Un documento preliminar de 81 páginas recoge las recomendaciones a las que llegó la Comisión de la Verdad tras tres años de trabajo, de escuchar a víctimas e involucrados en el conflicto y reflexionar sobre los patrones de la violencia en Colombia.
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El borrador incluye recomendaciones para superar la impunidad en graves violaciones a los derechos humanos y luchar contra la corrupción, para enfrentar la violencia generada por el narcotráfico, garantizar una reparación integral a las víctimas y transformar el sector de seguridad y defensa hacia una construcción de paz, entre otras.
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El primer capítulo del borrador de recomendaciones del informe final de la Comisión de la Verdad incluye conclusiones sobre cómo avanzar en la implementación del acuerdo de paz firmado con las Farc; se sugiere también crear un ministerio para la paz y la reconciliación, y fortalecer las medidas de atención humanitaria.
Del mismo modo, hay recomendaciones sobre el sometimiento y desmantelamiento de los grupos criminales que siguen operando en Colombia.
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En este capítulo se habla de reconocimiento, por parte del Estado y la sociedad en general, de que aunque hay avances en la construcción de paz, no hay un consenso sobre las transformaciones de las situaciones que han permitido la pervivencia del conflicto armado. Por eso señala que es necesario avanzar en acciones para desmantelar los grupos armados que siguen generando violencia y buscar acuerdos para un pacto por la paz.
En ese sentido, se recomienda al Gobierno y al Congreso garantizar una implementación plena e integral del acuerdo que en 2016 firmó el estado colombiano con la exguerrilla de las Farc, esto garantizando especialmente su implementación territorial y con enfoques étnicos y de género.
Aunque hay avances en la construcción de paz, no hay un consenso sobre las transformaciones de las situaciones que han permitido la pervivencia del conflicto armado
También se recomendó al gobierno velar por la seguridad de los excombatientes y firmantes de ese acuerdo de paz, así como su reintegración completa a la vida civil.
Sobre el Ministerio de la Paz, se sugiere su creación para que lidere y articule las políticas orientadas al reconocimiento de las víctimas, la convivencia, la confianza de la ciudadanía en el Estado, y la reconciliación.
Así mismo, se pide a todos los actores armados respetar las normas del Derecho Internacional Humanitario, y proteger a la población civil y sus bienes de los enfrentamientos.
Del mismo modo, la Comisión de la Verdad le habla al gobierno y le sugiere avanzar en nuevas negociaciones de paz con grupos al margen de la ley como el Eln para encontrar una salida para poner fin a la confrontación armada.
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Complementando lo anterior, otra recomendación tiene que ver con implementar una estrategia integral de desmantelamiento y sometimiento individual y colectivo de las organizaciones criminales.
Finalmente se recomendó ajustar la política de reintegración para que responda de manera flexible a las características cambiantes del grupo armado desmovilizado, teniendo en cuenta sus dinámicas y las de sus mandos, para evitar, por ejemplo, el rearme de mandos medios o bajos.
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Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad en el lanzamiento del informe final.
Comisión de la Verdad
Entre las recomendaciones del borrador del informe se encuentra la necesidad de fortalecer la administración de justicia para que los ciudadanos que han sufrido de victimizaciones cuenten con una respuesta oportuna de parte del Estado.
Se trata de superar la impunidad en materia de violaciones a los derechos humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario cometidas en el marco del conflicto, así como de enfrentar la criminalidad organizada.
Al indicar que la JEP solo tiene competencia por hechos cometidos hasta el primero de diciembre de 2016 y no tiene facultades para sancionar a actores no combatientes, el informe asegura que hay obstáculos para una adecuada investigación en la justicia ordinaria sobre estas personas y, en particular, en avanzar en las compulsas de copias que vienen de Justicia y Paz.
“La falta de investigación de la participación de este tipo de actores impide esclarecer los entramados de criminalidad que causan y se benefician de violaciones a los derechos humanos, infracciones al DIH y corrupción”, dice el documento.
Por eso, la recomendación es mejorar la administración de justicia en cuatro aspectos: la independencia de los entes encargados del esclarecimiento judicial; los ajustes de las metodologías de investigación; la creación de un mecanismo independiente al apoyo a la investigación; y límites a la extradición para garantizar la satisfacción de las víctimas.
