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4 de 10 hogares desplazados dejaron de comer 3 veces al día en pandemia
Desplazamiento Tibú

Desplazados de Tibú, Norte de Santander. Foto de referencia.

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Alcaldía de Cúcuta

4 de 10 hogares desplazados dejaron de comer 3 veces al día en pandemia

Desplazados de Tibú, Norte de Santander. Foto de referencia.

Estudio revela impacto de la pandemia en las víctimas de desplazamiento forzado en Colombia.

La pandemia afectó sensiblemente a una población que ya era vulnerable entre las vulnerables: los desplazados que ha dejado el conflicto armado.

Así lo concluye un estudio de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado (CSPPDF), con el apoyo del Programa de Participación y Reparación Colectiva de Usaid y la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes).

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Los investigadores encontraron que el 32,7 % de estos hogares no había recibido durante la pandemia ninguna ayuda gubernamental y que cuatro de cada 10 hogares dejaron de alimentarse tres veces al día.

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Para realizar este estudio, que será presentado en un espacio virtual este martes 23 de noviembre a las 9 a. m., se encuestó a 907 hogares de víctimas de desplazamiento en 20 municipios entre mayo y junio de 2021, pasado un año del comienzo de la pandemia de covid-19. 

Los municipios encuestados fueron: San Jacinto, Ovejas, El Carmen de Bolívar, Cartagena, Santa Marta, Chibolo, Bojayá, Buenaventura, Pasto, Tumaco, Chaparral, Ataco, Planadas, Rioblanco, Buenos Aires. Santander de Quilichao, Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.

De acuerdo con Luis Jorge Garay, director del Equipo de Verificación de la CSPPDF, “el propósito de este estudio fue examinar los efectos de la pandemia del coronavirus sobre el acceso a los derechos a la educación, la salud, el trabajo y los ingresos, la percepción de pobreza, la insuficiencia alimentaria y la brecha digital de la población desplazada”.

Garay añadió que la población desplazada es vulnerable entre las más vulnerables, por lo que era previsible que “sin una rigurosa política de protección, los impactos de una pandemia se sintieran más”.

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Y así fue. La investigación encontró que entre los hogares encuestados, en ciudades intermedias solo 35,9 por ciento conservó el empleo que tenía antes de la pandemia; en ciudades grandes, fue el 46,6 por ciento, y en ciudades pequeñas, el 78 por ciento.

Frente a insuficiencia alimenticia, de los 907 hogares encuestados, 336 (37 %) dejaron de consumir tres comidas diarias, los que solo consumían dos comidas al día pasaron de 356 a 513 (un incremento del 44,1 por ciento), los que únicamente consumían una comida al día pasaron de 21 a 193, aumentando nueve veces; y se pasó de cero hogares que no consumían ninguna comida al día a 7 después de la emergencia.

Así mismo, 622 hogares comieron menos de lo que deseaba o se quejó de hambre por falta de alimentos o de dinero para comprarlos.


Además, 18,8 por ciento de los hogares se consideró como muy pobre, 63,2 % como pobres, y solo 17,9 % indicó tener recursos suficientes para sufragar gastos esenciales. 

“A nivel socioeconómico, evidenciamos tres grandes impactos negativos en la economía de la población desplazada durante la pandemia: la pérdida de empleo o actividad laboral; la fuerte caída de ingresos ya de por sí precarizados antes de la pandemia; y las crecientes dificultades para hacer frente a gastos de los hogares como la alimentación, los servicios públicos y arrendamientos”, afirmó Garay.

El estudio también encontró que, de las personas desplazadas que se ocupaban como obreros y empleados particulares, solamente el 47,4 por ciento conservó empleo en la pandemia.  

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En pandemia, más de 60 % de hogares de familias desplazadas se consideró como pobre.

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Afectación a la educación

En cuanto a educación, la Comisión de Seguimiento indicó que las tasas de cobertura bruta educativa continúan siendo bajas en educación media (81 por ciento) y superior (23,7 por ciento) para la juventud víctima de desplazamiento, reflejando problemas de oferta educativa en los municipios.
 
También hubo un llamado de atención porque el 85,9 por ciento de los hogares desplazados reportó haber tenido problemas de conectividad para el acceso remoto a la educación y el 38,6 por ciento de los niños, niñas y adolescentes desplazados no están matriculados en establecimientos educativos.

Entre las causas de no matrícula, las principales fueron: por motivos económicos, 37,1 %; porque debía trabajar 20,5 %; y por causa de la pandemia 14,9 %.

Respecto a conectividad, el estudio encontró que tres de cada 10 hogares desplazados no tenía acceso a internet, mientras que el 84,6 por ciento no tenía dispositivos tecnológicos suficientes (computadores, tabletas o smartphones) para las actividades de toda la familia.

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Llamado al gobierno

De otro lado, aunque la población desplazada debe tener atención prioritaria, el 32,7 por ciento de los hogares dijeron no haber recibido durante la pandemia ninguna de las ayudas gubernamentales, como Ingreso Solidario, creado en la emergencia sanitaria, o Familias en Acción, que existe desde antes.

Garay comentó que tras 17 años del fallo de la Corte Constitucional que declaró el estado de cosas inconstitucional en cuanto al desplazamiento forzado, aunque hay avances, la situación sigue siendo delicada.

“Dada la precariedad de ingresos, se requiere una política diferencial del Gobierno para contribuir a los derechos de esta población. Es fundamental tener una política de ingreso mínimo vital para esta población víctima. Esto debe ser complementario con políticas de empleo y generación de ingresos”, indicó.

Garay concluyó que es necesario, no solo para la población víctima de desplazamiento forzado, “avanzar en condiciones mínimas de conexión, que el acceso a internet sea más cercano a un bien público; de lo contrario, la digitalización abrirá una brecha insorteable para la juventud y la niñez”.

justicia@eltiempo.com
En Twitter: @JusticiaET

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