Con un mensaje en sus redes sociales, el magistrado Eduardo Cifuentes, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), le salió a críticas que el presidente Iván Duque había hecho este sábado, en la ceremonia de reconocimiento del nuevo director de la Policía, general Jorge Luis Vargas.
En ese evento, Duque dijo que "duele" cuando "se ha invocado la palabra paz trae consigo la palabra impunidad".
Posteriormente el presidente de la República se refirió al proceso de paz con las Farc, sin mencionarlas directamente, al decir: "hemos visto también recientemente manifestaciones que revictimizan, sobre todo cuando los verdugos ostentan las más altas posiciones del estado".
Duque añadió: "la construcción de una genuina paz implica que los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad deben tener sanciones proporcionales y efectivas. Y, también, garantizar aún entendiendo la figura de la transicionalidad, que quien es sancionado por crímenes de lesa humanidad no puede revictimizar a quienes ha flagelado ostentando poder político. Y sobre todo en las más altas cumbres del poder legislativo".
Esto en referencia a que en la actualidad, como fue pactado en el acuerdo de paz entre el gobierno y la exguerrilla, en el Congreso el hoy llamado partido de los comunes tiene curules, algunas de estas ocupadas por excomandantes de las Farc.
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Y fue más allá, al referirse al reciente escrito de hechos y conductas, similar a una imputación, que la JEP presentó en el caso de secuestro y en el cual señaló a 8 excomandantes de las Farc como responsables de estos hechos.
El primer mandatario dijo al respecto: "Hacer estas reflexiones son necesarias pensando en el presente y en el futuro, porque hemos visto recientemente imputaciones que algunos llaman valientes. Son imputaciones necesarias, lo que es valiente es la sanción proporcional y efectiva la que esperamos todos los colombianos".
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Al respecto, este domingo el magistrado Cifuentes publicó un mensaje en el que le deja claro al presidente Duque que no hace parte de sus funciones o competencias decirle a un órgano judicial como la JEP cómo deben ser sus sanciones.
"No es competencia del presidente Iván Duque instruir a la JEP sobre cómo debe sancionar a los imputados de las Farc", dijo Cifuentes, quien agregó que las sanciones que en su momento impondrá autónomamente la JEP "son las que consagra la Constitución y la Ley".
No es competencia del presidente @IvanDuque instruir a la JEP sobre cómo debe sancionar a los imputados de las FARC. Las sanciones que en su momento impondrá autónomamente la JEP, son las que consagra la Constitución y la Ley. Si no fuera así no habría Estado de Derecho.
— Eduardo Cifuentes Mu (@EcifuentesMu) February 7, 2021
En efecto, la Constitución, de la cual hacen parte los acuerdos de paz, prevé que la JEP, tras las investigaciones del caso, será la que imponga en un proceso judicial las sanciones que deberán pagar los exguerrilleros de las Farc por los delitos en el conflicto.
Esas sanciones dependen del reconocimiento o no que hagan los comparecientes -no solo Farc, también Fuerza Pública y terceros civiles-, y del momento en que hagan ese reconocimiento.
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Así, por ejemplo, la JEP tiene unas sanciones propias que se aplican a quienes reconocen verdad y responsabilidad de forma temprana. En estos casos la sanción será de 5 a 8 años de restricción efectiva de la libertad en establecimientos no carcelarios, o de 2 a 5 años para quienes hayan tenido una participación no determinante en el delito.
Pero si los comparecientes no reconocen su responsabilidad, se pasa a un proceso adversarial en el cual la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP -similar a la Fiscalía- debe probar que las personas sí tuvieron responsabilidad.
En este punto, si los comparecientes hacen un reconocimiento tardío de su responsabilidad, reciben sanciones alternativas, que son de 5 a 8 años en una cárcel.
Y si definitivamente no reconocen nada y son vencidos en juicio, probándose que sí fueron responsables de los delitos imputados, pueden ser condenados con sanciones ordinarias de hasta 20 años de prisión.
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