No están pero siempre están. Salieron un día de sus casas, o se los llevaron de allí, y desde entonces se perdió su rastro. Solo imaginarlo cuesta: usted se despide de su madre, de su hijo, de su hermano, de su esposo, pensando en volver a verlo horas más tarde, pero no regresa. Ni hoy, ni mañana, ni en un mes, ni en un año ni en una década. No le responde nunca más el teléfono.
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Nadie le da razón de qué pasó con él o ella, ni de dónde está. No sabe, ni siquiera, si está vivo o muerto. Y la incertidumbre lo atormenta: ¿Será que sigue con vida, esperando el reencuentro? ¿Será que me falta buscar en algún lugar? ¿Será que lo mataron y ocultaron su cuerpo? ¿Será que algún día podré recuperar sus restos para poder enterrarlo?
La única certeza es que ya no está, pero ese ser querido permanece en los recuerdos, en sus pertenencias, en el deseo de volverlo a ver, en el vacío que nunca se llena.
En Colombia, el paso del conflicto ha hecho que cerca de 100.000 familias transiten por ese drama que supone la desaparición forzada. La cifra de víctimas que estima el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) es de 83.036, pero podrían ser más.
“Arrancamos con la cifra del CNMH como referente, pero a partir del contraste de datos con otras entidades hemos logrado reconocer, sin registros duplicados, a 98.820 personas desaparecidas durante el conflicto”. Quien habla es Luz Marina Monzón, directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), entidad que se creó tras la firma del acuerdo de paz con las Farc con un objetivo titánico: dar con el paradero de estas personas o sus restos óseos.
La complejidad de esa misión se entiende al ver las dinámicas de conflictividad y violencia que ha vivido el país en el último medio siglo: guerra entre grupos paramilitares y guerrilleros —que desarrollaron tácticas de desaparición para no dejar señales de los crímenes cometidos—, disposición de cuerpos en fosas comunes, cementerios legales e ilegales, ríos y otros cuerpos de agua e, incluso, creación de hornos crematorios (similares a los usados por los nazis) para borrar cualquier rastro.
La dimensión de esta práctica es tal que el número de víctimas duplica la población de una capital como Mocoa, Putumayo, e iguala la de la ciudad de Arauca. Y en perspectiva con otros países, no se puede comparar ni siquiera con los conflictos de Centroamérica o las dictaduras del Cono Sur. La guerra civil de Guatemala dejó 45.000 desaparecidos en casi 40 años; la de Perú, 21.334 en dos décadas; mientras que durante la dictadura argentina se estima que fueron casi 30.000 víctimas; y bajo el régimen de Augusto Pinochet, en Chile, 10.000 ciudadanos habrían sido desaparecidos forzosamente.
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Abrir un macrocaso es una deuda histórica, entre otras cosas, por el volumen de víctimas de desaparición durante el conflicto, de las cuales casi un 25 % son menores
En nuestro país, de las 98.820 víctimas documentadas por la Unidad, menos de 6.000 han sido entregadas a sus parientes: 5.496 por parte de la Fiscalía (de 2006 al 31 de agosto de 2021) y 124 por la UBPD, en llave con el ente investigador, desde 2019 hasta este año. Esto significa que solo el 5,6 por ciento de los cuerpos de los desaparecidos han sido recuperados, identificados y entregados.
La debilidad histórica del Estado para atender las solicitudes de búsqueda —y, sobre todo, para resolverlas— ha llevado a que sean las propias familias las que asuman la tarea de encontrar a los desaparecidos, aunque eso implique pisar zonas de difícil acceso o bajo el dominio de grupos ilegales.
De acuerdo con los datos del CNMH, el departamento con más casos de desaparición forzada es Antioquia, con 20.286 víctimas, el 24 por ciento de los hechos del país entero. Le siguen Meta, con 5.459 desaparecidos; Magdalena, con 4.123; Valle del Cauca, con 3.983; y Cesar, que tiene 3.955 casos. Según las estimaciones del Centro de Memoria, en estas cinco regiones se concentra el 45,5 por ciento de las desapariciones como consecuencia del conflicto. Este fenómeno se habría presentado en 1.010 municipios de los 1.119 del país, y las zonas más afectadas son el Magdalena Medio, el oriente Antioqueño y el Valle de Aburrá.
Decenas de familiares de estas personas, a veces solos, a veces en compañía de las entidades, han recorrido estos lugares para tratar de dar con el paradero de sus seres queridos.
“Nosotras convocábamos a marchas y nadie llegaba. Cuando nos cansamos de esperar a que los buscaran, empezamos a recoger información, y las propias mujeres somos quienes vamos a las fincas y, pala en mano, empezamos a abrir huecos a ver si encontramos algo para avisarle a la Fiscalía”, cuenta Lyda Quevedo, lideresa buscadora de los Llanos orientales.