Sobre el primer punto se recomendó al Congreso reformas al proceso de elección del Fiscal General para garantizar su independencia y modificar la investigación y judicialización de altos funcionarios estatales y aforados para garantizar que estos sean investigados.
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La impunidad es un factor que ha contribuido a la persistencia del conflicto armado
Además, crear una comisión independiente que haga un examen de los riesgos de cooptación y de corrupción en la Fiscalía para proponer una manera de fortalecer la carrera judicial y desvincular a los funcionarios que sea necesario, así como hacer controles a la intervención de los agentes de inteligencia militar y policial en la investigación.
Sobre los casos que relacionan a la fuerza pública, la Comisión propuso que la Fiscalía sea la que asuma todas las investigaciones y que estas sean de competencia de la justicia ordinaria, salvo los delitos típicamente militares.
Del mismo modo, frente a los ajustes a las formas de investigación, se recomendó identificar patrones de criminalidad y perseguir a responsables no combatientes, es decir civiles y otros agentes no estatales. Y se propuso crear una Comisión de Investigación Mixta (nacional e internacional) transitoria e independiente que apoye el trabajo de la Fiscalía General, especialmente la Unidad Especial que se creó en el acuerdo de paz, para enfrentarla criminalidad organizada responsable de la violencia contra líderes sociales y excombatientes.
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También se recomendó que en las extradiciones de personas procesadas por estos crímenes se privilegie la investigación en Colombia para garantizar que esta contribuya a satisfacer los derechos de las víctimas.
Además, se le pidió al Estado colombiano que reconozca “que la impunidad es un factor que ha contribuido a la persistencia del conflicto armado”. Y al Congreso y a la Fiscalía que se tipifiquen los crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Reconocer el exilio y el refugio transfronterizo como grave violación a los derechos humanos
Partiendo de la base de que en el país hay 9'189.839 víctimas del conflicto armado, la Comisión de la Verdad recomendó al Gobierno, en articulación con el Museo de la Memoria, asumir el compromiso de liderar los reconocimientos extrajudiciales de responsabilidad y de la dignidad de las víctimas, priorizando los hechos sufridos por los sujetos de reparación colectiva, con acompañamiento psicosocial a lo largo del proceso.
Esto debe incluir los procesos judiciales de la JEP, Justicia y Paz y los relacionados con los sometimientos de grupos armados. Además, se recomendó realizar ajustes a la Ley de Víctimas para garantizar recursos adicionales para la implementación de la política de víctimas y de restitución de tierras.
En el mismo sentido se recomendó superar las barreras de acceso a la oferta social del Estado, garantizar el acceso a bienes y servicios públicos y “reconocer el exilio y el refugio transfronterizo como grave violación a los derechos humanos” y establecer medidas de asistencia.
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Además, adecuar programas de rehabilitación e indemnización de víctimas miembros de la Fuerza Pública y reconocer como víctimas a los combatientes que hayan sufrido graves violaciones de derechos humanos o infracciones al DIH.
También crear y reglamentar el Museo de Memoria de Colombia como una institución de carácter permanente, autónoma e independiente y garantizar dinero para crear lugares e iniciativas de memoria en sitios en donde hubo graves violaciones a los derechos humanos.
Las recomendaciones incluyen separar a la Policía Nacional del Ministerio de Defensa
El informe llama la atención en la necesidad de promover transformaciones concretas en el sector de seguridad que contribuyan a disminuir la militarización, poner en el centro el cuidado de la vida, la garantía de los derechos humanos y el cumplimiento del DIH, fortalecer la democracia, entre otros.
Se pide hacer reconocimientos puntuales sobre temas identificados en los hallazgos como: DAS, ‘falsos positivos’, el estatuto de seguridad, consejos verbales de guerra y torturas, paramilitarismo y chuzadas “que se han mantenido en el tiempo”.
Esto incluye liderar un diálogo público, amplio, plural y territorial que cuente con las autoridades territoriales, incluyendo las étnicas, así como con la participación de las comunidades y sus organizaciones y el sector privado para “construir una nueva visión de seguridad para la construcción de paz”, enmarcada en el enfoque de seguridad humana.
También se recomienda hacer los ajustes institucionales, normativos, de política y "promover las transformaciones culturales necesarias para consolidad el nuevo paradigma de seguridad”. Esto, con una comisión integrada por personas de reconocida trayectoria y expedir un marco legal que distinga entre objetivos de seguridad y defensa.
