno nacional de buscar la ‘paz total’.
Igualmente, saludó los pasos dados con la delegación del Eln para reactivar los diálogos, así como la exploración de escenarios de sometimiento o acogimiento a la justicia por parte de otros grupos armados ilegales.

La paz en Colombia será completa cuando incluya todos los actores, todos los territorios y todos los temas

Roberto Menéndez, jefe de la Misión, dijo que la apuesta por la ‘paz total’ “encuentra numerosas coincidencias con la visión de ‘paz completa’ que públicamente hemos sostenido”. Este informe fue presentado antes de la presentación oficial del proyecto del Gobierno al respecto.
“La paz en Colombia será completa cuando incluya todos los actores, todos los territorios y todos los temas, apelando al diálogo como el mejor mecanismo para generar acuerdos y el cumplimiento efectivo como condición para la transformación y la no repetición”, agregó.
El informe de 35 páginas señala que la paz requiere la suma de voluntades y puso a disposición del Gobierno el acumulado de capacidades que tiene la Misión, “para enriquecer y acompañar la apuesta política para alcanzar una paz total”,
La OEA aprovecha esta oportunidad para hacer un llamado a la institucionalidad y a apropiarse de las lecciones aprendidas de anteriores acercamientos y/o acuerdos con grupos armados ilegales para avanzar de manera contundente en la consolidación de la paz”, agrega el documento.
Igualmente, el informe destacó los internos de generar esquemas de desmovilización y sometimiento individual de integrantes de grupos armados organizados y dijo que es necesario “explorar formas colectivas en las que se pueda tener un mayor control del desmantelamiento efectivo, del desarrollo de escenarios de verdad, justicia, reparación y no repetición y de medidas de seguridad para quienes deciden someterse y sus familiares”.

Los hallazgos

Roberto Menéndez, jefe de la Mapp-OEA.

Roberto Menéndez, jefe de la Mapp-OEA.

Foto:Óscar Bernal / Archivo EL TIEMPO

La MAPP-OEA indicó igualmente que la violencia contra la población civil por parte de grupos armados ilegales es un fenómeno multicausal, especialmente en aquellos donde convergen las economías ilícitas y factores estructurales de inequidad y débil presencia estatal, y determinó que hay zonas más vulnerables que otras.
Las afectaciones más graves continúan siendo: los homicidios, amenazas, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, confinamientos, restricciones a la movilidad, instalación de minas antipersonal, reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, feminicidios y otras violencias basadas en género”, explicó la entidad.
Y las zonas más críticas son: Arauca, Putumayo, Cauca, Nariño, Chocó y Norte de Santander; y regiones como el San Juan y Baudó (Chocó); Sur de Bolívar; Sanquianga y Telembí (Nariño); corredor El Tambo-Argelia (Cauca); Sierra Nevada de Santa Marta; y el municipio de Buenaventura (Valle del Cauca).
Además, tanto el Eln como el ‘clan del Golfo’ han impuesto en algunas regiones del país paros armados que alteraron la seguridad.

Presencia y accionar de grupos armados ilegales

El informe señala que el Eln mantuvo la mayor parte de su accionar en la región del Catatumbo (Norte de Santander), Chocó y Arauca, afectando principalmente a la población civil y también a la fuerza pública, a través de hostigamientos y secuestros de algunos de sus integrantes.
Adicionalmente, en el sur del Cesar hubo una alta influencia de grupos ilegales en el marco del paro armado, que incluyó ataques a la fuerza pública y atentados contra la infraestructura vial en los municipios de Curumaní y Pailitas.
Por ejemplo, en los ríos San Juan y Baudó (Chocó) el Eln mantiene disputas con el ‘clan del Golfo’, mientras que sostiene relacionamientos diferenciados con la ‘Segunda Marquetalia’ en Arauca, Cauca y Nariño.
El informe da cuenta que la ‘Segunda Marquetalia’ tiene una mayor influencia en Cauca, Nariño y Putumayo a través de estructuras con presencia y conocimiento previo de estos territorios, como sucede con el ‘Bloque Occidental Alfonso Cano’ y el frente Oliver Sinisterra en Nariño o de los ‘Comandos de la Frontera-Ejército Bolivariano’ en Putumayo.
Y que hay una persistencia en la violencia de las facciones que inicialmente lideraron ‘Gentil Duarte e ‘Iván Mordisco’ contra la fuerza pública en el norte del Cauca, la Cordillera en Nariño y Catatumbo en Norte de Santander y en Caquetá, Guaviare y Meta.
Esta es la primera imagen que se conoció de alias 'Otoniel' a su llegada a Estados Unidos.

Esta es la primera imagen que se conoció de alias 'Otoniel' a su llegada a Estados Unidos.

