Desde ahora, el partido político Unión Patriótica (UP) podrá participar activamente, como sujeto colectivo, en los procesos judiciales que se adelanten en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) relacionados con las victimizaciones que sufrió esa colectividad y que la llevaron casi hasta su desaparición política.
Esto significa que la UP tendrá participación activa en las versiones de los 108 comparecientes que la JEP ha identificado hasta ahora y que, presuntamente, estarían vinculados con la comisión de algunos de los más de 8.000 actos victimizantes que se investigan en esa justicia especial.
La acreditación fue otorgada por la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, en respuesta a la solicitud elevada por la Corporación Reiniciar el 2 de octubre del 2019.
Para esa Sala, que abrió el caso 06 con el objetivo de investigar las victimizaciones sufridas por la UP tras su creación, producto de los acuerdos de paz del gobierno de Belisario Betancur con las Farc, cuando el partido sufrió actos que afectaron sus prácticas, proyectos colectivos y sus formas de organización, como homicidios de sus integrantes, hostigamientos, desapariciones forzadas, entre otras.
La UP pasó de ser un hito político para la izquierda de Colombia, con altas votaciones a finales de los años 80 y funcionarios elegidos tanto en el Congreso como a nivel local y regional, a perder su personería jurídica en la década siguiente.
Con esta acreditación, la UP, como partido, podrá participar de las versiones, presentar observaciones sobre estas, solicitar que se practiquen pruebas, sugerir sanciones y participar en todas las etapas del proceso.
No obstante, esto no implica una acreditación individual a cada uno de sus miembros. De hecho, hasta ahora solo dos víctimas se han acreditado de manera individual. Quienes quieran acreditarse de esa forma, deberán hacer la solicitud.
La JEP ha recibido cinco informes, tanto de entidades del Estado como de organizaciones de víctimas, que dan cuenta de lo sufrido por la UP. Algunos han sido de grupos de víctimas en el exilio en países como Argentina, Canadá y Suiza.
JUSTICIA
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