Con indignación recibieron las víctimas de secuestro y sus familiares las declaraciones de Rodrigo Granda –conocido en tiempos de conflicto como el ‘canciller’ de las Farc– sobre los trabajos forzados que se les imponían a las personas en cautiverio.
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Según dijo, eran los propios retenidos los que pedían hacer esas labores, recientemente calificadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como crímenes de lesa humanidad, lo que dio pie a que se les agregara a los ex-Farc imputados el cargo de esclavitud, que no han aceptado.
“No se puede tomar eso como una cuestión absolutamente completa porque si alguna de las personas que estaban en ese momento en retención decía que se sentía aburrida y quería participar en ‘x’ o ‘y’ trabajo de ahí del mismo campamento, se permitía, pero no era que fuera una obligación”, aseguró Granda en un foro sobre los cinco años de la firma del acuerdo de paz que se llevó a cabo en la Universidad Externado.
Tras las declaraciones del exjefe guerrillero, hoy dirigente del Partido Comunes, el abogado Juan Camilo Sanclemente, quien representa a algunas de las víctimas del secuestro y homicidio de los diputados del Valle del Cauca, le dijo a EL TIEMPO que las palabras de Granda son revictimizantes y que se tomarán acciones al respecto.
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Rodrigo Londoño, Pablo Catatumbo, Julián Gallo, Pastor Alape, Jaime Parra, Joaquín Gómez y Rodrigo Granda, excomandantes imputados por secuestro.
EL TIEMPO
“Interpondremos una queja ante la JEP por estos hechos. Ya hemos solicitado que se le pongan límites a las manifestaciones de los exguerrilleros, porque no es la primera vez que hacen estas referencias reprochables en versiones y manifestaciones públicas. Se supone que las víctimas son el eje central de este proceso, pero hemos visto un silencio absoluto en estos casos”, dijo el abogado.
De hecho, las críticas a Granda le llovieron desde el propio partido Comunes.
“Pienso que está profundamente equivocado, es una declaración fuera de todo contexto. No la comparto. Por su puesto, me parece que es vulnerar más los derechos de las víctimas y llamo a los compañeros del partido a que sean más prudentes en esas declaraciones”, afirmó el hoy senador Julián Gallo, conocido como Carlos Antonio Lozada.
Piden imputar a ex-Farc por perfidiaEn medio de la polémica, la Sala de Reconocimiento de la JEP tiene en sus manos un recurso de reposición que interpusieron los siete exjefes guerrilleros vinculados al caso de secuestro tras conocer la decisión de la JEP de añadir los cargos por esclavitud a su imputación, con la cual manifestaron desacuerdo desde el inicio.
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El 11 de abril de 2002, las Farc se tomaron la Asamblea del Valle del Cauca (Cali) y secuestraron a 12 diputados.
Archivo
El tribunal transicional ya pidió los conceptos de universidades y centros de pensamiento sobre si los trabajos forzados deben ser catalogados dentro del crimen internacional de esclavitud, y luego de analizarlos resolverá la solicitud de los ex-Farc, que pretenden tumbar la decisión que les endilga responsabilidad en ese delito.
Sin embargo, al debate pronto se agregará un elemento nuevo. Según conoció este diario, la Fundación defensa de Inocentes– dirigida por Sigifredo López, el único de los 11 diputados del Valle que sobrevivió al cautiverio– ya tiene lista una solicitud para que la JEP le agregue a su imputación el delito de perfidia.
“Los argumentos son las mismas voces de las víctimas, que han indicado que durante su secuestro los obligaron a uniformarse como guerrilleros para que parecieran miembros de las Farc cuando los trasladaban por lugares donde podían ser vistos por la población civil, e incluso les daban armamento sin munición para reforzar esa apariencia”, dijo el abogado Sanclemente, director ejecutivo de la fundación.
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No se descarta, además, que las víctimas pidan también sumar el delito de tortura a la imputación.
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