Las recomendaciones incluyen separar a la Policía Nacional del Ministerio de Defensa, revisar la arquitectura internacional, revisar las capacidades y competencias de las autoridades departamentales y municipales, hacer ajustes en materia de control interno, la acción disciplinaria y hacer un diagnóstico sobre los gastos reservados, sus controles y sus riesgos de corrupción.
Y hacer ajustes para que la Fiscalía asuma los casos de graves crímenes cometidas por integrantes de la fuerza pública, con los consecuentes ajustes normativos a la Justicia Penal Militar.
Revisar y ajustar la doctrina de las FF.MM y de Policía en un proceso participativo y con publicidad que contribuya a su legitimidad y genere plena confianza
Un punto esencial es “revisar y ajustar la doctrina de las Fuerzas Militares y de Policía, a través de un proceso participativo y con publicidad que contribuya a su legitimidad y genere plena confianza para garantizar que sus tácticas, técnicas, procedimientos, términos, símbolos y valores que se ajusten a la nueva visión de seguridad y a sus roles y misiones constitucionales”.
También pide revisar la doctrina de acción integral de las Fuerzas Militares, garantizar que las personas desmovilizadas no sean usadas para labores de inteligencia a las fuerzas armadas. Además, se recomendó hacer ajustes a la estructura de las FF.MM y de Policía: esto incluye cambios institucionales para eliminar gradualmente la obligatoriedad del servicio militar.
Además, modificar el sistema de ingreso, ascensos e incentivos para que no puedan ascender quienes tengan “denuncias creíbles” por acción y omisión en casos de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH. Incluyendo una revisión de antecedentes de integrantes de la FF.MM.
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Sobre los archivos de inteligencia, la Comisión recomendó garantizar de manera inmediata el acceso a la información de inteligencia y contrainteligencia que haya cumplido el término legal de reserva y adelantar un proceso gradual de levantamiento de reserva de archivos de seguridad, inteligencia y contrainteligencia en garantía del derecho de la información. Esto implica derogar la disposición de la ley de inteligencia y contrainteligencia que establece un término de reserva de 30 años.
A la JEP se le recomendó ampliar medidas de protección de los archivos de inteligencia del batallón de inteligencia ‘Ricardo Charry Solano’.
Y hacer reformas necesarias para garantizar el control efectivo y eficiente de los departamentos y empresas de vigilancia y seguridad “que evite que estas sirvan a intereses privados en detrimento de los derechos de las poblaciones”. Además, se propone formular una nueva estrategia de seguridad para la ruralidad y zonas de frontera, con mayor presencia de las capacidades de la Policía y eliminar los convenios entre las FF.MM y empresas privadas en lo rural.
Se proponen ajustes políticos e institucionales para garantizar el derecho a la protesta y a la movilización y así “acabar con su estigmatización y represión violenta”.
La Comisión lanzó igualmente una serie de recomendaciones para consolidar democracia incluyente, amplía y deliberativa y contribuir a supera la violencia socio política. En el documento se indica que tras cinco años de la firma del Acuerdo de Paz con las Farc el país ha vivido el resurgimiento de un nuevo ciclo de violencia sociopolítica y a la vez, indican en el documento que “han sido notorias las dificultades para la implementación del punto 2 sobre participación política”.
Por ello, proponen acciones enfocadas en eliminar los “rasgos violentos del régimen y garantizar la participación ciudadana integral”, para esto, señala el informe se proponen medidas como: la exclusión de las armas de la política, un sistema político amplio desde las bases sociales, incluyente en todos los territorios y equitativo.
Y que se den garantías de inclusión y participación a los grupos minoritarios, líderes sociales y representantes de la protesta social, “estas medidas proponen el diálogo como herramienta central para la resolución de conflictos y cumplimiento de derechos fundamentales”.
La propuesta es avanzar en un diálogo nacional que permita consensos para “lograr la reforma política integral, medidas para garantizar el diálogo y la participación ciudadana como eje de la democracia”.
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En esa línea, se proponen ajustes políticos e institucionales para garantizar el derecho a la protesta y a la movilización y así “acabar con su estigmatización y represión violenta y los roles de las fuerzas armadas haciendo énfasis en el rol de la Policía como garante al derecho a la protesta”.
