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La lucha de un exmilitar tras pisar una mina antipersona
Nelson Moreno

Nelson Moreno pisó una mina antipersona cuando se desempeñaba como soldado profesional.

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Archivo Particular

Reportaje multimedia

La lucha de un exmilitar tras pisar una mina antipersona

Nelson Moreno pisó una mina antipersona cuando se desempeñaba como soldado profesional.

Nelson Moreno fue víctima de una mina en el 2011. Hoy es delegado ante la Mesa Nacional de Víctimas.

“Soy soldado raso, ya no quiero nada / Muero los domingos tras el camuflaje” (Canción de Ricardo Arjona)

Se apoya en dos muletas de codo para caminar. Son imprescindibles. Con el paso de los años ha aprendido a dominarlas y cada vez se contonea menos al desplazarse. Cuando se detiene recarga ligeramente la fuerza del cuerpo hacia su pierna izquierda. La derecha, entre tanto, descansa en el suelo, sin presión. A veces, en esa posición, Nelson Moreno (45 años) levanta las manos, y con estas los bastones. Habla también con sus extremidades, y así va contando el incidente que cambió su vida hace exactamente diez años.

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Él lleva en el cuerpo las consecuencias del conflicto armado que duró más de 50 años en el país y que se cobró 8,8 millones de víctimas: sobrevivió a una mina antipersona sembrada por grupos al margen de la ley en un campo minado cuando se desempeñaba como soldado profesional del Ejército.

Nació en San Juan de Río Seco (Cundinamarca) a dos horas y media de Bogotá, en el seno de una familia campesina, “como la mayoría de las familias de los soldados rasos del país”, dice. Desde muy pequeño aprendió a jornalear recogiendo café y cultivando maíz, ahuyama y plátano; asistía a la escuela y pronto se dio cuenta de la falta de oportunidades que rondaba a su hogar. Por eso, a los 18 años, con la esperanza de una vida mejor, se trasladó a la capital y al poco tiempo fue seleccionado para prestar el servicio militar.

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Estuvo en las filas de la Fuerza Pública durante 16 años. Nelson recorrió los bordes más inhóspitos de las selvas colombianas. Fue testigo de la guerra. Vio caer a varios compañeros suyos y a otros tantos, por su labor como enfermero de combate, los tuvo que auxiliar en momentos críticos; presenció cómo combatientes del bando contrario se entregaron y cómo a otros les dieron de baja. “Ese era el pan de cada día de nosotros”.

Dice que lo dio todo en su labor por la patria, pero confiesa que le resultaba agotador. Para huir de esa realidad, cada vez que podía, se entregaba a las canciones de Ricardo Arjona y a las páginas de las novelas del escritor mexicano Carlos Cuauhtémoc Sánchez, que su esposa Sandra le enviaba siempre en las encomiendas. Pensaba en su vida fuera del campo de batalla, en un futuro, y se aferraba al deseo de volver a ver a su familia.

Pero la vida le cambió el 20 de noviembre de 2011.

Era domingo. Luego de dos días de camino, Nelson y la tropa llegaron a pernoctar a una zona aledaña al municipio de La Uribe, en el departamento del Meta, un área montañosa con alta influencia de grupos armados ilegales. En el suelo notaron las huellas de unas botas. Parecían recientes, así que era claro que había que mantenerse alerta.

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Hacia las 4 p.m., Nelson se fue a bañar. Se acercó a su carpa. Cuando iba a tomar su fusil, en cuestión de segundos, la vista se le nubló. Un estallido irrumpió la tranquilidad del campamento. Escuchó la detonación en el borde de su oído. Boom. Su cuerpo salió disparado con una fuerza incontenible, y ahí temió lo peor. “Caí muy abajo —recuerda—. Mis compañeros no se podían acercar por seguridad. Yo no me atrevía a mirarme los pies porque cuando iba en el aire me sentía liviano. Como pude, me arrastré hasta donde estaban los demás, me senté y cerré los ojos. Luego de un momento, decidí abrirlos y vi que mis pies estaban ahí, en su lugar”.

