Un documento de cinco páginas firmado este jueves 28 de octubre por el presidente Iván Duque y el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, oficializó la salida de Colombia de la lista de países en observación por graves crímenes de lesa humanidad y contra los derechos humanos a la que ingresó el país hace 17 años y en donde compartía un deshonroso lugar con naciones como Ucrania, Nigeria, Guinea y Venezuela.
(Le puede interesar: Víctimas calificaron como 'grave' y 'errado' el cierre del examen de CPI)
En junio de 2004 Colombia entró en el radar de la CPI y ya había pasado la etapa de la evaluación inicial, la definición de la competencia y se encontraba en la tercera fase de admisibilidad, la cual es previa a la invocación sobre los intereses de la justicia que implicaría la activación de la competencia del tribunal internacional sobre personas vinculadas a los delitos investigados.
Colombia ratificó su suscripción al Estatuto de Roma, que dio vida a la CPI, en agosto de 2002, dando su apoyo a ese mecanismo de justicia internacional promovido por la ONU.
El caso de Colombia es el que más tiempo ha estado en observación en la CPI antes de una decisión de fondo. Esto en gran parte por la complejidad de los hechos denunciados, vinculados al largo conflicto armado que ha sufrido el país, y porque desde el inicio del proceso Colombia ha dado respuestas a todas las peticiones de información del Tribunal, ha acogido sus observaciones, estado atenta a cualquier requerimiento oficial y fortalecido su sistema judicial.
(Le puede interesar: Estos son los casos que tenía bajo estudio Colombia en la CPI)
En los cuatro casos puntuales en observación –‘falsos positivos’, delitos sexuales y por motivos de género, desplazamientos forzosos y promoción y expansión de los grupos paramilitares y guerrilleros– se examinaban las acciones del Estado para investigar, judicializar y castigar los crímenes cometidos por las Farc, el Eln, las Autodefensas, agentes del Estado y particulares, esto porque la competencia de la CPI solo se activa ante la ausencia de justicia en cada país, lo que se traduce en impunidad.
Precisamente, la CPI reconoció ayer los avances que se han logrado en el país en los últimos 17 años por parte de la justicia ordinaria, Justicia y Paz (creada para procesar a los paramilitares) y el reciente esquema de justicia surgido de los acuerdos de paz con las Farc que dieron paso a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y otros órganos de justicia transicional.
De los cuatro casos en examen el que menos ha avanzado en la justicia es el de delitos sexuales y por motivos de género, cuyas víctimas incluso se han quejado de que la JEP no tenga un capítulo exclusivo en esa jurisdicción para judicializar a los victimarios de esas graves conductas.
La CPI hizo un reconocimiento al Gobierno Nacional por el apoyo a la justicia ordinaria y la transicional “y en particular por la salvaguarda del marco legislativo y de las asignaciones presupuestales requeridas para la implementación”.
Una de las propuestas de campaña del presidente Duque fue hacer cambios de fondo a la JEP y de hecho tras su llegada al poder objetó seis artículos de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, al considerar que son inconvenientes.
(Lea además: ‘Esta es una gran decisión para Colombia y es un voto de confianza’: Duque)
Colombia está a la altura de sus obligaciones internacionales al igual que en sus obligaciones reglamentarias con base en el principio de complementariedad.
La Corte Constitucional en mayo de 2019 rechazó las objeciones, y desde entonces el Ejecutivo ha avanzado en el cumplimiento de sus compromisos con la justicia transicional y el fortalecimiento de la justicia ordinaria.
Para el presidente Duque, el acuerdo es “un gran voto de confianza en nuestro país, en nuestras instituciones” y marca un camino “en el que todos los colombianos tenemos que contribuir a fortalecer los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición”.
El documento conjunto con la CPI destaca además el compromiso del Estado en permitir “el escrutinio internacional de sus avances en la administración de justicia, como parte de sus esfuerzos para combatir la impunidad”.
Dentro del acuerdo, el Gobierno asumió varios compromisos, como salvaguardar el marco constitucional y legislativo de la justicia ordinaria y transicional y garantizar el presupuesto para su implementación. Además, seguir informando a la CPI sobre los avances de las investigaciones.
Aunque el Gobierno viene cumpliendo con sus compromisos con la JEP, este documento blinda a esa jurisdicción de futuros intentos por hacerle cambios normativos o de perder recursos para su funcionamiento.
“Colombia está a la altura de sus obligaciones internacionales al igual que en sus obligaciones reglamentarias con base en el principio de complementariedad. Me complace decir que me puedo retirar de la etapa de investigación preliminar”, indicó el jueves el fiscal Khan.
Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI).
