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Paz y Derechos humanos

Los desafíos de la justicia tras cierre de examen de la CPI sobre Colombia

Colombia y la CPI firman acuerdo.

Colombia y la CPI firman acuerdo.

Foto:Presidencia

Garantías de funcionamiento a la JEP y sanciones a la altura contra crímenes, entre retos. Análisis.

El más antiguo de los exámenes preliminares abiertos por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) en el mundo tuvo su cierre esta semana. Después de 17 años de empezar su observación sobre Colombia por los execrables crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado interno, el organismo internacional determinó que la justicia nacional puede cumplir sus obligaciones, garantizar que no haya impunidad y satisfacer los derechos de las víctimas, con lo que descartó la apertura de un caso formal contra el país, por ahora.
La decisión –que representa un espaldarazo al Estado y sus órganos judiciales y marca un paradigma en la relación de Colombia con la Corte– se formalizó con un acuerdo de cooperación de cinco páginas, firmado por el presidente Iván Duque y el fiscal de la CPI, Karim Khan. El documento no solo define las reglas de juego para finalizar la observación, sino que también deja en claro que el tribunal internacional continuará monitoreando la situación del país y, en caso de que se incumplan los compromisos, reactivará su competencia.
Así las cosas, aunque se trata de una decisión celebrada por varios sectores –si bien no le faltaron críticas–, también les plantea al Gobierno y a la justicia colombiana una serie de desafíos y tareas que tendrán que cumplir a cabalidad para no volver a quedar con ‘matricula condicional’ ante la Fiscalía de la CPI.
“Los retos son enormes. Primero, que la justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Fiscalía y los jueces penales opere adecuadamente, que haya investigaciones, juzgamiento y sanciones genuinos. El otro reto es mantener el principio de complementariedad positiva, no solo en cuanto a comunicación, también en tomar acciones a tiempo si hay demoras o complicaciones, y comunicarle a la CPI constantemente los avances correspondientes”, explicó Camilo Gómez Alzate, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje).
El director general de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Camilo Gómez en entrevista para El Tiempo. Bogotá 20 de agosto de 2021. Foto: César Melgarejo/ CEET

El director general de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Camilo Gómez en entrevista para El Tiempo. Bogotá 20 de agosto de 2021. Foto: César Melgarejo/ CEET

Foto:César Melgarejo

La CPI cierra el examen, pero eso no evita que siga haciendo vigilancia: el riesgo de que se vuelva a abrir esa investigación y la presión de que eso ocurra sigue latente: Juana Acosta

En septiembre pasado, la Andje le presentó a la Fiscalía de la CPI un informe de 129 páginas, conocido por EL TIEMPO, en el que mostró los progresos que la justicia transicional y la ordinaria han logrado en los cuatro asuntos bajo examen preliminar: promoción y expansión de grupos paramilitares, desplazamientos forzados, delitos sexuales y violencia de género, además de las muertes ilegítimamente presentadas por militares como bajas en combate (‘falsos positivos’).
Entre los avances contenidos en el documento se destacan las condenas a 560 exparamilitares dictadas por los tribunales de Justicia y Paz, las sentencias de la Corte Suprema de Justicia contra 57 congresistas y gobernadores por ‘parapolítica’, la apertura de siete macrocasos (y las primeras imputaciones en dos de estos) a cargo de la JEP, las condenas a la Nación por más de 6.000 procesos que ha dictado el Consejo de Estado, las investigaciones de la Fiscalía en 11.771 procesos por desplazamiento (530 con sentencia) y las pesquisas del ente acusador sobre 2.314 casos de ejecuciones extrajudiciales.
Para la profesora Juana Inés Acosta, experta en Derecho Internacional, el cierre de la investigación “es un reconocimiento a las labores conjuntas que ha venido realizando la justicia”.
Aunque desde algunas organizaciones de víctimas y de derechos humanos se calificó la decisión de “apresurada” y “errada”, la docente asegura que “lo que matiza la preocupación de que pueda ser riesgoso es el acuerdo de cooperación, porque no es que la Fiscalía de la Corte deje de hacerle seguimiento al país. La CPI cierra el examen, pero eso no evita que siga haciendo vigilancia: el riesgo de que se vuelva a abrir esa investigación y la presión de que eso ocurra sigue latente. En ese sentido, la clave es ver hacia el futuro qué tiene que hacer el país para que no se reabra”.
Información entregada a la Fiscalía de la CPI ok