Nelson Moreno es uno de los 7.267 exmiembros de la Fuerza Pública que han sido afectados por estos artefactos,

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Archivo Particular

Sus compañeros lo miraban con el gesto del horror que solo produce la crudeza de la guerra. Ver caer a otro soldado era un temor que compartían todos y enfrentarse a una situación así fácilmente desmoralizaba a la tropa.

Nelson quedó con el tobillo destrozado y la pierna llena de esquirlas. Y aunque suene inconcebible, hoy confiesa que en ese momento, en medio del dolor, solo pudo hacer una cosa: “Yo le agradecía a Dios por tener mis pies”.

Al día siguiente lo trasladaron en un helicóptero hasta la cabecera de La Uribe y de allí hacia Tolemaida, en el municipio de Nilo, en Cundinamarca.​​​ Ya en la base militar, le avisó de lo ocurrido a su esposa, quien a su vez se lo contó a doña Leonor, su mamá, la mujer que lo esperaba en su casa cada seis u ochos meses cuando le autorizaban un permiso de salida. Ella, llena de angustia, lo llamó de inmediato. “Me preguntaba si era cierto que yo aún tenía los pies, que si estaba ‘completo’”', narra Nelson, quien se toma una pausa durante su relato para tomar un poco de aire y contar que el reencuentro con su familia, sellado con un abrazo días después, lo marcó para siempre.

Sin saberlo, empezaría otra batalla en su vida. Una muy distinta.

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En el hospital vino la frustración. Y hoy evoca ese sentimiento amargo: “En solo unos momentos pasé de ser un militar activo a ser alguien que no le servía para nada (al Estado). Me di cuenta de que no a todos nos atendían igual y ahí fue cuando empecé a pelear por mis derechos y por los de mis compañeros”.

Según cifras de la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (DAICMA), desde 1990 hasta septiembre pasado se registraron 12.103 víctimas por minas antipersonal y munición sin explosionar en Colombia. 2.333 de ellas perdieron la vida y las otras 9.770 quedaron heridas o con una discapacidad.

Entre las víctimas se identifica, además, que el 40 por ciento (4.836) corresponde a civiles y el 60 por ciento restante (7.267) a miembros de la Fuerza Pública que cayeron en las trampas mortales que subversivos dejaban en asentamientos, zonas de tránsito o en los sitios estratégicos de protección para repeler eventuales ataques.

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Nelson es una de las voces que actualmente le pide a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) la apertura de un macro caso sobre minas antipersona.

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Archivo Particular

Para estos exoficiales es incalculable el daño que les dejaron las minas. Se vieron forzados a cambiar abruptamente sus proyectos de vida y los de sus familias; a transformar por completo su cotidianidad y la de su entorno, y a enfrentar la discriminación y todo tipo de secuelas físicas y psicológicas. Todo esto sumado a un sentimiento de abandono por parte del Estado y la sociedad.

“Nos sentimos como un arma que ya no funciona y que dejan a un lado —se duele Nelson—. Salimos sin saber cómo adaptarnos y quienes reciben esa carga negativa son las esposas, los padres, los hijos, y eso deja como resultado familias desintegradas, desatendidas, a veces a la deriva, y muchos compañeros cogen el rumbo de la calle, las drogas, el alcoholismo, el suicidio”.

Desde la Oficina del Alto Comisionado para la Paz señalan que se han desarrollado varias acciones orientadas a fortalecer el acceso a derechos de las víctimas de minas antipersona, como la implementación de una ruta de atención en salud y rehabilitación funcional y una prestación humanitaria a través del Ministerio de Trabajo para las víctimas con una pérdida igual o superior del 50 por ciento de la pérdida de capacidad laboral.

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Pero los afectados aseguran que estas medidas no siempre se cumplen. De hecho, Nelson dice que volver a empezar es quizá más difícil que haber caído en el campo minado. “Uno nunca está preparado para lo que viene después. No hay una atención digna para nosotros o nuestra familias”. Precisamente, eso lo motivó, por ejemplo, a crear hace unos años junto a su esposa una empresa de confección de prendas y accesorios militares para emplear como modistas a las madres de oficiales de la Fuerza Pública víctimas de minas, lo que les daba fondos económicos a esas familias para gastos médicos y de necesidades básicas mientras avanzaba la recuperación.

