El canciller Álvaro Leyva Durán suscribió ayer un documento en el que el Estado colombiano reconoce que el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada tiene la competencia para recibir y examinar comunicaciones de personas que aleguen ser víctimas por violaciones a los derechos humanos por desapariciones forzadas.
Durante un acto con los representantes de las víctimas y ONGs defensoras de derechos humanos, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el funcionario señaló que eso "es muy importante", y que a partir de hoy los de la ONU tienen la competencia.
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El año pasado, un grupo de ONG se quejó de que el gobierno del entonces presidente Iván Duque se negara a activar esa competencia.
Hasta ahora, solo el Estado podía llevar ante el comité de la ONU casos sobre ese delito, y de hecho, ya ha presentado dos informes de seguimiento a la implementación de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzada.
#Comunicado Celebramos el avance histórico del Estado de Colombia al aceptar la competencia del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada para recibir y examinar comunicaciones de personas que aleguen ser víctimas por violaciones de la Convención.👇 https://t.co/7y642hi9kW pic.twitter.com/ti3KyfNWkX
— ONU Derechos Humanos Colombia (@ONUHumanRights) August 30, 2022
Reacciones tras la decisión
Germán Valencia, profesor del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, señaló que el reconocimiento de la competencia permite a las víctimas denunciar directamente a ese organismo, aunque hizo énfasis en que habría que examinar los alcances de la decisión.
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“El Estado está hablando de gobernanza, y eso quiere decir que está incluyendo a varios actores en estos temas de violaciones a derechos humanos. Con lo de la ONU se está reconociendo la importancia que ha tenido la comunidad internacional en la construcción de paz. Ellos pueden incidir en temas de desapariciones, y es necesario que estén. Pueden participar en planeación y en acompañamiento”, dijo Valencia.
Por su parte, la Cancillería señaló que la firma de la competencia cumple observaciones y recomendaciones emitidas por el Comité desde el año 2016 “para recibir y examinar comunicaciones individuales en virtud del artículo 31 de la Convención, a fin de asegurar y reforzar en favor de las víctimas el régimen de protección contra las desapariciones forzada”.
La Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expidió un comunicado en el que señala que se trata de un “avance histórico”, y que la decisión de Colombia “contribuye a la garantía de derechos de las víctimas de desaparición forzada y a la protección de todas las personas frente a este crimen”.
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Durante el acto, la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBP), Luz Marina Monzón, pidió a la Cancillería invitar al Comité a sesionar en Colombia.
Frente al tema, el exviceministro del Interior y de Justicia Rafael Nieto Loaiza señaló que lo que podía decir, sin conocer el fondo de la decisión, es que "la ONU no va a tener competencias jurisdiccionales ni penales, solamente va a poder hacer recomendaciones”.
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