“Ante la incertidumbre, los familiares nos volvemos investigadores, asumimos la búsqueda de información”, dice Gloria Luz Gómez Cortés, quien ha dedicado 38 de sus 64 años a la búsqueda, visibilización y memoria de los desaparecidos. Es la cabeza de la Asociación de Familiares Detenidos y Desaparecidos de Colombia (Asfaddes), que nació en 1983, poco después de que empezaron a salir a la luz las historias de víctimas de este flagelo.
Según explica el profesor de la Universidad de los Andes Juan Pablo Aranguren Romero, quien lleva más de 15 años trabajando con víctimas del conflicto e investigando sobre desaparición forzada, hay evidencia de que esta práctica se empezó a usar como método recurrente por parte de las Fuerzas Armadas en el paro cívico de 1977: “A muchos de los detenidos se les borró el paradero porque eran asesinados en medio de torturas, y sus victimarios escondieron cualquier rastro de ellos”.
El primer registro de una desaparición forzada en el país se presentó en Barranquilla. El 9 de septiembre de 1977, la bacterióloga Omaira Montoya Henao, de 30 años, fue detenida junto a su compañero, Mauricio Trujillo Uribe, por miembros del Servicio de Inteligencia (Sipec) –conocido como F2–. Se sabía que ambos eran militantes de izquierda. A él lo torturaron, pero sobrevivió. De ella no se volvió a saber nada.
Así va la recuperación y entrega de cuerpos.
EL TIEMPO
Entre las decenas de miles de casos que siguieron al de Omaira está, cinco años después, el del ‘Colectivo 82’, un grupo de 13 estudiantes de universidades públicas de Bogotá de quienes se perdió el rastro, que también habrían sido víctimas del F2.
Encontrarlos fue una de las razones detrás de la creación de Asfaddes, pero en medio de esa búsqueda corrió la misma suerte Leonardo Gómez Cortés, hermano de Gloria Luz Gómez. Él habría sido la primera persona a la que desaparecieron por buscar a desaparecidos. Sus restos fueron hallados con signos de tortura y un disparo en la cabeza. Y luego, en 1988, otro de sus hermanos, Luis Miguel, también fue desaparecido.
Considerando el contexto de Colombia durante esa década de los 80, con el estallido de violencia del narcotráfico y la consolidación de grupos paramilitares que salieron con todo su arsenal a enfrentar a las guerrillas, el fenómeno de la desaparición se agravó y rompió la órbita de los agentes del Estado para ser perpetrado también por los actores ilegales.
“Aunque en los grupos guerrilleros se vio esta práctica, sobre todo en casos de secuestrados, durante los años 80 la desaparición se vuelve recurrente entre los grupos paramilitares, que además desarrollaron modalidades que se han ido transformando”, explica el profesor Aranguren.
De hecho, de acuerdo con la investigación del CNMH, los mayores perpetradores de la desaparición fueron los paramilitares, quienes serían responsables del 46,1 por ciento de los casos registrados entre 1970 y el 2015 (un total de 13.562). Les siguen las guerrillas, con el 19,9 por ciento (5.849); los grupos posdesmovilización, con 8,8 por ciento (2.598), y los agentes del Estado, con 8 por ciento (2.368)
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La semana pasada la UBPD recuperó 73 cuerpos en Puerto Berrío en Antioquia.
UBPD
Con esa cantidad colosal de hechos cometidos a manos de grupos armados ilegales, los procesos de paz que han llevado a su desmovilización o dejación de armas se han vuelto cruciales para desenterrar el silencio y establecer la suerte de sus víctimas. En últimas, son ellos los únicos que saben, con mayor o menor precisión, en qué lugar dejaron los cuerpos, esos que tantas familias siguen buscando.
“Con el proceso de Justicia y Paz (a través del cual se desmovilizaron los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia, Auc), muchos de los rangos medios o altos empezaron a dar cuenta de las prácticas de desaparición, como Jorge Iván Laverde (‘el Iguano’) o Salvatore Mancuso, que confesaron e incluso hablaron de los lugares de disposición de los cuerpos.
Sin embargo, ese proceso quedó fragmentado, porque no todos cumplieron con la ubicación y muchos otros fueron reciclados por nuevos grupos armados”, explica el profesor Juan Pablo Aranguren. A esos incumplimientos se agrega una práctica atroz previa a la negociación final: “Hay evidencia de la construcción de hornos crematorios, porque los paramilitares no querían que aparecieran registros de las personas que habían sido asesinadas por ellos”, señala el docente.
Pero la información de quienes sí cumplieron ha sido clave para obtener datos sobre miles de víctimas. “Gran parte de los resultados se obtienen gracias a las versiones de los victimarios, que son una de nuestras fuentes directas. Si se quiere tener éxito en estos procesos, hay que indagar con ellos”, dice Salomón Strusberg Rueda, director de Justicia Transicional de la Fiscalía General de la Nación.
