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JEP Colombia

JEP no puede volver a recibir a los desertores: magistrado Vidal

Bogotá Marzo 08 de 2023. Entrevista con el magistrado Roberto Carlos Vidal López, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Bogotá Marzo 08 de 2023. Entrevista con el magistrado Roberto Carlos Vidal López, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Foto:Néstor Gómez. EL TIEMPO

El presidente de JEP habló sobre nueva imputación a ex-Farc y acercamientos de paz con otros grupos.

Tras una imputación histórica contra excombatientes de las Farc por la violencia que asoló a comunidades indígenas, afrocolombianas y a campesinos en norte del Cauca y sur del Valle del Cauca, y en la misma semana en la que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) denunció a funcionarios de la Fiscalía por irregularidades alrededor del caso ‘Santrich’, el presidente de esta jurisdicción, magistrado Roberto Vidal, habló sobre qué viene frente a esto en la JEP.
También respondió a críticas de organizaciones sociales y de la Procuraduría por la demora en la apertura del macrocaso 11, que juzgará la violencia sexual en el conflicto; y se refirió a los acercamientos de paz que adelanta el Gobierno con varios grupos armados y al futuro de los desertores del acuerdo de paz de La Habana.
¿Por qué la imputación a 10 excombatientes de Farc por crímenes de guerra en norte del Cauca y sur del Valle del Cauca es un hito?
En primer lugar, porque es la primera imputación en un caso territorial (el macro caso 05). En los casos territoriales nos ocupamos de todos los actores que están en el conflicto, ahora tenemos una imputación sobre la conducta de las Farc pero estará seguida en el mismo territorio por imputaciones a la Fuerza Pública e incluso por otros actores.
Segundo, este auto se centra en una de las zonas más complejas del país, esa zona limítrofe entre el norte del departamento del Cauca y el sur del Valle del Cauca tiene una riqueza cultural inmensa, con las mayores organizaciones indígenas, con organizaciones afro muy importantes, y con comunidades campesinas tradicionales gigantescas; es una zona con recursos naturales e todo tipo, lo que hace que haya sido parte de una permanente disputa entre actores armados.
Es una zona muy compleja donde hoy en día persiste el conflicto armado interno y allí la investigación implicó elementos novedosos, acercamiento a víctimas, a muchos comparecientes de las Farc, y trabajo con autoridades indígenas y afrodescendientes no solo teniéndolos como víctimas sino reconociendo sus instituciones jurídicas y administrativas y haciendo diligencias conjuntas bastante complejas y costosas para poder llegar al territorio.
El auto refiere que los crímenes fueron por control territorial…
Esta idea de aproximarse al conjunto de las conductas nos muestra la comisión de graves crímenes que estaban dirigidos al control del territorio, que llevó a una cadena de acciones que van desde amenazas, asesinatos, desplazamientos, masacres, ataques indiscriminados, violencia sexual, reclutamiento… una compleja interacción de delitos que estaba cometiendo el grupo armado para tomar control del territorio, mediados por una consideración racial discriminatoria, había un móvil de racismo profundo que los llevó a atacar a las comunidades indígenas y a las comunidades afro con particular saña, a volver objetivo a sus autoridades, a atacar su territorio y fragmentarlo, a destruir sus tradiciones, a destruir los vínculos que tenían entre ellos, y hacer un grave efecto ya no solo sobre las personas sino sobre las comunidades.

Hubo una compleja interacción de delitos del grupo armado para tomar control del territorio, mediados por una consideración racial discriminatoria, había un móvil de racismo profundo

