En el mismo documento de 149 páginas en el que decidió aplicar la garantía de no extradición para Jesús Santrich, con el argumento de que "las pruebas no permiten evaluar la conducta ni establecer la fecha precisa de su realización", la Sala de Revisión de la Justicia Especial para la Paz incluyó una versión del exnegociador de las Farc en la cual él mismo admite que se trata de hechos entre finales del 2017 y febrero del 2018.
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Para Estados Unidos, país que pidió la extradición de Santrich, la prueba reina de su presunta participación en un negocio del narcotráfico son los encuentros que sostuvo con supuestos delegados del cartel de Sinaloa (que en realidad eran agentes encubiertos de la DEA) y que fueron grabados con cámaras ocultas.
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En los alegatos de conclusión de su caso, Santrich, quien siempre ha insistido en su inocencia y en que fue capturado por un supuesto montaje de la DEA y la Fiscalía, le dijo a la JEP que "en enero de 2018 inició su campaña electoral y que 'en el mes de febrero' Marlon Marín (sobrino de Iván Márquez, hoy en una cárcel de Estados Unidos) le pidió una nueva cita para hablar de los proyectos productivos con los inversionistas mexicanos (...) Se fijó cita para el 7 de febrero, pero por su agenda solo pudo regresar a Bogotá el 9 de ese mes a la madrugada".
Declaración Santrich a la JEP.
Archivo particular
El tema es clave porque la negativa a proseguir con el trámite de la extradición, que era lo que estaba resolviendo la JEP, aplica solo para hechos anteriores a noviembre del 2016, cuando se firmó la versión definitiva del Acuerdo de La Habana.
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Este martes, en una decisión dividida, la JEP consideró que ni la Fiscalía ni los Estados Unidos entregaron pruebas suficientes para determinar si los presuntos hechos de narcotráfico atribuidos al exnegociador correspondían a antes o después del Acuerdo. "Nunca se concluyó que la conducta no existió, sino que por falta de pruebas no pudo evaluarse", dijo el magistrado Jesús Ángel Bobadilla, ponente del caso.
La versión de Santrich es que no conocía a Marín (quien por su condición de sobrino de Iván Márquez se movía en altos círculos de las Farc y hasta se desmovilizó como miembro de esa guerrilla), y que desde el 2017 este lo contactó para hablar de los proyectos productivos para los ex combatientes.
También dijo que en junio del 2017 "recibió en su residencia la visita de unos empresarios interesados en hablar de temas relacionados con proyectos productivos", quienes terminaron siendo Armando Gómez y Fabio Younes, ambos capturados por el mismo caso y también pedidos en extradición por EE. UU.
Y agrega el expediente: (Santrich) "indicó que a finales del 2017 Marlon Marín le dijo que estaba visitando zonas veredales con personal de la Oficina del Posconflicto para el desarrollo de granjas econativas y que, a solicitud de aquel (Marín), el 2 de noviembre (del 2017) se concretó una cita con 'posibles inversionistas'. Ese día (Marín) le presentó a los empresarios, uno de los cuales afirmó 'ser hijo de Rafael Caro, supuesto dueño del grupo empresarial, a quien pese a no conocerlo, por pedido expreso del interlocutor, envió un afiche autografiado".
La pintura de Santrich es una de las pruebas que en su momento mostró la Fiscalía. Y el Rafael Caro mencionado por Santrich era, según el proceso, Rafael Caro Quintero, gran capo del cartel de Sinaloa.
‘Jesús Santrich’, líder de las Farc.
Rodrigo Sepúlveda / EL TIEMPO
La cita de febrero del 2018, dijo Santrich, "se realizó por pedido de Marín en su residencia el 9 de febrero a las 5 y 30 a.m. y asistieron los dos extranjeros que conoció en el encuentro anterior. Allí estos hablaron alrededor de 10 o 15 minutos de inversiones que harían en las granjas econativas (...) Recordó que él se limitó a preguntar cómo y cuándo pensaban hacer esos proyectos y ellos expresaron la necesidad de realizar negocios fuera de México y, además, refirieron que en su propuesta estaría interesado el presidente de Surinam".
(¿Quién es el presidente de Surinam que nombra Santrich en su video?)
El video completo de ese encuentro está circulando desde el miércoles, y algunos de sus apartes son comprometedores para Santrich. De hecho, el presidente de Surinam al que se hace referencia, Dési Bouterse, es acusado de tráfico de drogas y estuvo fugitivo de Interpol por más una década.
Santrich dijo que uno de ellos le ofreció financiar su campaña y que él se negó y aseguró además que vetó a Marín "porque le pareció extraña la insistencia y urgencia" con la que lo buscaba, por lo que "imaginó que estaba involucrado en negocios irregulares". Marín está procesado, además del caso de supuesto narcotráfico, por el saqueo a los recursos para el proceso de paz con las Farc.
"Manifestó que dos o tres días antes de su aprehensión (en abril del año pasado) acudió a su residencia Marlon Marín, lo que le resultó según afirma, 'extraño', como quiera que ni él mismo conocía con claridad la dirección de esta vivienda, habida cuenta de su traslado reciente". Y agrega el expediente de la JEP: "Marín le insistió en lo de la llamada a los empresarios mexicanos, y fue entonces cuando decidió expulsarlo del lugar de manera categórica", de lo que supuestamente fueron testigos miembros de su equipo de protección. "También afirmó que luego se enteró de que Marín estaba intentando algo similar con Iván Márquez (su tío), a quien le pidió enviar una serie de mensajes a empresarios mexicanos".
Las declaraciones del exnegociador de las Farc parecen claras en cuanto a que se trata de hechos posteriores al acuerdo de paz, por lo que el caso debería ser remitido a la Corte Suprema para que en ese tribunal se decidiera, por trámite ordinario, si procedía o no la extradición.
Sin embargo, acudiendo a argumentos procesales, la JEP decidió desconocer la versión de Santrich como prueba. "Considera oportuno esta Sección precisar que ni lo expuesto narrativamente en los alegatos de conclusión ni lo aportado con ellos constituyen prueba, pues es el momento procesal oportuno para allegarlas", dice la decisión.
Y agrega: "Así las cosas, solo aquellas pruebas aducidas legal y oportunamente a la actuación serán objeto de valoración y no las afirmaciones que se hayan vertido, a lo largo de las alegaciones finales, pues sobre estas debe indicarse que la declaración del solicitante de esta garantía (Santrich) no fue decretada por esta Sección, dado que aunque en su momento el defensor la pidió, posteriormente desistió de ella".
Fragmento sobre los alegatos en documento de la JEP.
Archivo particular
La decisión es polémica, pues por una aparente formalidad la Sección de la JEP, en una decisión dividida además, decidió no considerar la que podría ser la prueba reina sobre la fecha de los supuestos hechos argumentados por Estados Unidos.
Ahora el caso pasa a la Sección de Apelaciones de la JEP, que deberá determinar si mantiene o tumba la decisión que encendió una de las más graves crisis en el poder judicial colombiano, con renuncia de Fiscal General y Vicefiscal incluida.
La decisión con respecto a Santrich también generó que un grupo de ciudadanos decidiera realizar un plantón, este jueves, en frente de las instalaciones de la JEP en Bogotá.
Con pancartas y banderas de algunos partidos políticos, los ciudadanos piden 'extradición ya' para Jesús Santrich y que se priorice a las víctimas.
Con pancartas y banderas, los ciudadanos reclaman que se de la extradición del exjefe guerrillero.
Néstor Gómez / EL TIEMPO
Protesta contra decisión de la JEP sobre extradición de Santrich.
Néstor Gómez / EL TIEMPO
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