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JEP Colombia

Bloque Occidental secuestró personas para explotación laboral: Procuraduría

En un primer momento, parecía que el hombre lo había tomado de una buena manera.

En un primer momento, parecía que el hombre lo había tomado de una buena manera.

Foto:iStock

La Procuraduría pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz reconocer ese patrón criminal.

Alejandra Bonilla Mora
La Procuraduría le solicitó a la Jurisdicción Especial para la Paz que señale que el Bloque Occidental de las Farc cometió secuestros con fines de explotación laboral, lo que constituiría un patrón independiente de macrocriminalidad de ese grupo ilegal, por cuanto instrumentalizaron a las personas, tratándolas como una propiedad, e imponiéndoles trabajos forzados.

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“Esta finalidad se relaciona con conductas en donde se buscaba utilizar al secuestrado con un objetivo de extracción de la fuerza de trabajo, por ejemplo, para la apertura de caminos, arreglo de vías, transporte, limpieza y preparación de alimentos, entre otros”, señaló el procurador delegado Jairo Acosta Aristizabal.
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Allí se citaron algunos casos como el secuestro de una mujer en Policarpa, Nariño, que fue llevada a un campamento guerrillero en la selva para ser forzada a trabajar en labores de cocina, limpiando las botas de los guerrilleros y obligarla a sostener relaciones sexuales con ellos.
“Antes del Auto 019 de 2021 muchas víctimas de diferentes Bloques no eran conscientes de que los trabajos forzados a los que fueron sometidos y el ejercicio de los derechos de dominio que los antiguos miembros de las Farc ejercieron sobre ellos era una forma especial de victimización: esclavitud”, indicó el delegado quien agregó que los hechos se habrían empezado a denunciar cuando el Ministerio Público empezó a dar visibilidad a estos hechos.
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En el documento, además, se pusieron de presente otras modalidades de secuestro utilizadas por el Bloque Occidental de las Farc.
En específico, dice que entre 1993 y 2016 habrían secuestrado al menos 963 personas, 107 de ellas civiles entre campesinos, comerciantes, adultos mayores y menores de edad, por los que cobraran en promedio 200 millones de pesos por su rescate y en muchas ocasiones tras recibir el pago estos secuestrados nunca regresaron a sus hogares.
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Por eso la Procuraduría también pidió que se requiera a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas un reporte detallado sobre las víctimas de desaparición forzada que, a la fecha, se encuentran buscando, y respecto de las cuales han presentado demandas de verdad en este macrocaso.
Adicionalmente, se indicó que la mayor cantidad de estos hechos, cometidos por el Bloque Occidental, ocurrieron entre 1999 y 2001, período en el cual el Ministerio Público identifica una alta proporción de menores de edad (al menos 80) víctimas de secuestro, lo cual visibiliza una forma particular de victimización que debe ser evidenciada en el Auto de Determinación de Hechos y Conductas de este Bloque.
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Y como algunas versiones dadas por comandantes de ese Bloque indican que en Nariño se habrían cometido masacres, de parte del Ejército y de la Policía, la Procuraduría solicitó investigarlas y remitirlas al caso 08 de la JEP “con el fin de incorporar su relato en torno a la connivencia entre Fuerza Pública y paramilitarismo en la zona del Bloque Occidental, especialmente por el recuento de actividades del grupo paramilitar Bloque Libertador del Sur, en Magüí Payán, Barbacoas, Junín y Policarpa (Nariño) en donde puso de presente la actuación conjunta del grupo paramilitar con la Policía y el Ejército para cometer asesinatos y desaparecer personas en el Río Patía”.
justicia@eltiempo.com
@JusticiaET

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Alejandra Bonilla Mora
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