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Paz y Derechos humanos

Radiografía del exterminio de la UP: ‘Estado toleró la violencia en su contra’

En el XVlll Encuentro Nacional por la Dignidad, en octubre de 2022, las víctimas de la UP pidieron justicia.

En el XVlll Encuentro Nacional por la Dignidad, en octubre de 2022, las víctimas de la UP pidieron justicia.

Foto:Cortesía Corporación Reiniciar

Dura sentencia de la Corte IDH es, para los familiares y víctimas, por fin, justicia.

Alejandra Bonilla Mora
El exterminio físico de una fuerza opositora, con la tolerancia de las fuerzas del Estado que, además, se unió con las estructuras paramilitares que arremetieron, sin asomo de vergüenza alguna, en contra de toda persona que simpatizara o militara en la Unión Patriótica, quedó marcado en la durísima sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado que se conoció esta semana y que es, para los familiares de las víctimas, para los sobrevivientes y para los ausentes, por fin, justicia.

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Fueron tres décadas de lucha judicial ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos por cada asesinato, tortura, atentado, desplazamiento, exilio, amenaza, masacre, estigmatización, judicialización indebida y otros actos de violencia sistemática ejercida por 20 años contra una estructura política que prometía en mayo de 1985, cuando fue constituida, convertirse en una fuerza en todo el territorio, tras los acuerdos de La Uribe, firmados en 1984, uno de los procesos de paz que avanzaron con las entonces Farc, en el gobierno de Belisario Betancur.
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Y lo fue: la UP tuvo sus primeras elecciones en 1986 y obtuvo escaños en el Congreso y el respaldo popular en Alcaldías y Concejos. Las cifras citadas en la sentencia de la Corte IDH de 886 páginas, recogidas de los informes del Centro Nacional de Memoria Histórica, ponen en evidencia la magnitud de un caso que no tiene precedentes en la región, en democracia: “200 eran alcaldes, 418 concejales, 43 eran diputados, 26 eran congresistas y 2 eran gobernadores”.
Dos candidatos presidenciales, Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo, asesinados los días 11 de octubre de 1987 y 22 de marzo de 1990, respectivamente; y líderes como Teófilo Forero, Manuel Cepeda o José Antequera.
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La sentencia recoge, según el CNMH, que entre mayo de 1984 y diciembre de 2002, la violencia contra la UP incluyó 3.122 asesinatos selectivos, 544 víctimas de desaparición forzadas, 478 víctimas de asesinatos en masacres, 4 secuestros y, según datos de la Corporación Reiniciar (que batalló en los estrados judiciales) “2.049 sobrevivientes de amenaza, tentativa de homicidio, tortura, violencia sexual y violación de garantías judiciales como detención arbitraria o judicializaciones infundadas, desplazamiento forzado y exilio”.
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En el XVlll Encuentro Nacional por la Dignidad, en octubre de 2022, las víctimas de la UP pidieron justicia.

En el XVlll Encuentro Nacional por la Dignidad, en octubre de 2022, las víctimas de la UP pidieron justicia.

Foto:Cortesía Corporación Reiniciar

La Corte IDH identificó un número de víctimas directas de los hechos de violencia sistemática en contra de integrantes y militantes de la UP entre 1984 y 2006 que supera las seis mil personas, entre los que están 521 casos de desaparición forzada de personas, 3170 casos de ejecuciones extrajudiciales, 1596 casos de desplazamiento forzado, 64 casos de tortura, 19 casos de judicializaciones infundadas, 285 casos de atentados o tentativas de homicidio, y 10 casos de lesiones.
Crímenes de todos los días que asombraban al país, estupefacto ante el horror, y que salía a las calles a despedir a sus muertos, pero también crímenes selectivos que tuvieron la participación de agentes de la Fuerza Pública.
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Por estos hechos, dijo la Corte IDH, el Estado sí es responsable de manera directa y no solo “por no haber tomado las medidas necesarias y suficientes para prevenir e impedir los actos de violencia a pesar de la evidencia de que esa persecución estaba en marcha”, que fueron los términos en que el Estado, durante el mandato de Juan Manuel Santos, reconoció responsabilidad parcial ante la CIDH el 6 de septiembre de 2017.
Para la Corte IDH, la violencia perpetrada por agentes estatales y no estatales, con alianza con paramilitares, deja en evidencia que existieron “claros patrones de participación estatal tanto de manera directa como mediante actos de aquiescencia, tolerancia y colaboración en los hechos de violencia sistemática con los integrantes y militantes de la UP”.
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“Adicionalmente, la gran mayoría de casos de desapariciones o muertes por asesinato estuvieron precedidos de repetidas amenazas e intimidaciones (…), muchas de las cuales se atribuyen directamente a agentes estatales, nuevamente con especial incidencia del Ejército (…). Varios hechos de violencia contra los integrantes y militantes de la UP se relacionan con denuncias públicas de graves violaciones de derechos humanos cometidas por la Fuerza Pública o grupos paramilitares”, dice el fallo.

"Operaron como una forma de tolerancia generalizada y estructural frente a los hechos de violencia contra los integrantes de la UP, la cual propició que los mismos continuaran produciéndose".

La Corte IDH además señaló que las faltas en el deber de investigar y dar justicia a todas estas violaciones de derechos humanos, que son crímenes de lesa humanidad y un acreditado plan de exterminio, señalan que la responsabilidad del Estado no es solo indirecta sino que “operaron como una forma de tolerancia generalizada y estructural frente a los hechos de violencia contra los integrantes de la UP, la cual propició que los mismos continuaran produciéndose”.
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Ante ello, las medidas de reparación son una importante indemnización económica individual a las víctimas reconocidas y las que faltan por encontrar, y que el Estado deberá acreditar, sino también fijar un día para recordar la memoria de las víctimas de la UP, un acto de perdón, un monumento, un documental, placas conmemorativas y charlas educativas para la memoria, impulsar las investigaciones y hallar a los desparecidos, entre otros.

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