Nos sentimos como un arma que ya no funciona y que dejan a un lado

Nelson no ha descansado un solo día desde que asumió la convicción de que algún propósito divino está detrás de su trágica experiencia.

En 2017, con el apoyo de la Fundación Dignidad, Respeto y Honor, que trabaja facilitando contactos y herramientas para visibilizar a las víctimas de la Fuerza Pública y a sus familias, Nelson entró a conformar las mesas de participación de la Unidad para las Víctimas.

Al poco tiempo, y con el aval de sus compañeros, fue elegido representante en las mesas de orden local y distrital. Y actualmente es delegado ante la Mesa Nacional de Víctimas, la máxima figura de representación de los sobrevivientes del conflicto armado.

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En el liderazgo Nelson encontró una faceta suya que desconocía. “Es un tema de voluntad y amor que lo lleva a uno a creer en sí mismo y en los procesos”, dice. Hoy su bandera es la exigencia de los derechos de quienes, como él, padecieron el acto victimizante de las minas antipersona.

Lucha por que se les brinde asistencia —no asistencialismo— y atención y para que los grupos al margen de la ley desistan del uso de estos artefactos explosivos, los cuales siguen llenando de terror a las tierras colombianas. Entre enero y septiembre de este año, según el DAICMA, hubo 114 víctimas, de las cuales 72 corresponden a civiles y 42 a miembros de la Fuerza Pública.

En Colombia, 407 municipios están sin sospecha de minas (228 mediante operaciones de Desminado Humanitario y 179 mediante Consejos Municipales de Seguridad).

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Julián Ríos Monroy. EL TIEMPO

Su batalla más reciente la está librando ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En septiembre pasado Nelson interpuso una acción popular contra el tribunal de justicia transicional para que se dé la apertura a un macro caso que vincule a todas las víctimas de minas antipersona, artefactos explosivos improvisados y municiones sin explotar en el marco del conflicto. Como esta, otras iniciativas se han sumado a esa causa. Por ejemplo, la Fundación Funvides le presentará en enero un informe a ese tribunal sobre minas antipersona, en el cual se incluirán los testimonios de alrededor de cuatro mil víctimas, entre población civil y ex oficiales del Ejército.

Las voces coinciden en que la apertura de ese macro caso visibilizaría los problemas y las necesidades de estas víctimas y, por consiguiente, sería un primer paso para la reparación, el acceso a la verdad y la garantía de no repetición. El tribunal tendrá sobre la mesa la opción de abrir o no este capítulo del conflicto.

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Por lo pronto, personas como Nelson le siguen apostando a la paz. Aunque considera que en estos cincos años del acuerdo ha hecho falta atención a las víctimas de minas antipersona, reconoce que es positivo la disminución de casos. “Yo voy al Hospital Militar a que me atiendan y he visto que cada vez son menos los compañeros heridos. Eso me alegra porque se da cuenta uno de que ya no hay tantas víctimas de minas como antes”.

Y no es solo su percepción. La DAICMA señala que, en la última década, “la tendencia ha venido cayendo, con excepción del 2012, hasta ubicarse en 2016 en niveles que no se presentaban desde 1999”.

Hace un llamado, además, para que la sociedad le apueste a la reconciliación y respalde las múltiples iniciativas que dignifican a las víctimas directas e indirectas de las minas e invita a la institucionalidad y a la cooperación internacional para que, más allá de seguir adelante con el desminado humanitario, contribuyan a la reparación integral.

El compromiso de Nelson con la paz es firme. “A quienes quieren que siga el conflicto yo les hago una pregunta: ¿estarían dispuestos a dar una parte de su cuerpo, su salud o la vida de un hijo para esta guerra?”, concluye.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ
Periodista de ELTIEMPO.COM
En Twitter: @williammoher

*Con información de la Unidad para las Víctimas y la Mesa Nacional de Víctimas. Agradecimiento por su colaboración para la redacción de esta historia.

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