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En Bojayá se sienten tan acorralados como cuando ocurrió la masacre
Bojayá, 15 años de la masacre

Bojayá, 15 años de la masacre

Foto:

Luis Acosta / AFP

Reportaje Multimedia

En Bojayá se sienten tan acorralados como cuando ocurrió la masacre

Bojayá, 15 años de la masacre

Los riesgos en ese lugar son similares casi 20 años después de la tragedia.

Y la casa de Dios se convirtió en el infierno.
Ocurrió el 2 de mayo del 2002.

Un cilindro bomba cayó en la iglesia de San Pablo Apóstol de Bojayá, en el Chocó. Allí, en el lugar más seguro posible —la sagrada casa de Dios, una de las pocas estructuras de concreto de este pueblo olvidado a orillas del río Atrato— se refugiaba gran parte de la población que llevaba tres días esquivando las balas de los guerrilleros de las Farc y de los paramilitares. El cura, familias enteras con niños, mujeres embarazadas y con bebés en brazos. Pero el cilindro bomba disparado por las Farc aterrizó en el techo, lo rompió, terminó en el templo y explotó y mató a unas 100 personas —la mitad niños, según registros oficiales— y mutiló a personas y a santos y dejó sin brazos ni piernas a la estatua de Cristo, que se convirtió en el emblema de una de las crueldades más grandes cometidas en el conflicto armado colombiano; el mismo cristo mutilado que besaría el papa Francisco en su visita a Colombia, en Villavicencio, en el 2017, cuando se reunió con un grupo de víctimas de la guerra colombiana.

(Ingrese al especial: 5 años después, la paz con las Farc aún no se siente en las regiones)

El 2 de mayo del 2022 se cumplirán 20 años de semejante infamia. Y la población se siente en el mismo riesgo de aquella época, pero con una gran diferencia: ya no son los guerrilleros de los frentes 5, 34 y 57 del bloque ‘José María Córdoba’ de la entonces guerrilla de las Farc que se enfrentaban ferozmente con los paramilitares del bloque 'Élmer Cárdenas' de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), con los que se disputaban el control de estas tierras y el acceso al río Atrato, donde han terminado miles y miles de los muertos que el Chocó ha puesto durante décadas.

Ahora son los hombres del Ejército de Liberación Nacional (Eln) y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) los que se agarran a bala por quedarse con los territorios abandonados por las Farc. Además del acceso al río Atrato, se pelean a muerte por las rutas del narcotráfico que conducen hacia el Pacífico y por donde sacan gran parte de la droga de Colombia hacia Centro y Norte América.

Lo ha denunciado desde hace dos años la Defensoría del Pueblo, cuando por fin 77 de las más de 100 familias de las víctimas de Bojayá recibieron los restos de sus difuntos después de que los exhumaron para identificarlos, en un sofisticado proceso científico y forense ordenado en los acuerdos de La Habana entre el Gobierno y las Farc. Y desde entonces, la entidad ha emitido dos nuevas alertas tempranas, la más reciente, el pasado 21 de junio.

(Reportaje: Masacre de Bojayá: seis muertos por fin descansan en paz)

Las alertas de la Defensoría del Pueblo

“El escenario de riesgo para la subregión del Atrato Medio se encuentra determinado por los siguientes factores: presencia y control territorial de las AGC en las cabeceras municipales de Bojayá, Medio Atrato y Vigía del Fuerte, al igual que en los territorios rurales que habitan las comunidades étnicas en estos municipios. Riesgo de reclutamiento y ataques contra la vida e integridad de excombatientes de las FARC.

Expansión de esos grupos hacia comunidades étnicas situadas en la zona rural de los municipios de Bojayá, Medio Atrato y Vigía del Fuerte, en procura de obtener el control territorial de las zonas que fueron del dominio de las Farc. Y riesgo de reclutamiento e instrumentalización de niños, niñas y adolescentes por parte de esos grupos”, advertía el documento.

('Falsos positivos': ‘No sabemos dónde está mi hijo; para mí eso no es justicia‘)

Luis Murillo es el defensor del Pueblo del Chocó. Un hombre al que no le ha temblado la voz a la hora de hablar sobre todas las crueldades que siguen ocurriendo en su región. Puntualmente en Bojayá. Allí, en el 2021, afirma que 1.245 personas se han desplazado por las presiones de los grupos armados ilegales y que 4.911 personas (1.035 familias) han estado confinadas.

Luis Murillo, defensor del pueblo en Chocó.

Foto:

Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO.

“Esas cifras indican que en los primeros diez meses de este año, 16 personas se confinaron y otras cuatro se desplazaron cada día”, expresó con angustia el defensor Murillo.

En Bojayá tienen miedo. Mucho miedo. Eso lo lamenta —y lo sufre cada segundo de su vida— José de la Cruz Valencia. Un muchachito de 15 años cuando se desató el infierno.

“En un pueblo tan pequeño muchos somos familia y todos somos amigos. Así que yo conocía y quería a muchos de los muertos”, cuenta el hombre, quien se convirtió en un destacado líder social. Un administrador de empresas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (Unad) gracias a un crédito reembolsable del Icetex que sigue pagando.

José de la Cruz perdió a tres sobrinos: Erlindo Perea (12 años), Candelario Valencia (cinco), Wilmar Palma (cuatro). Y a muchos primos, familiares y amigos. El luto fue colectivo. No hubo nadie en Bojayá sin uno o varios muertos.

