Entre agosto y septiembre de este año, más de 200 víctimas de todos los departamentos de Colombia se reunieron en cinco ciudades para los encuentros regionales de la verdad, como antesala al ‘Encuentro por el reconocimiento de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales’, realizado por la Comisión de la Verdad el 5 de octubre.
En la capital del Valle del Cauca, la Comisión de la Verdad les dio voz a las víctimas (y a las organizaciones que las han acompañado) de ejecuciones extrajudiciales. Estos crímenes fueron mal llamados ‘falsos positivos’, adoptando una terminología militar durante los años 2000, cuando los casos se intensificaron. Cali fue escogida como sede de este encuentro nacional por petición de las víctimas, quienes recordaron lo vivido por los jóvenes que salieron a manifestarse en las jornadas del paro nacional, en abril de este año.
Alejandro Valencia, comisionado de la Verdad, recordó que las ejecuciones extrajudiciales son “asesinatos de civiles cometidos por agentes del Estado o particulares, con su apoyo, en donde los civiles fueron presentados como miembros de grupos armados no estatales: como guerrilleros, principalmente”.
Esta grave violación de derechos humanos incluyó la desaparición forzada y la tortura de las víctimas, y según las investigaciones adelantadas por la Comisión de la Verdad es un crimen sistemático, que se ha presentado en el país, por lo menos, desde finales de la década de los 70, con una intensificación entre los años 2002 y 2008.
Para ese periodo, en el marco del caso 03 de la Justicia Especial para la Paz (JEP), se han identificado 6.402 víctimas de ejecuciones extrajudiciales en el país. Eran, principalmente, hombres jóvenes que vivían en zonas urbanas o rurales en contextos de vulnerabilidad económica y social, y que fueron sacados de sus territorios, engañados con falsas promesas de trabajo, para posteriormente ser asesinados y presentados como bajas en combate.
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En el ‘Encuentro por la Verdad: reconocimiento a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Colombia’ las principales exigencias fueron el reconocimiento por parte del Estado, la necesidad de verdad, no repetición y la reparación a las víctimas.https://t.co/glP1t36RUQ
— Comisión de la Verdad (@ComisionVerdadC) October 7, 2021
Alejandra Miller, comisionada de la Verdad y quien condujo el encuentro, recordó que se les abrió espacio a las voces de las víctimas, familiares y organizaciones sociales que llevan años luchando por justicia y verdad, y que les mostraron “a Colombia y al mundo una de las caras más dolorosas de la violencia y del conflicto armado”.
Agregó que con el encuentro “queremos que el país escuche a quienes llevan más de 15 años exigiendo verdad sobre lo ocurrido. Queremos que se reconozca su lucha por la dignidad y el buen nombre de sus seres queridos”.
Las víctimas de ejecuciones extrajudiciales que integran el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) dieron apertura a la jornada, sosteniendo un pendón con el mensaje ‘¿Quién dio la orden?’. Allí, pidieron que se les diera participación efectiva en el Sistema Integral para la Paz; el reconocimiento de las responsabilidades de los involucrados, en especial altos mandos de las Fuerzas Militares; la identificación de las víctimas que aún no han sido halladas; la construcción de monumentos de memoria en los batallones que dignifiquen a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, para no repetir estos hechos, así como medidas de reparación, esclareciendo la verdad sobre lo ocurrido.
Estos encuentros han sido claves para dignificar a las víctimas y a sus familias, quienes por años fueron estigmatizadas por altos mandos de las Fuerzas Militares y del Gobierno Nacional, que negaron los hechos o desestimaron las denuncias realizadas por los familiares.
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Esa negación de los hechos continúa por parte de algunos sectores políticos, como lo recordó Bertina Abadillo Erazo. Ella y su familia, provenientes del sur de Bolívar, fueron víctimas de la violencia ejercida por grupos paramilitares en su territorio. Una de sus hermanas fue asesinada, crimen que dejó cinco hijos huérfanos, uno de los cuales fue víctima de ejecución extrajudicial, en los años 2000.