Dentro de la reforma política, a mediano plazo, se pide al Gobierno, Congreso y partidos políticos avanzar “en una reforma al régimen político y electoral que tenga en cuenta las propuestas realizadas por la Misión Especial Electoral”, que permita garantizar la representatividad de la diversidad regional, la implementación de las circunscripciones especiales transitorias para la paz y fortalecer la democracia interna de los partidos.
En el tema de la participación ciudadana, a corto plazo, proponen al Gobierno Nacional y los gobiernos locales promover espacios de diálogo deliberativo que garanticen las políticas públicas que respondan a las necesidades ciudadanas.
De igual forma, se indica que el Gobierno y el Congreso deben avanzar en un estatuto de derechos y garantías para las organizaciones y movimientos sociales, especialmente las marginadas históricamente como mujeres, LGBTIQ y pueblos étnicos.
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Sobre la protesta social y la desmovilización, a largo plazo, proponen que bajo el liderazgo del Gobierno se den las garantías al “ejercicio de la movilización y la protesta como derecho y la primacía del diálogo amplio y plural como respuesta a la misma”.
Se propone la creación de un protocolo de verificación de capturas, aprehensiones, traslados por protección y traslados por procedimiento policivo
Generando a corto plazo capacidades e instancias tanto formales como informales de participación y diálogo en todas las instituciones a lo que se suma la emisión de mensajes públicos de las autoridades, al más alto nivel, “de respeto y respaldo a las manifestaciones legitimas de protesta social y de rechazo a la violencia como medio de resolución de los conflictos”.
Se propone la creación de un protocolo de verificación de capturas, aprehensiones, traslados por protección y traslados por procedimiento policivo de personas que se hayan realizado en el marco de la protesta social.
De igual forma, se proponen generar garantías para evitar el mal uso del sistema penal y las medidas policivas y otras acciones de represión, de igual forma, un acompañamiento permanente por parte de la Procuraduría, Defensoría del Pueblo y personerías en cada movilización.
Y reiteró la necesidad de capacitar a la Policía para entender y manejar la protesta social y la diversidad étnica.
Así como “garantizar la prohibición de la intervención militar en operativos de control y contención de los disturbios surgidos en actuaciones de protesta y movilización social”.
Y a mediano plazo, la reforma o “eliminación del Esmad, e incorporación de procesos de formación públicos y evaluables que entre otras prohíban la estigmatización y criminalización hacia movimientos y organizaciones sociales”, se lee en el informe de la Comisión de la Verdad.
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Y a quienes ejercen su derecho a la protesta, la Comisión les pide “abstenerse de acudir al uso de la violencia como medio de reclamos sociales por legítimos y fundados que estos resulten”.
En el marco del ejercicio de la política libre de violencia le piden al Gobierno garantías para los líderes sociales y defensores de derechos humanos, excombatientes que incluyan el fortalecimiento de las capacidades de las “alertas tempranas”, como la generación de una unidad especial de investigación para lograr un análisis contextual de los ataques a este grupo.
“Garantizar el cumplimiento de las órdenes de la JEP y de la Corte Constitucional frente al Estado de Cosas Inconstitucional de excombatientes en procesos de reincorporación, fortaleciendo la transversalización del enfoque colectivo”, se lee en el documento.
De igual forma, garantizar los derechos y la participación de las minorías, campesinos, indígenas para “concertar y priorizar con los pueblos étnicos los ajustes normativos que hacen falta para garantizar la autonomía y determinación de estos grupos de especial protección”.
Lanzamiento del Informe Final Comisión de la Verdad. Gustavo Petro y el padre Francisco de Roux.
Cesar Melgarejo. EL TIEMPO-
Se enfatiza en la necesidad de la implementación integral, efectiva y ajustada a los desafíos actuales de la reforma rural integral consagrada en el Acuerdo Final de Paz
“En el marco de una guerra que se ha librado predominantemente en el campo, el desplazamiento forzado, el despojo de tierras (…) por varias generaciones y por cuenta de todos los actores armados, ha sido arrastrada a padecer y librar la guerra". Con estas palabras, la Comisión hizo énfasis en los territorios.
Aunque en el informe se reconocen avances en la transformación regional, la Comisión advirtió que hay un “desfinanciamiento progresivo de la política rural”.
