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Paz y Derechos humanos

Comisión de la Verdad: reformas judiciales que recomienda el informe final

Lanzamiento del Informe Final Comisión de la Verdad

Lanzamiento del Informe Final Comisión de la Verdad

Foto:Cesar Melgarejo. EL TIEMPO.

Tipificar crímenes de lesa humanidad, priorizar casos y cambiar elección del fiscal, algunos temas.

En materia de Justicia, la Comisión de la Verdad presentó en su informe final una serie de recomendaciones que buscan en largo plazo frenar la impunidad aquella que, indica, fue y ha sido un factor de persistencia del conflicto armado colombiano, que aumenta las probabilidades de repetición y debilita las instituciones democráticas.
“Las recomendaciones propuestas en materia de justicia tienen como propósito mejorar la respuesta del Estado para combatir la impunidad, contribuir al desmantelamiento de organizaciones criminales, los entramados que las soportan y garantizar el acceso a mecanismos para la resolución de conflictos”, señaló la entidad.
En ese sentido, las recomendaciones se centran en cuatro aspectos esenciales: (i) la independencia de los entes encargados del esclarecimiento judicial; (ii) los ajustes de las metodologías de investigación; (iii) la creación de un mecanismo independiente de apoyo a la investigación; y (iv) la limitación de la extradición para garantizar la satisfacción de los derechos de las víctimas.

Reformar la elección del fiscal

En el primer grupo de recomendaciones sobre independencia e imparcialidad se proponen reformas institucionales. La primera está relacionada con el mecanismo de elección del Fiscal General, en la que, dice la Comisión, “el Ejecutivo no debería tener injerencia, para fortalecer la independencia desde el diseño institucional”.
La segunda, se refiere el diseño, y controles del proceso de investigación y judicialización de los aforados (congresistas, ministros y Gobernadores) “para abrir una discusión democrática en el Legislativo y hacer los ajustes normativos sobre cómo se lleva a cabo la investigación y judicialización de los aforados constitucionales”.
Con esto, se propone garantizar la independencia, la transparencia, el debido proceso y la eficacia de las investigaciones.

Reformas en la Fiscalía

La Comisión propuso que se cree una comisión independiente que tenga en cuenta la voz de los funcionarios judiciales y que realice un diagnóstico para evaluar los riesgos de cooptación y de corrupción de la Fiscalía y que, a partir de eso, proponga reformas.
Además, desarrollar un diagnóstico integral sobre los riesgos institucionales en materia de corrupción en la entidad, y proponer un conjunto de medidas orientadas a superar o mitigar estos riesgos dentro de ella. Y proponer medidas para fortalecer los cargos de carrera y los concursos de mérito y mejorar los criterios de ingreso y permanencia de los funcionarios.
Igualmente, se recomendó proponer criterios de traslado y remoción de funcionarios que sean objetivos y verificables y que estén acompañados de una carga argumentativa para impedir que el ejercicio de las facultades de traslado y remoción retrase o impida el avance de investigaciones penales. Estos deben, además, brindar garantías de estabilidad a funcionarios y funcionarias.
Y que se propongan recomendaciones para garantizar mayores controles a los agentes de inteligencia militar y policial para que no determinen o participen indebidamente en los actos de investigación como la interceptación de comunicaciones, el uso de agentes encubiertos, entre otros.