“Las 6.402 ejecuciones extrajudiciales no son una mentira. Yo no soy de la izquierda ni de la derecha. No pertenezco a ningún partido político. Estamos reunidas porque somos madres de esta nación y nos duele”, indicó.
Además, cuestionó el actuar de miembros de la Fuerza Pública vinculados con estos hechos. “¿Será que no conocen el escudo que portan con orgullo, que dice Dios y Patria? La palabra Dios se refiere a un ser divino, omnipresente y omnipotente. Ustedes no son Dios, y no han hecho nada por la patria. Ustedes son mortales, y por tanto les espera un juicio”, expresó.
Familiares de las víctimas dieron sus testimonios, desde las cinco regiones donde se realizaron los encuentros previos durante agosto y septiembre de este año: Caribe, Orinoquia, Centro-oriente, Antioquia y Eje Cafetero, y la región Sur Andina (ver notas anexas a la derecha). Durante los intermedios de este, se presentó el artista Hendrix B, cuya música retrata la violencia vivida por las víctimas en Colombia.
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Además, los encuentros en esas regiones fueron posibles gracias a la articulación de la Comisión de la Verdad con organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos, como Movice, Movimiento de Madres de Víctimas de Falsos Positivos (Mafapo), Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Humanidad Vigente, Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez, Asociación Minga, Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, Organización Tejiendo Memoria, Corporación Jurídica Libertad, organización DH Colombia, Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, y Proceso de Familiares de Toluviejo.
Ha sido un crimen sistemáticoAlejandro Valencia, comisionado de la Verdad, explicó que uno de los objetivos del ‘Encuentro por el reconocimiento de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales’ es la de “espantar las mentiras” en torno a este delito, dado que quienes denunciaron estos crímenes fueron estigmatizados y revictimizados.
Explicó que la Comisión de la Verdad “ha escuchado 1.042 entrevistas de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, y a 178 comparecientes de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Ha escuchado 402 entrevistas a testigos y otros actores que han aportado información sobre hechos, dinámicas y contextos vinculados con este delito. También la comisión ha recibido 320 informes de organizaciones y sectores de la sociedad civil, y 91 casos individuales relacionados con ejecuciones extrajudiciales”.
Estos testimonios han aportado a las investigaciones adelantadas por la Comisión de la Verdad, en las que identificaron que esta grave violación a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario ha sido sistemática, desde finales de los años 70. Se intensificó durante el periodo de la seguridad democrática e hicieron “parte de una política para incrementar las cifras de muertes del enemigo, legitimar la política de seguridad oficial y publicitar su efectividad al privilegiar las muertes en combate sobre cualquier otro resultado militar”, expresó ante las víctimas el comisionado.
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La guerra corrompió a las instituciones en las que como población civil confiábamos
Según Valencia, el crimen de ejecuciones extrajudiciales fue realizado por medio de disposiciones legales, como leyes, decretos, directivas ministeriales, entre otros, que contribuyeron a cometer este delito y a evitar posibles investigaciones. También fue facilitado por disposiciones extralegales, las cuales, aunque no estaban escritas, promovieron esta práctica.
El comisionado explicó que si bien el Ejército Nacional y el Gobierno Nacional fueron señalados como principales responsables, “la comisión ha constatado que se consolidó un entramado de responsabilidades, en el cual participaron tanto actores estatales como no estatales, con diferentes niveles de jerarquía, responsabilidad y relaciones entre ellos”.
Además de este entramado institucional, que obstaculizó el acceso a la justicia de las víctimas y la investigación de los crímenes, también se identificaron otras acciones fraudulentas: “Se pudo evidenciar una alta malversación de recursos del Estado, los cuales se destinaron a financiar esta práctica criminal, hubo uso inadecuado de dinero proveniente de los gastos reservados el cual terminó en manos de civiles y militares que participaron directa e indirectamente en estos hechos”, explicó Valencia.
