No es admisible hacer objeciones a estatutaria de la JEP: Procurador

No es admisible hacer objeciones a estatutaria de la JEP: Procurador

Carrillo entra al debate sobre Justicia Especial. Gobierno tiene hasta el 11 de marzo para decidir.

Fotos audiencia de la JEP

Cinco magistrados presiden la audiencia de la Justicia Especial para la Paz.

Foto:

Carlos Ortega / EL TIEMPO

Por: JUSTICIA Y POLÍTICA
20 de febrero 2019 , 10:11 a.m.

El Procurador General Fernando Carrillo le envió una carta al presidente Iván Duque en la que asegura que "no es admisible la formulación de objeciones presidenciales" frente a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz. 

Al terciar en el debate sobre la norma que reguló los procedimientos y límites de esa jurisdicción, el Procurador asegura que "el difícil logro del Estado colombiano de silenciar los fusiles y firmar la paz compromete el esfuerzo de todos por hacer exigible el cumplimiento de buena fe de lo acordado".

Esta semana se conoció una carta del Fiscal Néstor Humberto Martínez al presidente Iván Duque en la que expresa cuatro preocupaciones sobre la ley estatutaria de la JEP que, en su concepto, afectan los fines de la justicia y la satisfacción de los derechos de las víctimas. Dice que varias disposiciones son inconvenientes respecto a la política criminal que debe tener el Estado.

Según el fiscal general, el presidente debería objetar parcialmente la norma en los artículos que, dice, blindan a los reinsertados que sigan en el narcotráfico, (en la medida en que este pueda ser un delito permanente); abren la posibilidad de que los reincidentes conserven beneficios de la JEP e impiden a la Fiscalía adelantar investigaciones por hechos del conflicto que aún no han sido plenamente asumidos por la JEP.

Martínez también considera que, tal y como está la norma, los autores materiales de crímenes de guerra podrían quedar impunes: "Colombia suscribió varios tratados internacionales sobre derechos humanos, y por esa supremacía y los deberes que tiene Colombia para perseguir los graves crímenes de guerra, no es posible que se otorgue amnistía alguna a los responsables de esos graves crímenes".

Por esas razones le pidió a Duque objetar parcialmente la ley, una posibilidad que el Procurador Carrillo considera que no es viable jurídicamente. 

Los argumentos de la Procuraduría

Para Carrillo no es posible hacer ahora objeciones presidenciales, aunque con posterioridad se puedan formular debates de política pública frente a la ley estatutaria de la JEP que le permitan un ajuste o actualización. 

El Procurador asegura que esta ley estatutaria se aprobó por medio del procedimiento de fast track que se creó para tramitar las leyes del acuerdo de paz. Así, tras su aprobación en el Congreso, esta norma pasó al control posterior de la Corte Constitucional, "órgano judicial de cierre que profirió sentencia sobre la constitucionalidad del articulado". 

Considera que es claro que desde que se originó la ley estatutaria y se tramitó en el Congreso "el Gobierno tenía plena potestad para definir los criterios normativos e incorporar modificaciones, precisamente para garantizar la celeridad en el trámite y sustituir el expediente ordinario de las objeciones por inconveniencia". 

El Procurador también afirma que si el Presidente devolviera el proyecto al Congreso por razones de inconveniencia, se superarían los seis meses que establece la Constitución para aprobar estas leyes. Esto, dice Carrillo, perjudica "la seguridad jurídica en las actuaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz, en desmedro de su legitimidad y por tanto del cumplimiento de buena fe del acuerdo". 

Además asegura que es problemático que, si el presidente hace objeciones y el Congreso tiene que rehacer algunos textos, el tema tenga que pasar de nuevo por un control de constitucional que no fue tenido en cuenta en el procedimiento de fast track, que buscaba que estas normas se tramitaran de forma rápida y estableció que el control de la Corte Constitucional sería único y posterior. 

"De manera que podríamos estar ante el escenario de que el tribunal constitucional tuviera que abordar nuevamente el análisis de textos que él consideró, en su momento, contrarios a la Constitución, o que debiera estudiar nuevamente la constitucionalidad de los que ya fueron analizados". 

El Procurador asegura que la Corte Constitucional fue prevista como el órgano de cierre para las leyes de paz que se tramitaron vía fast track, por lo que "la oportunidad para formular una eventual objeción por inconveniencia caducaría en el momento de emitirse fallo" por parte del alto tribunal. 

El difícil logro del Estado colombiano de silenciar los fusiles y firmar la paz, compromete el esfuerzo de todos por hacer exigible el cumplimiento de buena fe de lo acordado

Otro punto que destaca Carrillo es que el Acto Legislativo 02 del 2017 estableció que "las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el acuerdo".

Sobre ese punto la Corte Constitucional ya se pronunció afirmando que en el ámbito de sus competencias, el Gobierno debe "realizar sus mejores esfuerzos en pro del cumplimiento del mismo, para lo cual gozan de un margen de apreciación que les permite elegir los medios más apropiados para ello, en el marco de lo convenido, bajo el principio de progresividad". 

