Sombras y luces en la implementación de los seis puntos del acuerdo de paz con las Farc dejó ver el último de 10 informes que publicó la Secretaría Técnica (ST) del Componente Internacional de Verificación, tras cinco años de la firma del pacto de terminación del conflicto con la extinta guerrilla.
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El estudio, producido por el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac) y el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), destacó varios de los logros alcanzados por las partes, pero llamó a “acelerar los compromisos rezagados” y reveló datos preocupantes en campos como la financiación.
“A este ritmo de ejecución, la implementación tomaría un total de 26 años, es decir, 11 años más de lo previsto”, se lee en el documento de 548 páginas.
La investigación identificó tres hechos que han tenido efecto en la implementación del acuerdo: primero, el cambio de
gobierno en 2018 y "la asunción del partido político que se había opuesto abiertamente a la firma del acuerdo"; segundo, la pandemia por covid-19; y tercero, el paro nacional convocado en abril de este año.
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Sobre la reforma rural integral, la ST encontró que el Fondo de Tierras tiene menos de la mitad de los tres millones de hectáreas previstos en el acuerdo de paz, y resaltó que en 52 meses solo se han entregado el 7,8 por ciento. A este paso, dice el documento, “en los 12 años previstos de duración del fondo solo se distribuirá el 21,7 por ciento de lo pactado”.
En relación con el compromiso del Catastro Multipropósito, se resalta su inicio y la actualización de 47 municipios entre 2017 y 2020 y la priorización de otros 143, de los cuales 74 son municipios de los PDET.
Sin embargo, dice el informe, solamente en cuatro municipios PDET (Segovia, Guapi, La Jagua de Ibirico y Ovejas) han realizado el catastro y el área total representa el 5,4% del total.
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"Así, aún se está lejos de las metas establecidas. A juicio de la ST es necesario acelerar la implementación del catastro, por lo menos en los 143 municipios priorizados (74 de ellos PDET) y buscar disminuir la alta dependencia de recursos de la banca
multilateral y de la cooperación internacional", señala el documento.
Respecto al segundo punto acordado en La Habana –participación política–, el informe destacó como principales logros la promulgación del Estatuto de la Oposición, y la aprobación de las circunscripciones de paz en el Congreso, pero llamó la atención sobre las demoras para alcanzar estos objetivos y las dudas que aún quedan sobre cómo funcionarán.
En general, y al igual que en informes previos, la ST advirtió "pocos avances" en el punto 2, y puso de relieve que aunque en el acuerdo se definieron instancias para la implementación, en la actual presidencia se crearon "espacios e instancias paralelas por parte del Gobierno Nacional, las cuales se han enfocado en los mismos temas con visiones diferentes a lo acordado y con poca participación de la sociedad civil".
Firma del acuerdo de paz entre la guerrilla de las Farc y el Gobierno colombiano.
Carlos Ortega. Archivo EL TIEMPO
Sobre el fin del conflicto, la Secretaría Técnica destacó la terminación definitiva de la confrontación con las Farc, la entrega de 8.994 armas que tenían en su poder, la construcción de los espacios para la reincorporación de exguerrilleros y las garantías que ha brindado el Gobierno en ese proceso.
Entre esas, destacó la renta básica, que aún continúa entregándose a los excombatientes que están en la ruta de reincorporación económica y social; la asignación única de normalización; la afiliación a seguridad social; y la adopción de una serie de programas sociales en materia
de salud y educación.
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No obstante, recordó que hay compromisos pendientes, como finalizar la entrega de bienes de las Farc, la creación de un monumento en Cuba y, sobre todo, garantizar la protección de los excombatientes, que ya registran más de 290 asesinatos de sus miembros.
"No garantizar la protección de los excombatientes impacta la
implementación del acuerdo final y representa un riesgo para la consolidación del tránsito a la vida civil ante la posibilidad de que puedan desertar del proceso o prefieran regresar a la clandestinidad", dice el documento.
En cuanto al punto cuatro, que plantea la solución al problema de las drogas ilícitas, destacó el cumplimiento del 98 por ciento de las familias vinculadas al Pnis, que sustituyeron voluntariamente sus cultivos de coca, pero criticó las demoras de más de tres años en algunos compromisos que no tienen avances significativos.
También señaló que no se conocen avances respecto a la creación e implementación de un Sistema Nacional de Atención al Consumidor de Drogas Ilícitas.
"Dicho compromiso, debía ser cumplido en 2019 con la expedición del Acto administrativo de creación del Sistema,
sin embargo, el Proyecto de Ley presentado en 2019 para este fin, fue archivado", advierte la ST.
Respecto al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, el informe destacó el modelo de justicia transicional adoptado por la JEP y sus avances en los macrocasos, pero llamó a presentar decisiones de fondo, sentencias y sanciones.
Las cabezas del sistema transicional: Luz Monzón (UBPD), Eduardo Cifuentes (JEP) y Francisco de Roux (Comisión de la verdad).
JEP
Sobre la Comisión de la Verdad, el estudio destacó la construcción y desarrollo de un proceso metodológico y social para el esclarecimiento de la verdad y la realización de acciones tendientes al reconocimiento individual y colectivo de responsabilidades por parte de actores del conflicto, que quedará expuesto en el informe final de la entidad, que se conocerá a mediados del 2022 y revelará los hallazgos y las recomendaciones para no repetir la guerra.
Eso sí, la ST expresó la importancia de evitar "la instrumentalización de los resultados del informe en el contexto electoral o para alimentar el clima de violencia a la conveniencia de los diversos actores inmersos en ella".
Sobre la labor de la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, el informe reconoció la elaboración del Plan Nacional de Búsqueda, pero recomendó "la pronta operativización" del mismo, que permita la identificación de actividades, cronogramas, responsables y recursos, la ampliación
del número y el alcance de nuevos planes.
Por último, sobre el punto 6 del acuerdo, el informe resaltó el trabajo de Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación y la creación del Sistema Integrado de Información para el Posconflicto, e hizo un llamado para garantizar la financiación de la implementación y así evitar los retrasos que se prevén.
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Sobre los compromisos del Ejecutivo, dijo que "de los 76 que deben estar cumplidos para el cuatrienio 2019-2022, el Gobierno de Iván Duque ya cumplió 9 y el resto ya están en planeación para su finalización".
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