En JEP ofrecen becas, misas y hasta árboles para reparar a víctimas

En JEP ofrecen becas, misas y hasta árboles para reparar a víctimas

Políticos, Fuerza Pública y terceros civiles han presentado planes para resarcir sus daños.

Monumento a desaparecidos en el Cementerio Central de Villavicencio.

Monumento a personas desaparecidas en el Cementerio Central de Villavicencio. Foto: Archivo

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Hernando Herrera/EL TIEMPO

Por: María Isabel Ortiz Fonnegra
03 de agosto 2019 , 08:30 p.m.

Tras estar preso desde 2017 por cuenta de una investigación por ‘parapolítica’, esta semana el excongresista David Char Navas, el primer ‘parapolítico’ admitido en la JEP, pudo disfrutar de nuevo de su libertad después de que esa jurisdicción le diera libertad condicional por comprometerse a contar la verdad y a reparar a víctimas de los paramilitares con un acto público de perdón y la construcción de un centro educativo para enseñarles a cultivar ají y maíz.

Su plan de reparación a las víctimas es uno de los que ya ha aprobado la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) de la JEP, a la que han llegado compromisos de distintos comparecientes que, dictando clases, instalando placas y dando becas de estudio, entre otros, buscan obtener beneficios de la justicia transicional.

Las propuestas

En total, la SDSJ ya ha aceptado 6 de los planes que agentes del Estado, terceros civiles y militares y policías están obligados a plantear para resarcir a sus víctimas.

En el caso de Char, su abogado, Mauricio Pava, indicó que aparte de los actos inmateriales, “se trata de una reparación tangible, que permita transformar las condiciones de vida tan menoscabadas por el conflicto armado”.

El abogado agregó que esto "no solo incidirá en la vida de las personas, sino que tendrá un impacto positivo en todo el entorno social y en el desarrollo económico del municipio. Que quienes han tenido oportunidades se las proporcionen a quienes no las han tenido, romper el círculo del conflicto social".

Que quienes han tenido oportunidades se las proporcionen a quienes no las han tenido, romper el círculo del conflicto social, la paz implica también que las personas tengan oportunidades materiales 

El también exsenador Álvaro Ashton Giraldo fue admitido hace dos semanas en la JEP en una polémica decisión, pues esa justicia no solo lo investigará por ‘parapolítica’ sino también por el ‘cartel de la toga’.

Para ingresar, además de verdad sobre corrupción y ‘parapolítica’, Ashton ofreció hacer brigadas de salud mental para víctimas en municipios de Atlántico, dar becas de estudio en la Corporación Universitaria Empresarial en Educación y Salud, ser conferencista e investigador en programas académicos para la reconstrucción del tejido social, crear una fundación para la reintegración y no repetición y participar en programas de reconocimiento de responsabilidad y petición de perdón.

Por su parte, el exalcalde de Cúcuta Ramiro Suárez Corzo, condenado por el homicidio del abogado Alfredo Enrique Flórez Ramírez, ejecutado por las Auc para “pagarle un favor” a Suárez, según recoge la resolución de la JEP, fue admitido en la JEP como tercero civil no combatiente.

Suárez ofreció una reparación económica destinada a mil víctimas del conflicto en Cúcuta, se comprometió a crear unidades productivas, una escuela deportiva y cultural, ofreció becas en formación laboral y habló de un convenio con empresas privadas para generar empleo para víctimas del conflicto.

Infografía comparecientes en la JEP

Infografía comparecientes en la JEP

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Si bien la reparación que deben ofrecer los agentes del Estado y terceros civiles debe ser económica, dijeron fuentes de la JEP, la de militares y policías no es obligatoriamente monetaria por lo que puede ser inmaterial.

En esto la JEP ya aceptó, aunque le pidió precisiones, el plan ofrecido por el exagente de inteligencia del Ejército Héctor Hidalgo Cabrera Peña, condenado a 26 años de prisión por el secuestro, en 1989, de Amparo del Carmen Tordecillas Trujillo, señalada como militante del Epl y que a la fecha sigue desaparecida. El militar ofreció sembrar un árbol y poner una placa conmemorativa de Tordecilla, también dijo que ofrecerá una ceremonia religiosa en su honor.

En otro caso, el sargento Luis Germán Solarte Mora y el soldado Jeimin Valoyes Murillo, condenados por homicidio en persona protegida, se comprometieron a dar capacitaciones a las víctimas. Solarte dijo que les enseñaría fabricación de sandalias; y Valoyes, cultivo de hortalizas y manejo de granjas. Sus planes aún no han sido avalados por la JEP.

Lo que esperan las víctimas

Lucía Osorno, quien tiene a su hermano desaparecido desde 1989, luego de que fue retenido por un grupo de operaciones especiales de la Policía en Bolívar, Antioquia, dijo que “la mayor justicia y la mayor reparación es que el Estado reconozca su culpabilidad en desplazamientos, desapariciones, asesinatos, falsos positivos”.

Osorno, quien hace parte del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, también dijo que también deben pagar sus penas y que una reparación económica sería justa con las víctimas.

La mayor justicia y la mayor reparación es que el Estado reconozca su culpabilidad en desplazamientos, desapariciones, asesinatos, falsos positivos

Por otro lado, José Valencia, representante del Comité de Víctimas de Bojayá, dijo que, además de que todos los actores del conflicto, no solo las Farc, digan la verdad, asuman responsabilidades y paguen las penas, debería haber una reparación colectiva.

"Soñamos con tener energía permanente, buenos sistemas de agua potable, mejores condiciones de salud y más posibilidades de empleo y educación”, comentó.

Valencia concluyó diciendo que “muchos de estos planteamientos no son soluciones de un actor que deja las armas, sino de un Estado que fue permisivo de las acciones del conflicto”.

Muchos de estos planteamientos no son soluciones de un actor que deja las armas, sino de un Estado que fue permisivo de las acciones del conflicto

Quién revisa los planes

Los compromisos de reparación, que se plasman en un régimen de condicionalidad, son revisados por las víctimas y la Procuraduría. En el caso de agentes del Estado, Fuerza Pública y terceros civiles, su cumplimiento será supervisado por la SDSJ.

En el caso de los exguerrilleros, las reparaciones económicas e inmateriales serán supervisadas por la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP. Aunque por ahora no ha comenzado la etapa de reparación, los bienes que entregaron las Farc serán para ello, y también deberán hacer trabajos de desminado, búsqueda de desaparecidos, ofrecer excusas públicas, entre otros.

La Procuraduría indicó que hacen una evaluación cuidadosa de los compromisos que han adquirido los distintos comparecientes. “Estamos esperando que los planes comiencen a ejecutarse, ya que se encuentran en una etapa preliminar y todavía hay aspectos por definir”, le dijo a EL TIEMPO el procurador (e) Juan Carlos Cortés, quien agregó que el balance general es positivo, pues, tras un año y medio de funcionamiento de la JEP, más de 2.000 miembros de la Fuerza Pública y más de 9.000 ex-Farc se han comprometido a cumplir con las víctimas.

MARÍA ISABEL ORTIZ FONNEGRA
Redacción JUSTICIA
En Twitter: @M_I_O_F

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