Foto:Policía Nacional

“Un elemento común a estas dos facciones es que parecen atravesar en la actualidad un proceso de debilitamiento debido a la muerte de varios de sus principales jefes, la persecución de la fuerza pública y las confrontaciones entre sí, que podrían tener repercusiones para sus planes de consolidación o expansión territorial, al menos en el corto plazo”, dice el informe.
De otro lado, se menciona en el documento el paro armado del ‘clan del Golfo’ tras la extradición de alias Otoniel que afectó principalmente municipios de Antioquia, Bolívar, Chocó, Córdoba, Magdalena y Sucre. Y dice que “la principal novedad la constituye los enfrentamientos con el grupo autodenominado Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada o Los Pachenca en Magdalena, principalmente en el municipio de Ciénaga, buscando como fin último el control de las playas adyacentes a la Sierra Nevada de Santa Marta”.
El informe señala la persistencia del fenómeno del desplazamiento por cuenta de combates entre la fuerza pública y grupos ilegales en la región Pacífica, principalmente en los ríos San Juan y Baudó (Chocó), Telembí y Sanquianga (Nariño) y en la Sierra Nevada de Santa Marta, así como en los municipios de Buenaventura (Valle del Cauca), Argelia y Guapi (Cauca), y el departamento de Arauca.
Y dice que esto también se produjo por la ocurrencia de otros hechos previos como amenazas, señalamientos por presunta colaboración con la fuerza pública, extorsiones, homicidios, justicia de facto, riesgo de reclutamiento, uso y utilización de menores y los posibles efectos ante hostigamientos contra bases militares o estaciones de policía.
“Los desplazamientos forzados fueron masivos e individuales, siendo una tendencia predominante la segunda modalidad. Es el caso los municipios de La Montañita (Caquetá), Pueblo Bello (Cesar), Remedios (Antioquia), Simití (Bolívar), Tumaco (Nariño), Puerto Leguízamo (Putumayo), La Macarena (Meta) y en la región del Catatumbo”, dice el documento.

La explotación sexual de niñas desde los 12 años persiste en zonas con presencia de grupos ilegales y economías ilícitas, especialmente en zonas de explotación ilícita de yacimientos mineros

Igualmente, la OEA dijo que la explotación sexual de niñas y adolescentes desde los 12 años persiste en zonas con presencia de grupos ilegales y economías ilícitas, especialmente en territorios de explotación ilícita de yacimientos mineros como Antioquia, Chocó y Nariño.
“En zonas rurales, el reclutamiento forzado continúa en mayor medida por parte de los grupos residuales o disidentes de las Farc y el Eln, especialmente de menores de edad vinculados a la recolección de hoja de coca con fines ilícitos”, dice el informe que dice que en centros urbanos, predomina la utilización de la población joven por parte del ‘clan del Golfo’ para realizar actividades de vigilancia, venta y transporte de drogas ilícitas, así como la explotación sexual de mujeres adolescentes.
En las comunidades indígenas de Caquetá, Cauca, Chocó, Guaviare, Nariño y Valle del Cauca persiste el reclutamiento forzado de NNA por parte de los grupos disidentes o residuales de las Farc, bajo la amenaza de desplazamiento forzado ante la negativa de vincularse al grupo. En consecuencia, las autoridades étnico-territoriales que buscan la protección de los NNA son víctimas de amenazas y homicidios. Los NNA reclutados forzadamente en Cauca, Chocó y Nariño son llevados a campamentos de estos grupos en los que se da instrucción sobre el uso de armas largas, posiciones de combate, construcción de zonas campamentarias y adoctrinamiento ideológico”, agrega el informe.

Las recomendaciones

En ese sentido, la MAPP-OEA realizó algunas recomendaciones al Gobierno como avanzar en la armonización de las diferentes metodologías gubernamentales e internacionales para la recolección de cifras y estadísticas relacionadas con la densidad de cultivos ilícitos y fortalecer los procesos de toma de decisiones en el marco del desarrollo de operativos militares contra grupos armados ilegales “que permitan prevenir la ocurrencia de afectaciones a la población civil e infracciones al DIH”.
De igual manera, se recomendó acelerar las investigaciones para esclarecer lo ocurrido en el centro poblado Alto Remanso del municipio de Puerto Leguízamo, Putumayo, el 28 de mayo de 2022, cuando en medio de una de las operaciones militares adelantadas por la fuerza pública murieron 11 personas y 4 más resultaron heridas.
Se recomendó fortalecer las estrategias de seguimiento y monitoreo de las autoridades competentes y los operadores de desminado designados en los territorios, ante nueva sospecha minas sobre las áreas declaradas como libre de sospecha de estos.
Y finalizar el “trámite normativo del Programa de Protección Integral para la población en proceso de reincorporación, sus liderazgos políticos, sedes y actividades, garantizando su socialización en los territorios”.
La Misión igualmente recomendó garantizar la asignación equitativa y transparente de los recursos para las iniciativas PDET, de acuerdo con los compromisos en tiempo y forma establecidos en el acuerdo de paz y “garantizar la permanencia y sostenibilidad de las estrategias de prevención del reclutamiento, utilización, uso y violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes por parte” de esos grupos.
A los Ministerios del Interior, de Justicia y del Derecho, la Consejería Presidencial de Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, el Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía General de la Nación y la Unidad Nacional de Protección se le recomendó “diseñar una política estatal integral para mitigar el riesgo de exterminio y de seguridad que persiste sobre los pueblos indígenas”.
Igualmente, se recomendó aterrizar la agenda de mujeres en relación con el acuerdo de paz al Gobierno y, a la Jurisdicción Especial para la Paz que fortalezca sus capacidades para la “emisión de medidas cautelares y de protección, con el fin de garantizar la correcta participación de las víctimas y comparecientes, evitando escenarios de riesgo”, entre otros.
justicia@eltiempo.com
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