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María Margarita Flórez habló en nombre de las víctimas de la región Caribe, en especial del departamento de Sucre y del municipio Toluviejo. “La guerra corrompió a las instituciones en las que como población civil confiábamos. En Toluviejo 11 jóvenes fueron engañados, sacados del pueblo por reclutadores, quienes actuaban de la mano del Ejército y luego fueron desaparecidos. De estos 11 jóvenes, Edwin David Paternina Parra aún no aparece. Estamos a la espera de que nos lo entreguen para que su familia cierre ese ciclo”, dijo.
Su mensaje para la no repetición de este delito fue para las instituciones del Estado: “No esperemos a que Colombia sea el país que esté lleno de víctimas para que nos toque el corazón. Esta guerra nos tiene que doler a todos”.
Eliécer Árias habló en nombre del pueblo indígena kankuamo, afectado desde 1985 por el conflicto armado, que “ocasionó profundas rupturas en el tejido sociocultural y en las dinámicas de la memoria de los mayores”, dijo. Por eso, señaló que recordar ayuda a la no repetición.
Según Arias, “el conflicto armado ocasionó que más de 2.000 familias indígenas kankuamas fueran desplazadas; 401 muertos por parte de todos los actores armados, 61 personas desaparecidas y 16 ejecuciones extrajudiciales, cometidas por el Batallón La Popa, en operaciones conjuntas con las Autodefensas Unidas de Colombia”.
Enfatizó en que “el Estado debe pedir perdón, pero no con arrogancia. El perdón no puede ser a unos familiares, sino a todo el pueblo, ya que las víctimas se cuentan por todo el país”.
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Víctimas enfatizaron en que el Estado debe pedir perdón, pero no con arrogancia.
Comisión de la Verdad
Sildana Hernández Escobar habló en nombre de las víctimas de Santander y Norte de Santander. Al comenzar su intervención se quitó sus zapatos, “en señal de acompañamiento a todas las víctimas de Colombia, en especial a mi hermano Juan de Dios, a quien sacaron el 12 de septiembre de 2006 descalzo de su casa, sin darle la opción de colocarse unas chanclas. También por aquellas personas que han sido enterradas tan cruel e inhumanamente”, relató.
Sildana recordó que en estos departamentos las víctimas fueron principalmente hombres campesinos, en condiciones de pobreza, captados con engaños. “Las ejecuciones extrajudiciales allí son atribuibles a la Segunda División del Ejército Nacional”. Entre los múltiples impactos que trajo este delito, dijo que “las familias víctimas tuvimos que ver cómo denigraban el buen nombre de nuestros familiares, estigmatizándolos”.
Por su parte, Gloria Peláez Martínez, representante de las víctimas de Bogotá y Soacha, relató el último desayuno que tuvo con su hijo Daniel, el 8 de febrero de 2008, antes de que un hombre identificado como Pedro Gámez se lo llevara con engaños a una supuesta oferta de empleo. “Busqué a mi hijo durante ocho meses. Hasta que el 3 de octubre me dijeron que había aparecido como muerto en combate”, recordó Gloria.
Ella aprendió a tejer junto a otras mamás víctimas de ejecuciones extrajudiciales de Soacha para transformar su dolor en valentía: “No nos podemos dejar ganar del miedo. Nuestros hijos no hablan, pero nosotras sí”.
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Sildana Hernández Escobar habló en nombre de las víctimas de Santander y Norte de Santander.
Captura de pantalla Comisión de la Verdad
Camila Úsuga es una mujer trans del municipio de Bello, Antioquia, el departamento más afectado por ejecuciones extrajudiciales. Ella se reconoce como sobreviviente del conflicto armado y en su intervención habló de la desintegración de su familia: “La primera víctima fue mi cuñado, lo asesinaron en 1998, en Dabeiba, dejando una niña de tres años. Indira, mi cuñada, fue asesinada en 1999, dejó un niño de cinco años. Marlu, mi prima, y Ebelio fueron desplazados por los paramilitares. Mi hermano mayor fue asesinado el 11 de abril del 2000”, relató.
