JEP no decide suerte de exjefe de las Farc preso por narcotráfico

JEP no decide suerte de exjefe de las Farc preso por narcotráfico

Van ocho meses y aún no hay decisión sobre la extradición de alias 'Rambo'.

Alias Rambo Farc

Alias Rambo, desmovilizado de las Farc, fue capturado con fines de extradición en junio del 2018.

Foto:

Archivo El Tiempo

Por: Justicia
15 de julio 2019 , 08:27 p.m.

Mas de un año después de la captura del exguerrillero de las Farc Luis Eduardo Carvajal Pérez, conocido como Rambo, el caso no ha avanzado en la Justicia Especial para la Paz (JEP) y esa jurisdicción apenas ha pedido la práctica de pruebas para saber si él era integrante de las Farc.

Carvajal Pérez fue durante años el jefe de la columna Daniel Aldana, que fue uno de los pilares para el sostenimiento de la guerrilla por cuenta de los movimientos de cargamentos de droga por la costa nariñense con destino a mercados internacionales.

‘Rambo’, que es considerado –junto a Jesús Santrich– el segundo jefe de la guerrilla vinculado a narcotráfico tras su desmovilización, llegó a ser uno de los más buscados de la guerrilla por quien se ofrecía una recompensa de 1.700 millones de pesos por su captura.

El exguerrillero fue capturado en Puerto Rico (Caquetá) en julio del año pasado tras una investigación de agencias de los Estados Unidos que no solo lo señalaban de seguir traficando y de mantener sus nexos con carteles mexicanos sino que lo consideraban como uno de los responsables de las maniobras para colar narcotraficantes en la JEP.

En noviembre del año pasado la Corte Suprema de Justicia trasladó el proceso a la jurisdicción de paz y el caso desde entonces está en la misma Sala de decisión que en mayo determinó no extraditar a Jesús Santrich y que ordenó que se le concediera la libertad inmediata.

La Sala de Revisión tiene el proceso y según estableció este diario hasta ahora solo han surtido la fase previa en la cual fue verificada la acreditación de Carvajal Pérez como exmiembro de las antiguas Farc. Las únicas pruebas que se han practicado hasta el momento tienen que ver con esto. Con ese fin fueron requeridas la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Secretaría Ejecutiva de la JEP y el Ministerio de Justicia.

El proyecto de auto por medio del cual se define si se decretan pruebas está en manos de los magistrados de la JEP Caterina Heyck, Jesús Bobadilla, Adolfo Murillo, Gloria Rodríguez y Claudia Díaz.

Fuentes cercanas al proceso señalaron que el tema ya se ha discutido en Sala pero que aún no se toma una decisión sobre si se decreta la práctica de nuevas pruebas como sucedió con Santrich o si con el indictment (acusación) de las autoridades de Estados Unidos será suficiente para determinar la fecha de los supuestos hechos.

Con esa información los magistrados deben determinar si los hechos fueron posteriores a diciembre de 2016, como lo dice EE. UU. en su petición de extradición con lo cual el caso regresaría a la Corte Suprema para avanzar en el trámite de envío a ese país.

En caso contrario, el caso seguiría en la JEP y los magistrados podrían incluso ordenas que ‘Rambo’ recupere su libertad y abandone la celda de la cárcel La Picota en la que se encuentra actualmente.

Según la acusación de las autoridades de Estados Unidos las actividades ilegales de la red a la que pertenecía ‘Rambo’, quien fue capturado junto a otras doce personas, habrían “comenzado en diciembre de 2016, o alrededor de esa fecha, y continuando hasta abril de 2017, o alrededor de esa fecha”.

El caso de Carvajal Pérez es clave para agencias de Estados Unidos no solo por sus supuestos nexos con cargamentos de droga tras la desmovilización sino por el papel que habría jugado para evitar la extradición de otros narcos.

Según el expediente de la corte de Miami, el exjefe guerrillero habría negociado con Édison Prada Alava, el llamado ‘Pablo Escobar de Ecuador’ y quien fue capturado en abril del 2017, un cupo en las listas de la guerrilla para recibir los beneficios del proceso de paz, entre ellos la garantía de no extradición.

Ese cupo se extendió, como lo reveló este diario, a los socios de Prada que fueron capturados con él en el año 2017, el también ecuatoriano Leonardo Adrián Vera Calderón y los colombianos Robinson Alberto Castro Quiñones y Diego Fernando Arizala Segura. Finalmente la Corte Suprema de Justicia negó las intenciones de los señalados narcotraficantes y dio el aval para que fueran extraditados a los Estados Unidos.

Desde el 2018, cuando empezó a operar la JEP, ese organismo ha excluido a 43 personas que alegaban pertenecer a las Farc y pedían que se les garantizara la no extradición, pero que nada tenían que ver con el conflicto armado en Colombia.

JUSTICIA

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