(En contexto: En Antioquia y Chocó, la guerra y el desplazamiento nunca desaparecieron)

Recuerda que él y su familia se salvaron por unos cuantos minutos porque iban en una canoa, bordeando el Atrato, rumbo a la Iglesia, cuando el cilindro de gas de las Farc —un hecho por el que la extinta guerrilla ha pedido perdón— estalló y desató el infierno. Y José de la Cruz y su familia y unos vecinos se tiraron al agua y siguieron en la canoa con camisetas blancas —y ondeando banderas del mismo color— hasta llegar a Vigía del Fuerte, el pueblo que queda justo al otro lado del río pero que no le pertenece al Chocó sino a Antioquia y donde su gente ha sufrido las mismas violencias de Bojayá, aunque sin una masacre como la que dejó más de 100 muertos; más de 100, pues la cifra exacta nunca se ha logrado esclarecer pues además de los caídos en la Iglesia, se cuentan a otras víctimas ocurridos en los días previos y posteriores. Vigía del Fuerte: un pueblo que podría pasar como cualquier otro pueblo del Chocó pero donde la gente habla paisa. Un pueblo donde su gente reclama un poco de la atención y las inversiones que ha recibido su vecino.

“La gran mayoría de la comunidad ha sufrido confinamientos y desplazamientos. Seguimos siendo objeto de disputa territorial entre actores armados ilegales y enfrentamientos con la fuerza pública”, dice este hombre, padre de dos hijos y candidato a la Cámara de Representantes en las próximas elecciones. Espera ocupar una de las curules asignadas para víctimas del conflicto armado tras el acuerdo de paz, que está cumpliendo cinco años. Y aclara que la situación en su pueblo es similar a la del 2002 —una población acorralada por los violentos—, pero con la diferencia de que ahora la policía permanece en el territorio. “Algunas personas han caído en minas antipersona y otros no pueden recoger ni siquiera sus cultivos porque están confinados. Y esta situación se suma a la pobreza y al abandono Estatal que siempre hemos sufrido”, sigue.

(Punto a punto: así va la implementación del acuerdo de paz con las Farc)

Una luz que alumbra a medias

José de la Cruz reconoce inversiones notables como el traslado del pueblo hacia Nueva Bellavista, en el casco urbano del municipio y a un kilómetro del lugar de la masacre. Reconoce la identificación de los difuntos, pues de esta manera los dolientes por fin lograron enterrarlos según las tradiciones del Pacífico colombiano: con los alabaos y gualíes de las cantaoras, con los velorios de varios días y novenarios donde se toman litros y litros de viche —bebida insignia del Pacífico elaborada con hierbas medicinales—, ron y aguardiente. Reconoce las construcciones del nuevo hospital, la nueva casa comunitaria que les permite hacer reuniones y actos culturales y varios proyectos productivos con los que se busca que Bojayá vuelva a ser la despensa agrícola del Medio Atrato que era antes de la tragedia del 2 de mayo del 2002.

Funeral colectivo de las víctimas de la masacre de Bojayá

Foto:

Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

Pero lamenta que ausencias históricas, como la falta de energía eléctrica permanente, dejen de ser un sueño y un clamor de la comunidad. La luz es intermitente. Cada día reciben entre 18 y 20 horas de ese servicio tan básico. Y lamenta, sobre todo, que pese a todas las advertencias no se generen hechos contundentes para garantizarles su derecho a la no repetición.

('Todavía no estoy frustrada con la paz', Íngrid Betancourt)

Hace un par de meses, distintas organizaciones humanitarias y delegados de la Iglesia Católica colombiana recorrieron la zona del medio atrato y encendieron las alarmas —nuevamente— sobre el riesgo en el que vive esta comunidad.

Monseñor Juan Carlos Barreto, obispo de la Diócesis de Quibdó, encabezó la delegación que el pasado 16 de noviembre se desplazó hasta Bogotá con varios líderes de la región, entre ellos, José de la Cruz Valencia.

Seguimos siendo objeto de disputa territorial entre actores armados ilegales y enfrentamientos con la fuerza pública

Esas misiones humanitarias en seis municipios del Chocó —incluido Bojayá— y en tres del occidente antioqueño, destacó monseñor Barreto, “han sido un mecanismo de respuesta ante la grave y compleja crisis humanitaria que se vive en esta parte del territorio nacional y que ha reconfigurado el desarrollo del conflicto armado desde el 2016 hasta la fecha. En los territorios se hace evidente una paz que no llegó y un conflicto que, en algunas regiones, está poniendo al límite la existencia misma de estas comunidades”.

Y con la voz firme que caracteriza a monseñor Barreto —reconocido defensor de los derechos humanos en el Chocó— también habló sobre los enfrentamientos, desplazamientos y confinamientos. Pero también habló sobre las amenazas a líderes y comunidades. Sobre la violación de la autonomía territorial de las autoridades étnicas. Sobre la violencia sexual basada en género. Sobre el reclutamiento forzado de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Sobre los suicidios, especialmente en contextos de comunidades indígenas. Y sobre esa infamia que es la instalación de minas antipersona en los caminos, que terminan dejando a soldados y civiles como al Cristo mutilado de Bojayá.

(Las heridas abiertas de las víctimas de violencia sexual en la guerra)

“Todo lo anterior está destruyendo los tejidos culturales, organizativos y comunitarios; y ha venido sometiendo a las comunidades a la hambruna y a la exposición al exterminio físico y cultural. La vida de las comunidades negras, indígenas y campesinas está en alto grado de riesgo. Experimentan altas y complejas afectaciones psicosociales tales como: temor, abandono, tristeza, angustia e incertidumbre”, siguió en sus denuncias y reclamos al Estado monseñor Barreto.

En Bojayá no se cansan de clamar la atención del Estado.
En Bojayá se resisten a seguir sufriendo tantas penas.
En Bojayá tienen miedo a que el infierno se desate de nuevo.

JOSÉ ALBERTO MOJICA PATIÑO*
Editor de Reportajes Multimedia
En Twitter: @JoseaMojicaP

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