La JEP ha tomado 16.500 decisiones y tiene a 12.168 personas sometidas

La JEP ha tomado 16.500 decisiones y tiene a 12.168 personas sometidas

La Jurisdicción Especial para la Paz rindió cuentas en Neiva, donde abrió una nueva oficina.

Jurisdicción Especial para la Paz

La presidenta de la JEP, Patricia Linares, junto a varios de los magistrados de la jurisdicción y el director de la Unidad de Investigación y Acusación.

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Mauricio Dueñas / EFE

Por: Justicia
12 de diciembre 2019 , 08:00 p.m.

Con la apertura de su cuarta oficina territorial en Neiva, Huila, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rindió cuentas este jueves desde ese ciudad, a casi dos años de funcionamiento de los 20 por los cuales se puede extender su mandato.

Ese tribunal, creado por el Acuerdo de Paz de La Habana como el mecanismo para juzgar los delitos más graves del conflicto y a sus partícipes determinantes, tanto de las Farc como de la Fuerza Pública y de terceros civiles que se presenten de forma voluntaria, ya había abierto oficinas en Cúcuta, Pasto y Corozal (Sucre).

Entre el balance que la jurisdicción presentó está la apertura de siete macrocasos, entre los que se incluyen tres territoriales (02, sobre la situación de Ricaurte, Tumaco y Barbacoas, en Nariño; 04, sobre la situación territorial de Urabá; y 05, sobre la situación territorial en el norte del Cauca y el sur del Valle), dos sobre victimizaciones a grupos específicos (06, sobre victimizaciones a la Unión Patriótica; y 97, sobre reclutamiento y utilización de niños y niñas en el conflicto) y dos más sobre hechos victimizantes (01, sobre secuestros por parte de las Farc; y 03, sobre 'falsos positivos' en la Fuerza Pública).

Según la presidenta de la JEP, magistrada Patricia Linares, hasta la fecha esa justicia ha proferido 16.500 decisiones. Así lo aseguró en entrevista para la emisora W Radio. Estas abarcan desde la aceptación o rechazo del sometimiento de quienes han pedido pista hasta la apertura de los siete macrocasos.

El primero fue abierto en julio del 2018 y el más reciente, el séptimo, en marzo de este año. Sobre estos, Linares aseguró que antes de que finalice el primer semestre del 2020 habrá una primera resolución de conclusiones. Este es el documento que emite la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, encargada de abrir los casos, para determinar si los comparecientes vinculados aportaron de manera suficiente con la verdad sobre los hechos del conflicto y aceptaron sus responsabilidades en estos.

A partir de esa resolución, los casos pasan al Tribunal para la Paz, que será el encargado de emitir las sentencias contra los comparecientes.

Aunque la magistrada no se comprometió a decir cuál será el que llegue primero a esa instancia, los más avanzados hasta ahora son el 01 –de secuestro– y el 03 –de ejecuciones extrajudiciales–, por lo que es probable que sea uno de estos.

En Neiva, la secretaria ejecutiva de la JEP, María del Pilar Bahamón; el magistrado Jesús Ángel Bobadilla y el fiscal de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP Samuel Serrano resumieron lo que han hecho estos casi 2 años de trabajo.

Hasta el momento, a la JEP se han sometido 9.713 excombatientes de las Farc, 2.375 de la Fuerza Pública, 68 agentes del Estado distintos a miembros de la Fuerza Pública y doce personas por protesta social.

Los comparecientes han rendido más de 200 versiones y la acreditación de víctimas, individuales y colectivas en los siete casos, ya supera las 10 mil personas. Solo en el caso de Urabá, fueron acreditadas 5.000 familias.

En estos dos años, la JEP también ha atravesado procesos polémicos, como la garantía de no extradición otorgada a 'Jesús Santrich', quien luego se fugó y rearmó y fue excluido de la JEP como "disidente armado manifiesto" del Acuerdo de Paz, al igual de 'Iván Márquez'.

También enfrentó los primeros meses del año sin Ley Estatutaria debido a las objeciones que el presidente Iván Duque planteó a seis artículos de esta, las cuales se cayeron finalmente en el Congreso de la República.

Por otro lado, ha tenido este año como algunos de sus momentos más representativos la audiencia de versión colectiva de las Farc, en el caso de secuestro, que luego pasó a ampliaciones territoriales, y la audiencia en la cual las Madres de Falsos Positivos de Soacha y Bogotá (MAFAPO) cuestionaron y comentaron las versiones que los militares habían entregado hasta entonces sobre esas ejecuciones extrajudiciales.

También las audiencias públicas en las que se indagó por los cuerpos de personas desaparecidas en la Comuna 13, de Medellín, la zona de influencia de Hidroituango, y varios puntos de San Onofre, Sucre, a partir de las cuales los magistrados tomaron unas primeras medidas cautelares para proteger los cuerpos.

La JEP informó que ya trabaja en medidas reparadoras y restaurativas que deben realizar los comparecientes a la Jurisdicción, que tiene en cuenta enfoques diferenciales y de género. 

La semana pasada, la Corte Penal Internacional reconoció los avances de la JEP -entre otras instituciones, como la Fiscalía- respecto a delitos como los de violencia sexual y 'falsos positivos', en su evaluación sobre la "admisibilidad" de Colombia.

Asimismo, en su más reciente informe sobre el avance de la implementación de los compromisos de género en el Acuerdo de Paz, el Instituto Kroc señaló que la JEP, como parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, ha sido de los organismos que más ha avanzado en esa materia.

La ‘fiscalía’ de la JEP

La UIA, que ejerce como una fiscalía interna de la JEP, también rindió cuentas. El fiscal Serrano resaltó cerca de 600 reuniones con grupos de víctimas sobre delitos de violencia sexual.

La investigación de estos hechos fue uno de los aspectos mencionados por la Fiscal de la Corte Penal Internacional en su más reciente informe sobre Colombia.

Serrano también mencionó el despliegue territorial hacia 13 departamentos donde tienen que cumplir funciones como dar garantías de seguridad a las víctimas acreditadas ante la JEP. En total, la UIA ha tenido interlocución con 6.683 víctimas del conflicto armado.

JUSTICIA
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