JEP
Ese es uno de los mensajes más importantes a la comunidad internacional, pues pone al país al nivel de una nación que a pesar de las duras consecuencias de la guerra se esfuerza por mejorar y avanzar en el castigo de los victimarios y la reparación integral de las víctimas.
Sin embargo, la decisión no cayó bien entre representantes de víctimas del conflicto y evidenció los retos que aún quedan para intentar cerrar las heridas del conflicto.
“Los avances que hemos visto en la justicia acá son casi nulos. Con la jurisdicción ordinaria llevábamos 13 años de impunidad, y en la JEP aún falta mucho por avanzar”, dijo Jacqueline Castillo, vocera de las madres de víctimas de ejecuciones extrajudiciales.
(Lea también: José Miguel Vivanco, de HRW, dice que decisión de CPI es 'equivocada')
Y Marco Romero, director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), dijo que en temas como el desplazamiento “apenas se está comenzando a avanzar en la JEP y la impunidad continúa siendo del 95 por ciento”.
El cierre del examen preliminar que tenía Colombia en la Corte Penal Internacional (CPI) desde 2004, anunciado ayer por el fiscal de esa entidad, se produce luego de que, a juicio de la Corte, el Estado hizo avances judiciales importantes en los casos que lo tenían bajo la lupa de ese tribunal.
En total, el organismo internacional monitoreaba en Colombia el avance de las investigaciones en cuatro casos. El primero de estos era por la promoción y expansión de grupos paramilitares.
(Le puede interesar: Este es el acuerdo que saca a Colombia de la lista de observación de la CPI)
De acuerdo con un informe que el Estado le envió hace un mes a la CPI, con corte a octubre de 2020 la Fiscalía tenía 2.683 procesos por financiación de grupos paramilitares.
En esos procesos han sido vinculadas 5.934 personas, entre civiles y agentes del Estado; y aún continúan activos 1.329 procesos, de los cuales 1.325 están en etapa de investigación y cuatro en juicio.
El presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes (derecha), junto al fiscal de la CPI, Karim Khan.
JEP
A esos se suman 15 sentencias por estos hechos, 10 de ellas son condenatorias y 2 son absolutorias.
Además, la JEP estudia 27 solicitudes de sometimiento de civiles o agentes de Estado no combatientes financiadores de paramilitares.En segundo lugar, la Corte analizaba la situación de desplazamiento forzado. Según el reporte enviado por el Estado, en la justicia ordinaria, entre el 2004 y el 2020, la Fiscalía registró 11.771 procesos por este delito. De esos, 1.749 están en etapa de instrucción (Ley 600), 83 en etapa de investigación (Ley 906) y hay 530 sentencias
.
Adicionalmente, en Justicia y Paz, la Fiscalía investiga 67.840 hechos atribuidos a grupos paramilitares y hay 52 sentencias proferidas por las Salas de Justicia y Paz en contra de 329 personas.
Además, la JEP investiga subcasos relacionados con desplazamiento forzado en los macrocasos regionales 2, 4 y 5.
El tercer caso que estaba bajo estudio era por crímenes sexuales y violencia de género. En este punto, los avances se han dado, especialmente, en Justicia y Paz y allí la Fiscalía investiga 3.499 hechos relacionados con violencia sexual, respecto de 4.211 víctimas registradas. Se han logrado, así mismo, 21 sentencias contra 128 paramilitares por estos hechos.
En este punto, aunque la JEP no tiene un caso específico de violencia sexual, estudia estos hechos de manera transversal en todos los macrocasos que lleva. A julio de este año había recibido 74 informes de parte de la Fiscalía, organizaciones de la sociedad civil, entre otros, con los que hasta el momento se agruparían más de 2.300 hechos victimizantes.
(Siga leyendo: Viaje a las montañas donde las minas antipersonales están desapareciendo)
Por último, uno de los casos más álgidos bajo estudio de la CPI era el relacionado con los ‘falsos positivos’. Frente esto, con corte al 28 de septiembre de 2020, la Fiscalía llevaba 2.314 casos por estas muertes.
Las investigaciones se relacionan con 3.966 víctimas y había por esos hechos 10.949 investigados y 1.749 personas condenadas. Los casos abarcan conductas presuntamente atribuibles a miembros de siete divisiones, 36 brigadas y 144 batallones del Ejército.
Además, en julio de este año, la JEP llamó a reconocer responsabilidad a 11 personas, 10 exmilitares y un tercero civil, por hechos registrados en Catatumbo, así como a otros 15 comparecientes, integrantes del Batallón de Artillería n.° 2 La Popa, por hechos ocurridos en la costa Caribe.
justicia@eltiempo.com
En Twitter: @JusticiaET
Comentar