¿Qué pasa con procesos de la JEP si Duque objeta la ley estatutaria?

¿Qué pasa con procesos de la JEP si Duque objeta la ley estatutaria?

Jueces de la justicia especial seguirían trabajando, pero con mayor margen de interpretación.

Rendición de cuentas JEP

La magistrada Patricia Lineros destacó que 1.938 miembros de la Fuerza Pública también han suscrito actas de sometimiento.

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Jurisdicción Especial para La Paz, JEP

Por: Juan Camilo Pedraza
19 de febrero 2019 , 05:35 p.m.

Si bien el funcionamiento a plenitud de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) depende en buena medida de la ley estatutaria, pues es la última norma que falta por entrar en vigencia según lo diseñado en el acuerdo de paz y está pendiente para ello que el presidente Iván Duque la sancione, esta justicia transicional puede seguir operando tal como lo viene haciendo desde el 15 de enero del 2018.

Esto es posible, como lo han resaltado expertos y la propia presidente de la JEP, Patricia Linares, debido a que esa justicia tiene un sustento normativo en la Constitución (acto legislativo 01 del 2017, que creó esta justicia transicional y avaló su entrada en vigencia a partir de comienzos del año pasado) y porque también cuenta con un código de procedimiento (ley 1922 del 2018).

Con ese fundamento, en esta justicia cursan cinco macroprocesos, entre ellos el de secuestro contra la antigua cúpula de las Farc y de los mal llamados 'falsos positivos' o ejecuciones extrajudiciales cometidos por integrantes de la Fuerza Pública. En todos estos sus magistrados han adelantado 17 audiencias, han recibido 49 versiones voluntarias y 168 informes para nutrir los casos.

La magistrada Linares recalcó que sin la ley estatutaria que está en manos del presidente Duque, a quien le han pedido que no la objete para no demorar su entrada en vigencia,  igual la jurisdicción ha venido operando "acudiendo a normas superiores consagradas en la Constitución y legislación nacional y supranacional".

Sin embargo, a juicio de Catalina Botero, decana de Derecho de la Universidad de los Andes, la ausencia de la ley estatutaria permitiría darle un mayor margen de maniobra a los magistrados en su labor, pues no podrían acudir a esta norma especial sino al marco constitucional general y darle sus propias interpretaciones para solucionar problemas jurídicos concretos.

"Para quienes piden objetar porque no están de acuerdo con el proceso de paz: si el presidente objeta no se acaba el proceso. Hay casi 12.000 personas sometidas a la JEP y como los jueces no pueden parar, se verían obligados a llenar los vacíos en la reglamentación", dice Botero, experta en derecho constitucional.

En todo caso, es evidente que esa norma es necesaria para un cabal funcionamiento de la JEP, no solo de cara a las víctimas -quienes agrupadas en 227 organizaciones han pedido que no se objete la ley pues los procesos quedarían en limbo mientras victimarios gozan de libertad-, sino de cara a quienes se han sometido a esta para ser juzgados, como lo sostiene Linares. 

"Sin esta ley seguramente comparecientes de la Fuerza Pública van a tener dudas sobre todo cuando han venido solicitando uno de los beneficios contemplados que es la renuncia de la acción penal", dice la presidente de la JEP.

Para la justicia transicional, la vigencia de la ley estatutaria le permitiría "indudablemente generar mucha más seguridad jurídica", agrega Linares, en el sentido de que se evitarían debates alrededor de la aplicación de algunas figuras para los sometidos y su eventual conflicto con el derecho del debido proceso por lo que habría más certezas con esa norma especial y menos margen de incertidumbre por interpretaciones. 

De hecho, para María Camila Moreno, directora en Colombia del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ, por sus siglas en inglés), la ley estatutaria es fundamental porque "define el estándar de participación de las víctimas" y sin esta "se vulnera el derecho" de estas a intervenir en la justicia.

Moreno también dice que esa ley estatutaria es clave porque con precisión y más detalle "regula el régimen de sanciones" y sin esta "no hay seguridad jurídica para nadie", ni para los integrantes de la Fuerza Pública que se han sometido a la justicia transicional, pues "no estaría desarrollado el tratamiento diferencial" del que habla el acuerdo de paz para ellos.

El mismo fiscal general, Néstor Humberto Martínez, después de exponer su preocupaciones sobre la ley estatutaria en carta al presidente Duque, dijo que una eventual objeción presidencial "no es ningún golpe mortal a la JEP, la JEP está funcionando, tiene acto legislativo y código de procedimiento". Y de todas maneras, reconoce que darle trámite  implicaría un tiempo adicional.

Los reparos de Martínez tienen que ver con la competencia en cabeza de la JEP sobre los delitos de ejecución permanente; la posibilidad de que desmovilizados que vuelvan a cometer delitos no pierdan “todos los beneficios” judiciales; con la competencia de la Fiscalía en la investigación de los delitos relacionados con el conflicto, mientras la JEP no se ocupe de estos, y con el margen que tendrían algunos exguerrilleros rasos de no responder por delitos de guerra, que no son amnistiables.

El comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, llamó la atención sobre la importancia de las preocupaciones que puso de presente Martínez sobre la ley estatutaria, teniendo en cuenta que el fiscal es, junto con el presidente, uno de los responsables de diseñar la política criminal del Estado. Luego de esto, confirmó que el Gobierno está analizando la posibilidad de objetar el texto. 

Eventual objeción puede ser parcial o total y solo por inconveniencia

Aunque expertos constitucionalistas no recuerdan que en el país un Presidente haya objetado una ley estatutaria, dado que por tener un rango superior siempre cuenta con mayorías calificadas y un debate más riguroso en el Congreso, esa posibilidad existe. 

Sin embargo, como lo sostiene el profesor de la Universidad Nacional, investigador de Dejusticia y experto en derecho constitucional, Rodrigo Uprimny, el presidente Duque solo podría objetar la ley estatutaria de la JEP por razones de inconveniencia y no de inconstitucionalidad, como lo tienen las leyes ordinarias. 

"Solo se puede objetar el proyecto de ley estatutaria de la JEP por razones de inconveniencia, no por inconstitucionalidad
. Tampoco se puede objetar porque deba interpretarse de conformidad con la Constitución. Todas las críticas presentadas son a la Constitución, no al proyecto", dice también la abogada Botero.

Esto lo sustenta en el hecho de que la Corte Constitucional, en su sentencia C-080 de 2018, ya se pronunció sobre la constitucionalidad de esas disposiciones y dio su aval para que entre en vigencia y que en razón a ello, ordenó que se sancionara. 
 
Por otro lado, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que las objeciones sobre las leyes pueden ser totales o parciales, en este último evento cuando se cree que es inconveniente solo uno o varios artículos. 

En todo caso, para los expertos Uprimny y Botero, los argumentos esgrimidos por el fiscal Martínez para que Duque objete la ley, a pesar de que alude a contradicciones en la política criminal del país (lo que parecería ser más un argumento de conveniencia) obedecen realmente a temas resueltos y estudiados por la Corte en esa sentencia C-080 de 2018. 

"Carece de cualquier fundamento la pretensión del Fiscal de que el Presidente objete proyecto de ley estatutaria de la JEP para revivir contenidos normativos declarados inconstitucionales por la Corte y eso no es posible", resalta Uprimny.

También para la profesora Botero "las críticas de la Fiscalía al proyecto de ley estatutaria de la JEP son improcedentes pues cuestionan normas constitucionales o interpretaciones que la Corte Constitucional ha hecho de la Constitución".



Juan Camilo Pedraza
REDACCIÓN PAZ
@PazyJusticiaET

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