¿Por qué las audiencias de exFarc y militares son a puerta cerrada?

¿Por qué las audiencias de exFarc y militares son a puerta cerrada?

JEP asegura que las sesiones, que están en etapa investigativa, se protegen por ley de habeas data.

Timochenko en la JEP

Rodrigo Londoño acudió este 14 de febrero a la JEP para brindar su versión voluntaria sobre el caso 001, de secuestro, por el que está vinculado en esa justicia transicional.

Foto:

Twitter: @TimoFARC

Por: Justicia
18 de febrero 2019 , 05:19 p.m.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) recibió una oleada de críticas por parte del uribismo debido a que la semana pasada el exjefe de las Farc, Rodrigo Londoño, conocido como 'Timochenko', compareció ante esa jurisdicción para hablar sobre su responsabilidad en el secuestro en una diligencia que fue cerrada -y que no tuvo acceso del público ni de las víctimas-. Y este lunes a la JEP asistirá otro líder de la Farc, Pablo Catatumbo, para rendir su declaración, también en privado. 

Las críticas del uribismo, sin embargo, no se dieron frente al menos 50 audiencias  que ya han rendido militares y policías implicados en casos de falsos positivos (el caso 003 de esta jurisdicción), y que también se hicieron a puerta cerrada. 

La razón por la cual las declaraciones -tanto de los exjefes de las Farc que responden por secuestro, como las de los uniformados que responden por ejecuciones judiciales- se están haciendo a puerta cerrada, es porque, por ahora, se trata de versiones que en esta primera parte están en una etapa investigativa. 

Así, la JEP asegura que todas las versiones que rindan las personas que se sometieron a esa justicia serán privadas porque "la aceptación de autoría o participación por parte del compareciente tendrá el valor de confesión. Según la Ley Habeas Data, las versiones tienen datos sujetos a reserva, de investigaciones, de nombres de víctimas, datos sensibles y de terceros". 

Estas versiones se pueden comparar con las versiones libres que tuvieron los exjefes paramilitares que se sometieron a la ley de Justicia y Paz. En el 2007, cuando se comenzaron a dar las primeras versiones de los ex-paras, llovieron críticas de diferentes sectores porque los fiscales ponían requisitos que dificultaban el acceso a esas audiencias. Así, por ejemplo, la Fiscalía exigía que las víctimas llenaran un formulario con datos personales y acreditaran que quien estaba rindiendo la versión le había ocasionado un daño directo. 

En ese momento las autoridades justificaron que las audiencias debían ser privadas para mantener la reserva del proceso de investigación, la presunción de inocencia de terceros que se podían ver afectados, y el derecho a la defensa de los desmovilizados. 

En este caso, las declaraciones que los exguerrilleros y los uniformados dan ante la JEP tienen un temario estricto en el cual se les pregunta sobre su responsabilidad en los diferentes casos y para proteger su reserva, esta jurisdicción optó por mantenerlas cerradas. 

Así, tanto a 'Timochenko' como a Pablo Catatumbo en este momento se les están haciendo preguntas por su relación directa como miembros del Estado Mayor, con el fin de conocer su participación en la toma de decisiones de las Farc en el secuestro de soldados, civiles, así como las condiciones de cautiverio. 

En este sentido, aseguran fuentes de la JEP, las audiencias por ahora son cerradas por dos razones: la primera es que al ser una parte investigativa, los procesados, en este caso los exjefes de las Farc, pueden incriminar a otras personas del secretariado o a terceros civilmente responsables que no son sujetos de esa jurisdicción. Eso implica que esa información tiene un contenido sensible que, dice la JEP, está protegida con la ley de habeas data. 

La segunda razón es que se busca evitar que las víctimas sean revictimizadas en este primer momento en el cual un desmovilizado podría, o no, reconocer directamente su responsabilidad.

En cualquier caso, aseguran las fuentes de la JEP, las grabaciones de todas las versiones que den los exjefes de las Farc serán trasladadas a las víctimas acreditadas en los diferentes procesos para que hagan sus observaciones y soliciten pruebas. 

La información que los exjefes de las Farc entregan en estas versiones será contrastada con el informe que entregó la Fiscalía General en donde señala a los exguerrilleros de más 8.700 casos de secuestro. También se contrastará con las condenas de la justicia ordinaria, la información de País Libre y el informe de víctimas, así como la que aportó el Centro de Memoria Histórica. 

Con estos argumentos la JEP asegura que todas las audiencias en esa jurisdicción, excepto esta etapa investigativa de las declaraciones, serán públicas. Esto incluye todos los juicios, a menos que se trate de casos de violencia sexual contra menores que están protegidos por el código del menor. 

JUSTICIA

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