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Una de cada cinco desapariciones se habría dado en Antioquia.
EL TIEMPO
Con el proceso de Justicia y Paz, en el ente acusador se creó en 2006 el Grupo de Búsqueda, Identificación y Entrega de Personas Desaparecidas (Grube), que desde su puesta en marcha ha exhumado los restos de 10.437 personas dadas por desaparecidas, de los cuales ya fueron entregados 5.496, y los de otras 4.941 siguen a la espera de identificación y entrega.
El proceso de paz con las Farc no fue excepción en este sentido. De hecho, la extinta guerrilla creó una Comisión de Búsqueda de Desaparecidos, que en los últimos dos años ha aportado más de 500 expedientes con información para ubicar a civiles, excombatientes y miembros de las Fuerzas Armadas a quienes desaparecieron en el conflicto.
A eso se suman las órdenes de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en sus primeros autos de imputación, en los que les ha pedido a los comparecientes allegar a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas información para encontrar a las víctimas. Solo en el proceso por secuestro a manos de las Farc, el tribunal transicional encontró que al menos 1.860 de las 21.396 víctimas fueron desaparecidas forzosamente.
Además de estas personas, la directora de la UBPD, Luz Marina Monzón, contó que hay alrededor de 411 personas ajenas a la JEP que tienen interés en dar información “muy importante” para la búsqueda.
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Los retos para encontrarlosHay que reconocer la dignidad, valentía y voluntad de no olvidar de las víctimas, porque cuando ellas no olvidan, obligan
a que las instituciones tampoco lo hagan
Una de las críticas de las víctimas sigue siendo la ausencia de un macrocaso dentro de la JEP que se enfoque en investigar y juzgar la desaparición forzada, como los que ya existen con patrones macrocriminales como el secuestro, las ejecuciones extrajudiciales o el reclutamiento de niños.
Aunque la jurisdicción especial ya anunció que trabajará la desaparición dentro de un ‘caso sombrilla’ que está ad portas de crearse, aún no es claro el alcance ni enfoque que tendrá.
“Consideramos que esto es una deuda histórica, entre otras cosas, por el volumen de víctimas de desaparición durante el conflicto, de las cuales casi un 25 por ciento corresponden a menores de edad”, dice Yannete Bautista, directora de la fundación Nydia Erika Bautista, que lleva más de 20 años trabajando por la implementación de mecanismos de búsqueda y garantías de derechos para los familiares de las víctimas de desaparición.
Con o sin macrocaso en la JEP, lo cierto es que entre los diversos crímenes cometidos durante la guerra en Colombia, la desaparición es uno de los más difíciles de esclarecer. “Esto se da, justamente, porque la motivación de los actores que la cometen está orientada a no dejar rastro del paradero de esa persona ni de su cuerpo, y por lo tanto se hace difícil determinar, en todos los casos, las responsabilidades y las acciones involucradas en el delito”, explica el profesor Juan Pablo Aranguren.
En terreno, quienes se enfrentan más de cerca a esas dificultades son los equipos forenses y de búsqueda. “Hemos podido establecer tres prácticas: la inhumación en fosas clandestinas, la incineración y la inmersión de los cuerpos en ríos, lagos o lagunas. Todo esto genera muchos retos a la luz de la identificación, porque los restos exhumados presentan un deterioro taxonómico. Además, persiste el desafío de identificar las víctimas después de ser recuperadas”, cuenta Sandra Herrera, fiscal coordinadora del Grube.
Sortear todos esos retos es la única forma de responder a las demandas de las víctimas. Desde 2019, cuando arrancó la UBPD, han sido presentadas más de 16.000 solicitudes para encontrar a 12.756 personas dadas por desaparecidas.
“Hay algunas familias que nos dicen que saben dónde están, pero no siempre en qué fosa o en qué bóveda. Muchas de estas pueden no decir nada, no tener ninguna numeración, y cuando uno las abre se encuentra con que no hay una sola persona, sino que hay muchas, o hay un cajón, una bolsa. Por eso hay que contextualizar la información”, cuenta Monzón, y agrega que hasta ahora la UBPD ha tomado 1.602 muestras para perfiles genéticos que servirán en el proceso de identificación.
Pero el camino es largo: en Medicina Legal reposarían alrededor de 27.000 cuerpos cuya identidad aún no se establece. Otras decenas de miles lo hacen fuera de esos laboratorios, en lugares a los que las entidades, posiblemente, tarden décadas en llegar.
Entrega digna de cuerpos en Dabeiba, Antioquia.