Y se concluye en el informe que: “Dos de los problemas más graves son el número cada vez más elevado de solicitudes de restitución que rechaza el Gobierno Nacional y el incumplimiento generalizado de las sentencias de restitución”.
Por ello, la principal recomendación que entrega la Comisión es reconocer la problemática, “así como la necesidad de la implementación integral, efectiva y ajustada a los desafíos actuales de la reforma rural integral consagrada en el Acuerdo Final de Paz”.
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En esa línea se exponen seis grupos de recomendaciones con base en es las siguientes temáticas: medidas para garantizar un acceso equitativo a tierras y territorios, eliminar la desigualdad entre zonas urbanas y rurales, promover un ordenamiento territorial participativo y la prevención al desalojo de tierras y así “reparar eventuales violaciones de derechos humanos y ambientales”.
La Comisión recomienda a corto plazo que el Gobierno reconozca el sufrimiento vivido por los residentes en el campo “donde se libró predominantemente la guerra impactando de manera desproporcionada y diferenciada a territorios y poblaciones rurales”.
Garantizar la implementación de las hojas de ruta construidas para las 16 subregiones PDET con la participación activa y efectiva de las comunidades; además de llevar servicios púbicos a la ruralidad.
A mediano plazo la Comisión de la Verdad recomienda diseñar una estrategia de inclusión, empoderamiento y protección de la población rural y de transformación integral de los territorios rurales a “partir de procesos participativos y democráticos que tengan en cuenta las necesidades específicas de los territorios”.
Y para ello, concluye la Comisión es prioritario que se dé cumplimiento al Acuerdo de Paz en lo referente a la reforma rural integral y sustitución de cultivos.
Paralelo a ello, que tengan cabida las juventudes rurales ya que han sido los mayores afectados con el reclutamiento, de los grupos al margen de la ley por lo que debe haber una concepción de un derecho a “desarrollar sus planes de vida en paz”.
De igual forma se recomienda a corto plazo generar un catastro multipropósito para resolver las inconsistencias con el registro de instrumentos públicos y que se apropien “recursos financieros e institucionales necesarios para que se cumpla de manera prioritaria con el cronograma y las metas ya establecidas respecto de la formación y la conservación catastral en los municipios PDET y no PDET”.
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Así como garantizar la implementación de las hojas de ruta construidas para las 16 subregiones PDET con la participación activa y efectiva de las comunidades; además de llevar servicios púbicos a la ruralidad.
Y sobre el ordenamiento territorial participativo, sostenible y multicultural, la Comisión le pidió al Gobierno promover la inclusión social y productiva de las poblaciones rurales, prevenir los conflictos socioambientales, en particular, los derivados de las acciones minero energéticas.
Y desde el Congreso retomar la discusión sobre el proceso de descentralización y la autonomía territorial, “con miras a que se dé efectivamente un debate en torno a la equidad territorial.
La Comisión también se aproximó a los cambios que se requieren para tener una cultura de la paz, como fortalecer la educación en el país y un mayor compromiso de los medios de comunicación y los representantes de las comunidades religiosas.
Además se menciona como un valor a desarrollar el fortalecimiento de las herramientas y las capacidades democráticas desde el diálogo y la participación plural. Esto para apoyar especialmente a comunidades excluidas como comunidades afro, mujeres, personas Lgbtiq+ y fortalecer la lucha contra el racismo y la discriminación.
Frente a los derechos de las víctimas, la Comisión de la Verdad recomienda garantizar su reparación integral, el apoyo a los procesos de memoria y su inclusión en procesos participativos, además de acompañamiento social para la reconstrucción de su tejido social.
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Indica el borrador de documento que se requiere avanzar en las recomendaciones sobre impunidad y seguridad para superar el negacionismo de la responsabilidad que tuvieron diferentes actores armados "en la ocurrencia de violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario". Lo anterior dice el informe, será clave para la reconstrucción de la confianza de la sociedad y las instituciones.
Se insistió en la investigación de integrantes de la Policía y las Fuerzas Armadas para determinar su responsabilidad en hechos de violencia, que esas responsabilidades se incluyan en los procesos de memoria pedagógica de esas instituciones.
Igualmente, se habla de tener una nueva visión de la seguridad en el país en el que se desmonten los enfoques y las acciones fundamentadas en la estigmatización de personas, comunidades, poblaciones y territorios
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