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Paz y Derechos humanos

‘Falsos positivos’: por demoras de la justicia, CIDH estudiará 4 casos

Doris Tejada, madre de Óscar Morales, sostiene los retratos de su hijo (centro), Octavio Bilbao (der.) y Germán Leal (izq.) en el lugar donde fueron asesinados.

Doris Tejada, madre de Óscar Morales, sostiene los retratos de su hijo (centro), Octavio Bilbao (der.) y Germán Leal (izq.) en el lugar donde fueron asesinados.

Foto:Laura Becerra González. CCJ

Revisará los procesos de Óscar Morales, Álix Vargas, Ómar Triana y Yonny Duvián Soto.

rEDACCIÓN jUSTICIA
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió los casos de Álix Fabián Vargas Hernández, Ómar Leonardo Triana Carmona, Óscar Alexánder Morales Tejada y Yonny Duvián Soto Muñoz, víctimas de desaparición forzada y homicidio presentados falsamente como bajas en combate por miembros del Ejército Nacional, bajo el entramado criminal de los ‘falsos positivos’.

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El organismo internacional determinó, en virtud de la información entregada por el Estado colombiano y la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), que representa legalmente a las víctimas, que existen elementos indicativos y claros sobre las posibles violaciones de casi una decena de derechos en los casos de los jóvenes asesinados.
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 “La CIDH observa que efectivamente se iniciaron procesos penales frente a cada uno de los cuatro casos, pero ninguno de estos ha resultado en el juzgamiento y sanción de la totalidad de los responsables de cada crimen; aunque estos fueron perpetrados entre los años 2007 y 2008, esto es, entre trece y catorce años antes de la adopción del presente informe”, sostuvo la comisión en el documento en el que se admitieron los casos para estudio.
Las madres de Soacha llevan más de 13 años luchando por encontrar la verdad de los 'falsos positivos' y exigir justicia.

Las madres de Soacha llevan más de 13 años luchando por encontrar la verdad de los 'falsos positivos' y exigir justicia.

Foto:César Melgarejo. EL TIEMPO

Moisés David Meza, abogado de la CCJ que lleva el caso ante la comisión, señaló: “Consideramos que con esta decisión, la CIDH hará un valioso estudio, complementando la labor que ha venido desempeñando la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), para que de forma complementaria se cumplan los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición. Esperamos que con este informe de admisibilidad el Estado cumpla con sus obligaciones internacionales”.
Si bien el organismo internacional destacó que en el proceso ante la JEP han sido reconocidos como víctimas los familiares de Vargas, Triana, Morales y Soto – lo cual el Estado incluyó dentro de su excepción de falta de agotamiento de los recursos en el interior del país–, para la CIDH esto no es suficiente para cerrarle la puerta al caso.
“Inadmitir el caso implicaría dilatar irrazonablemente en perjuicio de las víctimas su acceso al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, especialmente teniendo en cuenta que está pendiente de definición, en la etapa de fondo, el punto atinente a la idoneidad de los procedimientos ante la JEP para satisfacer los derechos de las víctimas en armonía con los estándares interamericanos relevantes”, se lee en la decisión.
Para la CCJ, aunque “la responsabilidad del Estado colombiano por la vulneración grave de estos derechos humanos sería definida en una etapa posterior, por ahora el informe de la CIDH que admite estos casos es para las víctimas y la sociedad colombiana una esperanza de alcanzar justicia”.
(Lea también: Las verdades que ex-Farc reconocieron sobre la masacre de Bojayá ante JEP)

Así se dieron los hechos

De acuerdo con los hechos alegados ante la CIDH, Álix Fabián Vargas Hernández tenía 25 años cuando fue detenido arbitrariamente, desaparecido forzadamente y ejecutado por miembros del Grupo de Caballería Mecanizado n.º 1 de la I Brigada del Ejército Nacional. Su detención tuvo lugar el 7 de agosto de 2008, en su sitio habitual de trabajo en la Terminal de Transporte de la ciudad de Tunja, Boyacá, y fue ejecutado un día después en el corregimiento de Susa del municipio de Onzaga, Santander.
En el caso de Ómar Leonardo Triana Carmona, fue ejecutado el 15 de agosto de 2007 por miembros del Batallón de Ingenieros n.º 4 con sede en el municipio de Bello, Antioquia, y fue reportado por estos como una persona no identificada (NN) perteneciente a una banda criminal emergente al servicio del narcotráfico; y que había sido dado de baja en un supuesto enfrentamiento armado.
“La justicia nos ha fallado, no sabemos la verdad y falta mucho por confesar", dice Doris Tejada.

“La justicia nos ha fallado, no sabemos la verdad y falta mucho por confesar", dice Doris Tejada.

Foto:Héctor Fabio Zamora/ EL TIEMPO

Óscar Alexánder Morales Tejada, de 25 años, fue ejecutado el 16 de enero de 2008, junto con dos personas más, por agentes del Pelotón Bombarda Uno del Batallón de Artillería n.º 2 La Popa, adscritos a la Décima Brigada Blindada del Ejército, en el corregimiento Caracolito del municipio de El Copey, Cesar, y fue reportado inicialmente como persona NN miembro de una organización criminal que había muerto en un supuesto combate.
Sobre Yonny Duvián Soto, de 22 años, se informó que desapareció en Bogotá desde el 9 de agosto de 2008 y fue ejecutado por miembros de la patrulla Ayacucho 3, adscrita al Batallón de Infantería n.º 15 del Ejército, el 12 de agosto de 2008, en la vereda San Antonio del municipio de Bucarasica, Norte de Santander, quienes lo presentaron como un miembro del frente 33 de las Farc dado de baja en un supuesto combate.
Los cuatro homicidios se dieron en parte del periodo en el que, según la JEP, se cometieron al menos 6.402 ejecuciones extrajudiciales.
justicia@eltiempo.com

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