Según el Procurador, esa consideración de la Corte supone que las autoridades deben respetar lo acordado por lo que una objeción sería un "acto regresivo". "En este caso no procede ocasionar un retroceso o minar la certidumbre y la confianza con los que se deben dotar los procesos de justicia transicional, en los cuales el tiempo de implementación es un factor determinante para su consolidación". 

Otro argumento del Procurador consiste en que no es procedente hacer objeciones de inconveniencia que se refieran a temas sobre la constitucionalidad de la ley, ni tampoco las que puedan poner en tela de juicio la Constitución, pues en el momento en el que la Corte Constitucional emitió un fallo, estos lineamientos pasaron a formar parte de la Carta Política. 

Por ejemplo, no sería válido, dice el Procurador, hacer objeciones sobre la competencia de la JEP, la garantía de no extradición, o la participación en política, temas que ya fueron avalados por la Corte Constitucional. "Contemplar la opción de objetar una ley estatutaria luego del pronunciamiento de la Corte Constitucional puede generar un riesgo para la seguridad jurídica, que precisamente quiso evitar el constituyente al prever un esquema especial de control para lograr la mayor estabilidad para esa clase de normas". 

El último argumento del Procurador está relacionado con las víctimas. Afirma que quitarle las reglas de juego a la JEP implica afectar la garantía de los derechos de las víctimas. 

En medio del debate sobre las posibles objeciones que hará Duque, el lunes el Fiscal General le envió una carta al Presidente en la que hace cuatro críticas frente a la ley estatutaria de la JEP. Esa carta del Fiscal ha generado malestar dentro de la Corte Constitucional porque, según fuentes de la Corte, se está desconociendo la evaluación que esa corporación ya hizo sobre esta norma. 

Este miércoles la Corte Constitucional revisará en una Sala Plena la carta del Fiscal a Duque. 

Así va el debate

La carta de Carrillo se conoce en medio de una nueva puja que surgió el martes entre los críticos del modelo de justicia transicional acordado con las Farc y sus defensores por la entrada en vigencia del proyecto de ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

La polémica alrededor de la iniciativa se tomó la agenda en las últimas semanas, pero esta vez la controversia involucró a tres de los personajes más representativos del país: el fiscal General, Néstor Humberto Martínez, el expresidente César Gaviria y el exmandatario Álvaro Uribe, jefe máximo del Centro Democrático.

Néstor Humberto Martíne y Julieta Lemaitre

El fiscal Néstor Humberto Martínez,

Foto:

Cortesía Fiscalía General

Esta vez, el debate surgió, especialmente, por las “preocupaciones” que el fiscal Martínez manifestó frente al texto que envió la Corte Constitucional, en el cual, según él, se “modifica sustancialmente” el “consenso” que se logró en el Congreso cuando se aprobó la norma, en noviembre de 2017.

Tras conocerse esta posición del jefe del ente investigador, Uribe escribió siete trinos en los que sintetizó sus críticas al modelo de justicia transicional.

Entre lo publicado por Uribe está que es un “despropósito” que “no se eliminan todos los beneficios a los reincidentes” y que la JEP “prácticamente cierra las posibilidades de extradición”.

Álvaro Uribe Vélez

Álvaro Uribe Vélez, senador del Centro Democrático

Foto:

Héctor Fabio Zamora. EL TIEMPO

“Bueno que objeten la JEP, mejor eliminarla”, escribió el exmandatario.
De inmediato, se recordaron las palabras del presidente Duque el pasado fin de semana, en Washington, donde afirmó que es “preferible tener ley estatutaria que no tenerla”.

“Se necesitan normas claras y no la incertidumbre normativa, pero también quiero mirar con detalle cada uno de los artículos (de esta ley) para obrar dentro de mis competencias y en los tiempos que me otorga la ley”, afirmó Duque.

El expresidente y director del Partido Liberal César Gaviria manifestó su “desacuerdo” con la posición expuesta por el fiscal Martínez.

“La JEP es la columna dorsal del proceso que permitió el desarme y la desmovilización de miles de guerrilleros de las Farc”, afirmó Gaviria.
La presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, Patricia Linares, reiteró su llamado a Duque para que sancione esta norma “por su importancia para los comparecientes a esta justicia, para las víctimas, para el país y para la comunidad internacional, que ven la JEP como garantía de no impunidad”.

El senador Roy Barreras, exnegociador de paz en La Habana, recordó que el acuerdo de paz “permitió desmovilizar” a la guerrilla “más grande y antigua” de América Latina. “Cambiarles las reglas de juego es un acto de perfidia y de traición a la paz”, afirmó Barreras, reconocido defensor de la integridad del proceso de paz con las Farc. Así las cosas, el balón está en cancha de Duque, quien tiene hasta el próximo 11 de marzo para decidir si sanciona la ley o la objeta, ya sea parcial o totalmente.


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