Me da tristeza saber que hubo soldados que apretaron el gatillo contra gente inocente
Ese mismo año, ella fue víctima de un montaje judicial, cuando tenía 18 años. “El Ejército y el CTI de la Fiscalía me sacaron de mi casa en un helicóptero. Me sindicaron por la muerte de dos policías, 17 soldados y por derribar un helicóptero Black Hawk. Me acusaban de ser alias Karina, pero yo me llamo Camila”, relató.
Por las víctimas de Antioquia y el Eje Cafetero también habló Fredy de Jesús Martínez, un exsoldado del Ejército Nacional, retirado de la institución por negarse a participar de Ejecuciones extrajudiciales: “Me da tristeza saber que hubo soldados que apretaron el gatillo contra gente inocente”, sentenció.
Fredy perdió a su hermano menor cuando tenía 17 años. Salían de un billar cuando comenzó una balacera en la que lo hirieron en la mejilla. A su hermano, en cambio, el Ejército lo presentó como un guerrillero. Ingresó a la institución buscando vengarse, y cuando encontró a uno de los culpables, y teniendo la oportunidad de dispararle recordó las palabras de su abuelo: “Solo Jehová da la justicia. En ese momento nació en mí el perdón”, dijo.
Camila Úsuga, una mujer trans del municipio de Bello, Antioquia, el departamento más afectado por ejecuciones extrajudiciales, habló en nombre de las víctimas.
Captura de pantalla Comisión de la Verdad
Cuando Astrid Sanabria Vega, representante de las víctimas de la región Orinoquía, comenzó su intervención, se preguntó: “¿Qué culpa tenemos de haber nacido en el Llano, de un conflicto armado, y de ser campesinos en una región olvidada por la seguridad nacional?”.
Astrid recordó que las ejecuciones extrajudiciales cometidas en la Orinoquía fueron, principalmente, realizadas “entre los años 2005 y 2008 por la Brigada 16, al mando de Henry Torres Escalante, y batallones como el Ramón Onato Pérez. Para ellos solo eran números, vacaciones y premios, pero para nosotros eran personas con proyectos de vida, con amor por sus hijos y sus hogares, con ganas de luchar y salir adelante por sus familias”. Dijo que como parte del proceso de reparación exigen justicia y verdad, “pero una verdad completa, no una a medias como vienen haciendo los militares”.
Gilma Carvajal habló en nombre de las víctimas del Caquetá. Explicó que lleva 15 años buscando la verdad sobre los asesinatos de su hermano Luis Eduardo Carvajal y los de Leiner y Giovanny Hoyos. “Todavía no encontramos respuestas”, indicó.
Además, expresó ante la Comisión de la Verdad que “un país entero está a la espera de una respuesta a estas madres, padres, hijos y hermanos que lloran cada día la pérdida de sus seres queridos”. En 2007 perdió a su hermano Luis Eduardo, “será que podemos responderle a un hijo que me pregunta todos los días: “Tía, por qué mataron a mi papá?”.
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Gilma Carvajal habló en nombre de las víctimas del Caquetá.
Captura de pantalla Comisión de la Verdad
Por la región Sur Andina habló Aladino Ríos, del departamento del Huila, y sobreviviente de este crimen. “La mayoría de víctimas fuimos civiles, ejecutados en total indefensión. Fuimos hombres y jóvenes que nos engañaron con ofertas para ser recolectores de café y oficios varios”, relató.
Aladino contó los hechos de los que fue víctima: “Como parte de la estrategia del Ejército, en una acción cobarde, las víctimas fuimos torturadas. En mi caso me amarraron de los pies. Me tuvieron junto a Albeiro Hernández Cerón cuatro horas y media, sentados sobre un barranco. A la medianoche un soldado me llevó a la carretera y me empezó a disparar, y me hirió. Me levanté y comencé a correr. Las secuelas me dejaron afectaciones en mi vida emocional y familiar. Aún lucho para obtener justicia”.
Aladino Ríos, del departamento del Huila, habló en nombre de las víctimas de la región Sur Andina.