Nicole Acuña. JEP
La búsqueda de las personas desaparecidas por cuenta del conflicto armado está en manos de dos entidades: el Grupo Interno de Trabajo de Búsqueda, Identificación y Entrega de Personas Desaparecidas (Grube) de la Fiscalía, que comenzó labores en 2006, tras la desmovilización de los paramilitares de las Auc, y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), creada con el acuerdo de paz con las Farc y puesta en marcha en el año 2019.
El Grube, que es de carácter judicial y está conformado por 19 fiscales y ocho equipos de criminalística, ha exhumado 10.437 cuerpos, de los cuales el 52,6 por ciento (5.496) ha sido entregado a sus familias durante los 15 años de funcionamiento que tiene la entidad.
La UBPD, de carácter extrajudicial y humanitario, con 522 funcionarios, ha hecho 47 entregas dignas en articulación con el Grube desde 2019, en las que las familias han recibido los cuerpos de 124 personas encontradas sin vida. Ese grupo hace parte de los 289 cuerpos exhumados por la entidad, de los cuales quedan 165 por identificar.
Uno de los logros de la entidad ha sido el hallazgo de cuatro personas vivas (una en Arauca, dos en Antioquia y otra en Magdalena), que llevaban décadas sin tener contacto con sus familiares.
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Luz Marina Monzón, directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.
Mauricio León. EL TIEMPO
Pese a que durante los últimos 18 meses las entidades han tenido que actuar bajo las restricciones de la pandemia, las organizaciones de víctimas aseguran que el ritmo de búsqueda es muy inferior al esperado.
“El acuerdo de paz con las Farc dio un salto cualitativo al crear un mecanismo especializado para la búsqueda, como estábamos reclamando, pero aunque esperábamos que eso se tradujera en mejores resultados, no ha sido así. Hay mucha lentitud en los procesos”, dice Yanette Bautista, de la Fundación Nydia Erika Bautista.
La carta de la Unidad de Búsqueda para darles respuesta a las víctimas ha sido la firma de planes regionales de búsqueda, de los cuales ya se han formulado 18, con 29 subregiones priorizadas. De estas, se espera abordar 16 a corto plazo (con miras al 2023), entre las que está la zona de los Montes de María, el Urabá, oriente y suroriente antioqueño, el Catatumbo, el Magdalena Medio, el Piedemonte Llanero, entre otras zonas del país.
A eso se suman las labores para encontrar a las 12.946 personas que, mediante solicitudes formales de búsqueda, los familiares le han puesto en conocimiento a la UBPD. “Lo primero es reconocer la dignidad, fortaleza, valentía y voluntad de no olvidar de las víctimas, porque cuando ellas no olvidan, obligan a que las instituciones tampoco lo hagan y cumplan”, le dijo a EL TIEMPO la directora de la UBPD, Luz Marina Monzón.
De 10.437 cuerpos exhumados por el Grube de Fiscalía entre 2006 y 2021, faltan 4.941 restos de personas por ser identificados y devueltos a sus familias
Otra de las apuestas de la entidad es el proyecto de impulso a la identificación de cadáveres en condición de no identificados, a través del cual se han abordado cerca de 27.000 expedientes de cuerpos con identidad desconocida. Con corte al 31 de julio de 2021, se ingresaron o actualizado datos de 14.666 expedientes en el Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres (Sirdec).
Para Lyda Quevedo, lideresa de la Fundación Yovany Quevedo Lazos de Vida –que reúne a más de 3.200 familias víctimas de desaparición en el oriente del país y hace parte del consejo asesor de la UBPD–, es clave que se fortalezca el talento humano de estas entidades.
“Hay que tener más grupos de exhumaciones, más antropólogos, más genetistas. Se necesitan menos reuniones, protocolos y gastadera de plata en eventos y más identificación de Medicina Legal. Hay muchos casos de cuerpos de personas desaparecidas que se sabe dónde están y hay que buscarlos. En eso, la deuda del Estado es inmensa”, asegura la lideresa.
Para el director del área de Justicia Transicional de la Fiscalía, Salomón Strusberg, uno de los esfuerzos en los que seguirá concentrado el Grube es la recuperación a campo abierto, que representa 7.813 de los 10.437 cuerpos exhumados hasta ahora. “Debemos seguir volcados a esas acciones en fosas comunes, donde hemos logrado recuperar casi el triple de las víctimas halladas en cementerios”, aseguró.
Gloria Gómez, lideresa de Asfaddes, dice que en todos estos procesos se debe garantizar la centralidad de las víctimas: “En todos estos años hemos obtenido conocimientos que pueden ser útiles para la búsqueda. Algo que no se ha logrado es que se construya el proceso de búsqueda de cada uno de los casos, porque cada persona espera a que su familiar sea buscado. Las víctimas siempre tenemos la expectativa de poder encontrarlos”.
JULIÁN RÍOS MONROY
Redacción Justicia
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