Procuraduría sustenta apelación de decisión de la JEP en caso Santrich

Procuraduría sustenta apelación de decisión de la JEP en caso Santrich

Carrillo pide que se revisen las nuevas pruebas que tenga la Fiscalía para proceso de extradición.

Fernando Carrillo, procurador general

Fernando Carrillo, procurador general de la Nación.

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Rodrigo Sepúlveda / EL TIEMPO

Por: PAZ
24 de mayo 2019 , 08:30 p.m.

Como lo había anunciado días atrás, la Procuraduría pidió ayer oficialmente a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que tenga en cuenta las nuevas pruebas que se conocieron luego de que esa justicia concedió la garantía de no extradición al exjefe guerrillero Jesús Santrich, requerido por Estados Unidos por supuestamente conspirar para enviar 10 toneladas de cocaína a ese país.

Esta petición hizo parte del memorial en el que el Ministerio Público sustentó el recurso de apelación que interpuso contra la decisión de la Sección de Revisión que le concedió esa garantía a Santrich y que además ordenó su libertad.

En esa decisión, tomada el 15 de mayo pasado con una votación apretada de tres magistrados contra dos, la Sección de Revisión señaló que Santrich no puede ser extraditado pues no habían pruebas suficientes.

Por ese hecho, esa instancia afirmó que no le fue posible evaluar la conducta que se le atribuye al exjefe guerrillero y, por lo tanto, no pudo determinar si esta ocurrió después del primero de diciembre, cuando entró en vigor el acuerdo de paz.

Sin embargo, a juicio de la Procuraduría, esas nuevas pruebas, en manos de la Fiscalía, dan todavía más argumentos por los cuales la JEP debe revocar esa decisión y en su lugar enviar el caso a la Corte Suprema de Justicia para que sea ese alto tribunal quien decida si Santrich debe ser extraditado.

Esas pruebas conseguidas por la Fiscalía dieron pie a que Santrich siga detenido, pero por cuenta de un proceso penal por narcotráfico abierto en Colombia.

La Procuraduría pidió a la Sala de Apelaciones que ordene a la Fiscalía trasladarlas y valorar especialmente la declaración de Marlon Marín (sobrino de Iván Márquez, preso en Estados Unidos), recaudada el 16 de mayo.

La controversia jurídica

En medio de la controversia jurídica sobre si en segunda instancia los magistrados de la JEP pueden evaluar pruebas sobrevinientes, el procurador Fernando Carrillo sostiene que esto sí es posible con una “interpretación integral de las normas procesales” y “privilegiando el derecho sustancial, la justicia”.

Desde la sede de la JEP, en Bogotá, minutos después de que Hugo Peñafort, procurador delegado ante la justicia transicional radicó la sustentación del recurso, Carrillo también hizo énfasis en que el indictment (acusación) con el que fue pedido en extradición Santrich es suficiente para no otorgarle ese beneficio para los excombatientes que cometieron delitos antes de la firma del acuerdo de paz.

En ese sentido, Carrillo señaló que el indictment “no es un papelito de un funcionario de tercera de Estados Unidos” y que en ese documento está claro que “los hechos por los que es acusado Santrich ocurrieron con posterioridad a la firma del acuerdo de paz”.

En medio de la controversia jurídica sobre si en segunda instancia los magistrados de la JEP pueden evaluar pruebas sobrevinientes, el procurador Fernando Carrillo sostiene que esto sí es posible con una “interpretación integral de las normas procesales” y “privilegiando el derecho sustancial, la justicia”.

Desde la sede de la JEP, en Bogotá, minutos después de que Hugo Peñafort, procurador delegado ante la justicia transicional radicó la sustentación del recurso, Carrillo también hizo énfasis en que el indictment (acusación) con el que fue pedido en extradición Santrich es suficiente para no otorgarle ese beneficio para los excombatientes que cometieron delitos antes de la firma del acuerdo de paz.

En ese sentido, Carrillo señaló que el indictment “no es un papelito de un funcionario de tercera de Estados Unidos” y que en ese documento está claro que “los hechos por los que es acusado Santrich ocurrieron con posterioridad a la firma del acuerdo de paz”.

“El indictment constituye una decisión de la justicia de los Estados Unidos que, sustentada en una actividad probatoria de esa jurisdicción, equivale claramente a la acusación en el ámbito de nuestro ordenamiento penal, tal como lo ha reconocido la Corte Suprema de Justicia. No es un “mero acto de trámite”
, enfatiza la Procuraduría en su alegato.

Otro argumento de la Procuraduría se centra en que la Sección de Revisión “no tenía competencia sobre la materialidad de la conducta”, y que a esta solo le correspondía verificar la fecha de su ocurrencia.

“Para la Procuraduría no existe vacío alguno entre normas, ni duda sobre que las conductas se cometieron después del primero de diciembre de 2016, como ya la autoridad judicial de Estados Unidos así lo estableció”, agregó Carrillo.

En el recurso, el Ministerio Público añade que “existen los materiales probatorios suficientes” para determinar que los hechos por los que es acusado Santrich ocurrieron entre junio de 2017 y abril de 2018.

En esas fechas, de acuerdo con la documentación de la Fiscalía aportada en el recurso interpuesto por el Ministerio Público, Jesús Santrich, Marlon Marín y los empresarios Armando Gómez y Fabio Younes, en Bogotá, “se concertaron con el fin de cometer la conducta de tráfico de estupefacientes en diversas cantidades, desde 1.500 hasta 10.000 kilos”.

Carrillo afirmó que nunca le ha apostado al fracaso de la JEP y por eso usa los recursos institucionales para controvertir sus decisiones. En todo caso, hizo un llamado a “desantrichizar” la implementación del acuerdo de paz., enfatiza la Procuraduría en su alegato.

Otro argumento de la Procuraduría se centra en que la Sección de Revisión “no tenía competencia sobre la materialidad de la conducta”, y que a esta solo le correspondía verificar la fecha de su ocurrencia.

“Para la Procuraduría no existe vacío alguno entre normas, ni duda sobre que las conductas se cometieron después del primero de diciembre de 2016, como ya la autoridad judicial de Estados Unidos así lo estableció”, agregó Carrillo.

En el recurso, el Ministerio Público añade que “existen los materiales probatorios suficientes” para determinar que los hechos por los que es acusado Santrich ocurrieron entre junio de 2017 y abril de 2018.

En esas fechas, de acuerdo con la documentación de la Fiscalía aportada en el recurso interpuesto por el Ministerio Público, Jesús Santrich, Marlon Marín y los empresarios Armando Gómez y Fabio Younes, en Bogotá, “se concertaron con el fin de cometer la conducta de tráfico de estupefacientes en diversas cantidades, desde 1.500 hasta 10.000 kilos”.

Carrillo afirmó que nunca le ha apostado al fracaso de la JEP y por eso usa los recursos institucionales para controvertir sus decisiones. En todo caso, hizo un llamado a “desantrichizar” la implementación del acuerdo de paz.

REDACCIÓN PAZ
Twitter: @PazyJusticiaET

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