Captura de pantalla Comisión de la Verdad
Martha Giraldo, representante de las víctimas del Valle del Cauca y del Movice, explicó cómo los familiares de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales han emprendido largas luchas para limpiar el buen nombre de quienes fueron asesinados. “Eran campesinos, con condiciones precarias y de vulnerabilidad. La mayoría de las personas dependía de una economía de subsistencia, sin garantías laborales, y de ellas dependían sus núcleos familiares”.
Añadió que en muchos casos las víctimas eran retenidas durante horas, días, e incluso durante meses. “Nuestros familiares fueron asesinados para que militares fueran ascendiendo”, señaló.
Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad.
Comisión de la Verdad
Gracias por haber venido desde tantos lugares, con tantos sacrificios, para recordar y traer a este espacio a sus víctimas, que son quienes nos han convocado. Esposos, hijos, hijas, mujeres, que fueron asesinadas y asesinados por miembros del Estado colombiano.
Gracias porque nos hacen sentir esta unión tan profunda. Ellos viven entre nosotros. La fuerza que tenemos es la de hombres y mujeres que han estigmatizado y señalado como cómplices y criminales. Ustedes saben qué es eso, el señalamiento y la estigmatización. Pero ellos, las víctimas y sus familias, con su gran dignidad y presencia nos tienen aquí reunidos.
Mis compañeros y compañeras de la Comisión de la Verdad en todo el país me desbordan en coraje, en grandeza y en lucha por los derechos humanos. Con ellos estamos aquí para escucharlos, para recibir de ustedes su grandeza humana. Para poner de parte de la Comisión de la Verdad lo que nos toca hacer a nosotros para que esta barbaridad no continúe en Colombia. Esperamos de ustedes su ayuda, con su coraje, con su empuje y su crítica para que honremos de verdad a quienes en Colombia nos acompañan desde el más allá en esta lucha.
Vamos a profundizar los lazos para que en el tiempo que le queda a la Comisión podamos empaparnos a fondo de esta realidad, en lo posible, de la mayoría de las víctimas. Quiero agradecerle a Luz Marina Bernal por sus palabras. Me impresionó cuando decía: “Yo parí a mi hijo para la vida, pero él me parió para la lucha”. Esa lucha en la que estás con tanta determinación.
Nosotros somos una institución autónoma, de Estado, que no tiene que darles más cuentas sino a las víctimas del país y a la verdad para que las cosas que han ocurrido nunca más vuelvan a acontecer
Me impresionó mucho escucharle a Bertina Amarillo Erazo la fuerza espiritual que ella nos planteó: “Sepan ustedes, militares, que no son Dios, y que Dios sabe todas las cosas. No pueden disponer sobre ninguna vida”. Es muy difícil recoger lo que ustedes han puesto aquí y la forma tan profunda en la que nos han tocado.
Daniel en su último desayuno en Soacha, como nos contó su mamá. Luis Carlos, descalzo, sacado de su casa en ese pueblito de Santander. Carlos Arturo, asesinado en el Boquete. Los once jóvenes de Tolú. Los tres jóvenes de Pradera, Eje Cafetero. Gonzalo, el hijo de María Gallego. Raquel, que nos habló de la forma en la que mataron a su hijo, que había sido soldado, cuando estaba en incapacidad en el Meta.
Luis Eduardo Carvajal, hermano de Gilma. Quiero agradecerle a Emiro la forma en la que nos habló: gracias por haberme marcado al haber dicho: “Justicia no es venganza”. También, nosotros tuvimos casi en la esquina de la Comisión a Raúl Carvajal, en su carrito, cuando seguía defendiendo la dignidad de su hijo asesinado.
Quiero decirles que la Comisión no es delegada del Gobierno. Nosotros somos una institución autónoma, de Estado, que no tiene que darles más cuentas sino a las víctimas del país y a la verdad para que las cosas que han ocurrido nunca más vuelvan a acontecer.
Esperamos que la Comisión, con ustedes, pueda hacerle sentir a Colombia la gravedad de este crimen.
No puedo terminar sin agradecerles y decirles que las víctimas nos han tocado el alma. Queremos hacer una conversación a fondo. Ustedes son lo central en lo que estamos haciendo.
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