Qué pasará con procesos de JEP tras objeción parcial a Ley Estatutaria

Qué pasará con procesos de JEP tras objeción parcial a Ley Estatutaria

Podría seguir funcionando por sustento constitucional. Este le permitió empezar labores hace un año.

uNIDAD

Catatumbo, Londoño y Lozada, jefes de Farc, comparecieron el 13 de julio pasado ante la JEP por los secuestros cometidos por esa guerrilla.

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EFE

Por: PAZ
10 de marzo 2019 , 09:06 p.m.

Aunque fue objetada parcialmente, la Ley Estatutaria de la JEP queda en el congelador mientras el Congreso decide si avala o niega los reparos presidenciales. Y si bien el funcionamiento a plenitud de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) depende en buena medida de esta norma,  esta justicia transicional puede seguir operando sin esa reglamentación, tal como lo viene haciendo desde el 15 de enero del 2018.

La ley estatutaria es la última norma que falta por entrar en vigencia, según el esquema de justicia transicional diseñado en el acuerdo de paz con las Farc. Pero si no es sancionada, la JEP seguirá tomando decisiones frente a sus investigados.
De hecho, esta semana la Sala de Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad, sin ley estatutaria, abrió su sexto y su séptimo proceso, por el genocidio de la UP y por el reclutamiento de menores para la guerra, respectivamente.

También ha venido escuchando a los exjefes de las Farc con procesos por secuestro. Esta semana interrogó a Carlos Antonio Lozada, excomandante del bloque oriental, y a Édgar López, conocido como ‘Pacho Chino’, uno de los exjefes del bloque occidental. Los excomandantes de las Farc procesados en la JEP por secuestro son 31.

De acuerdo con expertos consultados por este diario, es posible que esa justicia transicional siga funcionando sin ley estatutaria, debido a que tiene un sustento normativo en la Constitución, que le permitió empezar labores hace más de un año

Este es un punto en el que hay consenso, tanto entre quienes consideran que la ley debe ser firmada por el Presidente, como entre quienes le han pedido que no la firme, como el fiscal general Néstor Humberto Martínez, quien le sugirió a Duque objetar esta norma, y dijo que este “no sería un golpe mortal” a la JEP.

La presidenta de esta justicia para la paz, Patricia Linares, le pidió a Duque que sancione la ley estatutaria, pero ha señalado que sin dicha norma la justicia especial podrá operar como lo ha venido haciendo. “Acudiendo a normas superiores consagradas en la Constitución y legislación nacional y supranacional”, precisó Linares.

El sustento constitucional del que habla Linares es el acto legislativo 01 del 2017, que creó la JEP y avaló su entrada en vigencia a comienzos del año pasado, momento desde el cual se han sometido 11.700 personas, entre ellas 9.691 exguerrilleros de las Farc y 1.958 militares. De esos uniformados, 1.529 han tenido algún beneficio, como la libertad condicional.

El abogado Jaime Castro, para quien es válida la opción de objetar, asegura que el hecho de que no haya ley estatutaria no significa que la JEP se suspenda. “Incluso puede operar con mayor discrecionalidad, mientras no haya ley, pues procede de acuerdo con lo que dice la Constitución”. Castro agrega: “La ley lo que hace es poner un marco de actuación y reglamenta el ejercicio de las funciones. De manera que la JEP tiene hoy más atribuciones que cuando se sancione esa ley”.

De igual forma piensa la decana de derecho de la Universidad de los Andes, Catalina Botero. Para ella, la ausencia de dicha ley les daría mayor margen de maniobra a los magistrados, pues podrán acudir a una norma constitucional general y darle su propia interpretación a un caso concreto, en lugar de acudir a una norma especial, como lo sería la norma estatutaria.

La existencia de un código de procedimiento, la ley 1922 del 2018, también faculta a la JEP para que siga funcionando. Esa norma le ha permitido adelantar más de 17 audiencias públicas, recibir más de 168 informes de víctimas y escuchar en versión voluntaria a 55 militares involucrados en ‘falsos positivos’ o ejecuciones extrajudiciales.

Con ese sustento normativo en la JEP cursan ya procesos —además de los de secuestro, reclutamiento, ‘falsos positivos’ y UP— por crímenes de guerra cometidos en el sur de Nariño, en Urabá y Cauca.

PAZ

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