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Paz y Derechos humanos

Víctimas calificaron como 'grave' y 'errado' el cierre del examen de CPI

En la plazoleta del CAM en Cali, ciudadanos, víctimas de violencia y defensores de derechos humanos, realizaron un acto simbólico para mantener viva la memoria de las más de 9 millones de víctimas en el marco del Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado. Allí, la concejal Ana Erazo, presentó el proyecto de acuerdo para institucionalizar la semana de las víctimas en Santiago de Cali, para fortalecer el tejido social con verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

En la plazoleta del CAM en Cali, ciudadanos, víctimas de violencia y defensores de derechos humanos, realizaron un acto simbólico para mantener viva la memoria de las más de 9 millones de víctimas en el marco del Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado. Allí, la concejal Ana Erazo, presentó el proyecto de acuerdo para institucionalizar la semana de las víctimas en Santiago de Cali, para fortalecer el tejido social con verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

Foto:Juan Pablo Rueda Bustamante / El Tiempo

Critican que no se les incluyó en reuniones con el fiscal y expresan preocupación por impunidad.

No cayó bien entre las víctimas del conflicto armado la decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) de cerrar el examen preliminar sobre la situación en Colombia, que estaba abierto desde hace 17 años.
"Los avances que hemos visto en la justicia acá son casi nulos. Con la jurisdicción ordinaria llevábamos 13 años de impunidad, y en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aún falta mucho por avanzar en cientos de crímenes cometidos por el Estado, que podían llegar a la CPI", dijo Jacqueline Castillo, vocera de las madres de víctimas de ejecuciones extrajudiciales de Colombia.
Esos asesinatos, cometidos por militares y conocidos como 'falsos positivos', hacían parte de los procesos que la CPI tenía bajo estudio en el país, junto a la promoción y expansión de grupos paramilitares, los crímenes sexuales y violencia de género y el desplazamiento forzado.
Colombia y la CPI firman acuerdo.

Colombia y la CPI firman acuerdo.

Foto:Presidencia

"Aunque esto es un espaldarazo al trabajo de la JEP, encontramos problemático el levantamiento de la observación de la CPI sobre Colombia, porque se han registrado múltiples ataques al trabajo de la jurisdicción. Además, en temas como el desplazamiento, apenas se está comenzando a avanzar en la JEP y la impunidad en este delito continúa siendo del 95 por ciento", expresó por su parte Marco Romero, director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes).

La victimización sigue y es alarmante, y preocupa que esos casos queden en la impunidad: Marco Romero

Romero resaltó que después de la firma del acuerdo de paz se han presentado más de 500 desplazamientos, que han dejado alrededor de 220.000 víctimas y, por la fecha de ocurrencia, la atención de esas situaciones no es competencia de la JEP. "La victimización sigue y es alarmante, y preocupa que esos casos queden en la impunidad", dijo.
El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) también se pronunció al respecto.
"Consideramos que la decisión del fiscal de la CPI de archivar la investigación contra Colombia por violaciones a los derechos humanos en el marco del conflicto armado, anunciada hoy (28 de octubre), es una lectura errada del contexto político y social que atraviesa el país", señaló el Movice a través de su cuenta de Twitter.
Y agregó: "En Colombia no han existido tribunales que permitan a las víctimas acceder al derecho a la justicia, mucho menos a una verdad que permita esclarecer la participación de múltiples sectores de la sociedad en la profundización del conflicto armado. Existen pocos mecanismos efectivos de reparación y nulas garantías de no repetición, pues vemos cómo, 5 años después de haber sido firmado el acuerdo de paz, el conflicto armado ha tomado nuevas dimensiones".
De hecho,  el director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, indicó que la decisión del cierre del examen preliminar "es prematura, equivocada y contraproducente", y señaló que "puede dejar a la JEP más expuesta ante ataques contra su independencia".
El abogado Juan Ospina criticó que el acuerdo firmado entre Colombia y la CPI "se elaboró y socializó a espaldas de la sociedad civil y de las víctimas", y resaltó que en el documento hay una sola referencia a la sociedad civil y ninguna a las víctimas.
"El fiscal de la CPI debió haber abierto un espacio para las víctimas, para escuchar la realidad que teníamos por contar. Nos quedamos con una gran tristeza. Es lamentable que en Colombia reine la impunidad", concluyó Jacqueline Castillo.
justicia@eltiempo.com

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