Al menos 728 funcionarios estuvieron implicados en hechos de conflicto

Al menos 728 funcionarios estuvieron implicados en hechos de conflicto

Procuraduría entregó a la JEP informe de 593 procesos disciplinarios que recogen a 3.573 víctimas.

Informe de la Procuraduría a la JEP

El magistrado Iván González, la presidenta de la JEP, Patricia Linares, y el procurador Fernando Carrillo.

Foto:

JEP.

Por: Justicia
30 de septiembre 2019 , 01:13 p.m.

Entre 1990 y 2005, la Procuraduría General concluyó 593 procesos disciplinarios a funcionarios públicos por casos relacionados con el conflicto armado, que fueron recogidos en el informe ‘Aportes desde la investigación disciplinaria a la justicia y la verdad en contextos de transición’ y entregados este lunes a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Estos procesos incluyen a 3.573 víctimas individuales, en su mayoría hombres. Fueron 3.116 personas de este género, frente a 387 mujeres. La mayoría son campesinos e integrantes de partidos políticos, según informó la Procuraduría. Las conductas más recurrentes por las que estas personas fueron víctimas son amenaza, tortura, homicidio, masacre y desaparición forzada.

El procurador Fernando Carrillo hizo la entrega oficial de este informe a la presidente de la JEP, Patricia Linares, y al magistrado de esa jurisdicción Iván González, en un acto privado celebrado en el hotel Holiday Inn, en Bogotá. Carrillo aseguró que este informe es “un aporte a la construcción de escenarios de justicia y al fortalecimiento dela institucionalidad jurídica”.

Las cifras recogen que entre las 728 personas implicadas disciplinariamente figuran miembros de las Fuerzas Militares, principalmente integrantes del Ejército y la Policía. Además, agrega que 691 de estos son hombres. Además, puntualiza que 53 pertenecían al extinto DAS, nueve más al Congreso de la República, cuatro a una alcaldía municipal, dos a ministerios, cinco a gobernaciones y cuatro a registradurías, inspecciones, personerías y Presidencia.

Entre los patrones identificados por la Procuraduría en el comportamiento de estos servidores públicos se hallaron el abuso de autoridad, el apoyo, impulso o connivencia con grupos paramilitares, así como la estigmatización de personas en el marco de la búsqueda y persecución de grupos guerrilleros.

Patricia Linares destacó la importancia de este informe, el segundo de su tipo entregado por la Procuraduría, porque el periodo que comprende “fue una etapa muy crítica de violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario”.

Además de los procesos concluidos, según explicó Carrillo, también se informó de cerca de 250 procesos adelantados que serán remitidos a la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de Hechos y Conductas de la JEP. Y otros 500 procesos activos, en indagación o investigación, seguirán siendo de competencia de la Procuraduría hasta finalizarlos. Entonces, sí serán remitidos a la JEP.

El informe fue realizado con apoyo del Fondo Multidonante de Naciones Unidas y de la Organización Internacional para las Migraciones.

REDACCIÓN DE JUSTICIA
Twitter: @JusticiaET
justicia@eltiempo.com

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