Información entregada a la Fiscalía de la CPI ok

Foto:EL TIEMPO

Las tareas por cumplir

Si bien los compromisos que el gobierno Duque suscribió con la Fiscalía de la CPI vinculan, en general, a todos los órganos de justicia del país, la carga principal para acabar con la impunidad en los crímenes de guerra y de lesa humanidad la recibió la Jurisdicción Especial para la Paz. El tribunal transicional, fruto del acuerdo de paz con las Farc, tiene competencia prevalente sobre varios delitos que involucran a exguerrilleros de las Farc, militares y terceros civiles que participaron en el conflicto y estaban en el radar de la Fiscalía de la CPI.
El reconocimiento de esa entidad al trabajo que la JEP ha adelantado en los últimos tres años fue tal, que el primero de los artículos del acuerdo de cooperación obliga al Gobierno Nacional a “continuar salvaguardando el marco constitucional y legislativo” de la JEP y su estructura, “asignando el presupuesto necesario para su implementación y previniendo cualquier interferencia con sus funciones”. Violar estas condiciones reactivaría de inmediato la competencia del tribunal internacional sobre Colombia.
Se espera que ese compromiso, ya suscrito, genere además un cambio en las relaciones entre el Ejecutivo y la JEP, que han estado marcadas por una tensión desde antes de que Duque llegara a la Casa de Nariño.
Entre las propuestas de campaña del hoy Presidente estaba la de hacerle cambios de fondo a la Jurisdicción, algunos de los cuales se plantearon en las objeciones que el mandatario hizo sobre la ley estatutaria del tribunal. Y su partido, el Centro Democrático, ha tramitado tres proyectos para modificar la estructura de la JEP, que aunque parecían no contar con mayorías para salir avante, terminaron quedándose sin oxígeno a raíz del acuerdo con la Fiscalía de la CPI.

El país debe “seguir investigando los crímenes y cumplir con los estándares internacionales y no permitir que haya impunidad y ampliar la participación de las víctimas”

Para el abogado asesor de la Comisión Colombiana de Juristas Juan Carlos Ospina, quien durante los últimos cinco años le ha hecho seguimiento al examen preliminar, el principal desafío de cara al cierre de la observación es, precisamente, “mantener a las instituciones, respaldarlas y fortalecerlas, para que estas puedan generar resultados”.
“Hay que dar continuidad a los esfuerzos de la justicia con el propósito de reducir la impunidad en Colombia, de forma que no sea solo una respuesta frente a un compromiso, sino que haya unas mejoras sustanciales que deriven en unas mejores condiciones frente a la situación de derechos humanos y la comisión de crímenes de competencia de la CPI”, señaló Ospina.
En ese sentido, el presidente Duque señaló que el acuerdo con la Fiscalía de la CPI es “un gran voto de confianza en nuestro país, en nuestras instituciones” y marca un camino “en el que todos los colombianos tenemos que contribuir a fortalecer los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición”.
Para lograr esa meta, el país debe “seguir investigando los crímenes y cumplir con los estándares internacionales –como el Protocolo de Minnesota o el protocolo de Estambul–, no permitir que haya impunidad y ampliar la participación de las víctimas”, apuntó Juan Pablo Hinestrosa, quien fue abogado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y director de Justicia Transicional de la Fiscalía General.
“El país tiene que ser digno del espaldarazo, el empoderamiento que la Corte le acaba de dar”, agregó, y recordó que no se esperan resultados exclusivamente de la JEP, sino también de la Fiscalía, la jurisdicción ordinaria y el sistema de Justicia y Paz.
“No hay que olvidar que grupos como el Eln o el ‘clan del Golfo’ siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad, que ya no son de competencia de la JEP, sino de la justicia ordinaria, que sigue teniendo responsabilidades”, dijo Hinestrosa.

Sanciones, la clave

Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI).

Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI).

Foto:CPI

La profesora Juana Acosta, integrante del Observatorio de la JEP (ObservaJEP), destacó como elemento crucial en el proceso que se viene la imposición de sanciones por la jurisdicción transicional contra los máximos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Según lo establecido en el acuerdo de paz, si los procesados dicen toda la verdad y asumen su responsabilidad, serán condenados a penas restaurativas, que no contemplan ir a prisión.
“La (Fiscalía de la) CPI, con el respaldo que le dio al sistema y el modelo de la JEP, muestra también que las sanciones propias –que no son carcelarias– pueden llegar a cumplir el precepto de ser adecuadas para crímenes internacionales. Ahora el reto está en demostrar que es así, y esto implica que las penas no solo tengan un componente restaurativo, sino también retributivo”, explicó Acosta.
También será determinante el papel de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) –la fiscalía de la JEP– en los casos de los procesados que decidan no aceptar responsabilidades, con lo que se irían a un juicio adversarial que, de perder, los expondría a penas de hasta 20 años de prisión.
Llegar a buen puerto con esas sanciones es clave para responder a la preocupación de la Fiscalía de la CPI: que la justicia nacional garantice la investigación, el juzgamiento y la sanción de los responsables de delitos cometidos en el conflicto.
La discusión sobre cuáles serán las penas hasta ahora se está dando en la JEP, pero la cuenta regresiva para definirlas terminará en los próximos meses. Tras la imputación a siete miembros del antiguo secretariado de las Farc por secuestro, el tribunal transicional anunció que antes de finalizar el 2021 se conocerían las primeras condenas. Y se espera que en el primer semestre del 2022 se dicten las sentencias contra los militares imputados por su responsabilidad en los ‘falsos positivos’.
De esas condenas, y las venideras, depende en buena medida que Colombia no vuelva a estar bajo la lupa de la Físcalía de la CPI.
Como explica Camilo Gómez, director de la Andje: “En caso de que las sanciones no sean genuinas, la CPI volvería a adquirir la competencia correspondiente. No se ha ido y no se irá de Colombia porque el país es parte del Estatuto de Roma, pero la responsabilidad para que no haya un nuevo examen preliminar o investigación está en cabeza de la JEP y de la Fiscalía, que están trabajando armónicamente”, dijo.
JULIÁN RÍOS MONROY
JUSTICIA
@julianrios_m
justicia@eltiempo.com

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