Tipificar los crímenes de guerra y lesa humanidad

La Comisión propuso al Congreso, a la Fiscalía y al Consejo Superior de Política Criminal y a los jueces penales hacer los ajustes normativos y de política necesarios para fortalecer las estrategias de investigación criminal de violaciones a los DD.HH. e infracciones al DIH e institucionalizar la priorización de su persecución y judicialización en la política criminal del Estado.
Para ello, se sugirió “tipificar los crímenes de guerra y de lesa humanidad con sus elementos contextuales, de conformidad con el Derecho Penal Internacional, y asegurar la imprescriptibilidad de la acción penal”.
Además, garantizar que la investigación y el esclarecimiento de las conductas que constituyan violaciones a los DDHH e infracciones al DIH se dé bajo una metodología que: (i) tome en cuenta los elementos contextuales de sistematicidad o generalidad; (ii) identifique patrones y los distintos grados de responsabilidad de quienes participen en entramados complejos de criminalidad; (iii) aumente equipos multidisciplinarios en la Fiscalía con la experticia necesaria; (iv) fortalezca la policía judicial al servicio de estas investigaciones.
Y se recomienda priorizar los hechos delictivos de hostigamiento contra servidores públicos, víctimas, testigos e intervinientes que puedan estar relacionados con su intervención en los procesos judiciales con el fin de garantizar su seguridad.
Además, se propuso garantizar la priorización de la investigación contra terceros civiles y agentes del Estado a través de la centralización, organización y análisis de la información producida en investigaciones activas y no activas, incluida la priorización de las compulsas de copias de Justicia y Paz.
De este modo, “se fortalecerá el trabajo interno de sus unidades y se garantizarán canales de comunicación efectivos con la JEP para lo que pueda ser de su competencia”.
De otro lado, partiendo del reconocimiento de las dificultades para investigar delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública, se propone, en las recomendaciones sobre seguridad, que la Fiscalía General asuma la investigación de todos los delitos cometidos por miembros de las Fuerzas Militares y que estos sean juzgados en la jurisdicción ordinaria, con excepción de los típicamente militares, es decir, aquellos que afectan la disciplina y el servicio y están definidos en el Código Penal Militar.

Investigación de la criminalidad organizada y sus redes de apoyo

La Comisión recomendó impulsar y realizar los ajustes normativos e institucionales que sean necesarios para poner en marcha una comisión transitoria de esclarecimiento e investigación independiente e internacional o mixta (nacional e internacional) para impulsar la investigación y esclarecer la verdad de los hechos del narcotráfico y de la criminalidad organizada asociada a este y sus redes de apoyo.
Esta investigaría todos los hechos de violencia sistemática que sean graves violaciones a derechos humanos o infracciones al DIH o corrupción pública y privada a mediana y gran escala, y todos los delitos que contribuyan o estén asociados a la comisión de estos hechos, incluidos aquellos relacionados con finanzas criminales y economías ilegales.
El mecanismo deberá estar orientado a judicializar a los máximos responsables y contribuir al desmantelamiento de las organizaciones criminales. Dicha comisión documentaría, dijo la Comisión, macro casos priorizados para apoyar la Unidad Especial de Investigación (UEI) de la Fiscalía General de la Nación, creada por el Acuerdo Final de Paz.

El cambio en la extradición

Igualmente, se recomendó al presidente de la República priorizar la investigación, el juzgamiento y la sanción en Colombia al momento de decidir sobre solicitudes de extradición de personas procesadas que puedan contribuir a esclarecer fenómenos criminales, violaciones a los DDHH, infracciones al DIH y corrupción a gran escala, “para así dar garantías a la satisfacción de los derechos de las víctimas”.

La jurisdicción agraria

La Comisión solicitó mejorar el acceso a la justicia de los ciudadanos, en particular de quienes viven en zonas rurales, a través de mecanismos judiciales y no judiciales, con incorporación de los enfoques étnicos, de género y de derechos de las mujeres.
Para esto, se sugirió tramitar y expedir un proyecto de ley para crear una jurisdicción agraria con herramientas institucionales, procesales, funcionarios y auxiliares de justicia especializados y métodos alternativos de resolución de conflictos que le faciliten a los ciudadanos resolver y evitar el escalamiento de las controversias sobre el uso, la tenencia y la propiedad del suelo rural, incluidas aquellas de carácter ambiental
.
Además, se propone diseñar y promover una política pública de articulación de la jurisdicción ordinaria y las justicias propias de los pueblos étnicos, que se construya conjuntamente con sus autoridades representativas.
justicia@eltiempo.com
@JusticiaET
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