Aquí analizaron varios delitos y por primera vez imputaron a las Farc el reclutamiento de niños en la guerra, ¿qué encontraron sobre eso?
Al asentarse las columnas dentro de estos territorios, como parte del control del territorio se hizo un reclutamiento forzado sistemático que por sí mismo constituye un delito muy grave el reclutamiento de niños, pero que también, como en muchos otros lugares del país, fue una de las causas más poderosas del desplazamiento forzado, familias que huyeron del territorio protegiendo a sus hijos del reclutamiento de las Farc.
Pero por otro lado, el reclutamiento de los niños conducía a proponer unas condiciones de inferioridad o de vulnerabilidad de los chicos y chicas reclutados, que fácilmente quedaban sometidos a los abusos dentro de las filas, y mucha de esa información vino de los propios antiguos miembros de las Farc que revelaron esa situación tan grave.
También hubo violencia sexual en estos territorios pero este auto no imputa a las ex-Farc por esos hechos y tampoco se ha abierto el macrocaso solo de este tema, que ha sido un clamor de años de organizaciones de mujeres. ¿Por qué?
Los hallazgos sobre violencia sexual en este caso son tan importantes que ameritan la escritura y presentación de un auto separado que permita visualizar eso sin que se diluya entre los otros temas. Esto no significa ello no se está investigando, la JEP viene investigando las conductas de violencia sexual en muchos de sus casos porque esas conductas están asociadas a otra cantidad de violaciones muy importantes en los casos contra las Farc, en los temas de conductas de Fuerza Pública, en los casos territoriales...
La violencia sexual como una práctica permanente dentro del conflicto armado, que está vinculada de una manera muy grave a la discriminación de género y al ataque y la vulneración de la mujer, aparece en todos los casos, por eso a pesar de que vamos a abrir ya un caso 11 especializado, ese tema permea muchos de los casos de la jurisdicción.
¿Cómo han avanzado para abrir oficialmente ese caso 11 sobre violencia sexual?
Tenemos una fuente muy importante en la jurisdicción y es que las organizaciones de víctimas presentaron casi 1.000 informes sobre graves crímenes, nosotros partimos del estudio de esos informes con un porcentaje muy alto, entonces primero está ese punto de partida. Segundo, hay una red de organizaciones de género y de derechos LGBTI sumamente poderosa que ha promovido la apertura del caso y puesto a disposición todo ese material y nosotros lo que hemos hecho es una focalización del tema y en este momento estamos allegando los recursos humanos.
La JEP ya definió el conjunto de casos que va a investigar porque tenemos sólo 10 años para investigar, de los cuales ya hemos consumido 5 y otros años para otras cuestiones. Esto es una jurisdicción temporal y tenemos recursos muy limitados, entonces los hemos optimizado pero estamos trabajando en la consecución de los investigadores y de los magistrados que lo van a hacer.
Bogotá Marzo 08 de 2023. Entrevista con el magistrado Roberto Carlos Vidal López, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Bogotá Marzo 08 de 2023. Entrevista con el magistrado Roberto Carlos Vidal López, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Foto:Néstor Gómez. EL TIEMPO

Con esos tiempos y recursos limitados, ¿cómo van a hacer para el resto de casos que faltan?
Estamos en un proceso de revisión exhaustiva, allegando los recursos que nos facilita el gobierno a través del Plan Nacional de Desarrollo y con la cooperación internacional.
Hemos avanzado bastante en la producción de autos de determinación de hechos y conductas pero la JEP tiene un horizonte de que en los próximos 15 años debemos hacer alrededor de 40 sentencias de macro casos, 40 sentencias dicho así suelto parece una cuestión liviana pero tratándose de casos en los que hay a veces cientos de miles de víctimas en un solo caso y decenas de miles de comparecientes, se trata de casos de extraordinaria complejidad en los que estamos haciendo una planeación para poder terminar nuestra labor.
¿Con los recursos que tienen hoy alcanza para seguir investigando los casos que tienen abiertos?
Estamos en una búsqueda muy urgente de recursos. Las necesidades de la jurisdicción cada vez son más grandes por el tipo de investigación que hacemos, ya hacer investigación convencional criminal es demandante y nuestra investigación se basa en la justicia restaurativa, que significa participación efectiva de las víctimas y para eso la JEP presta una cantidad de servicios que son completamente extraños a un tribunal convencional.
Nosotros ofrecemos pedagogía en los territorios, ofrecemos los abogados que representan al 60 % de las víctimas y al 70% de los comparecientes, también tenemos acompañamiento psicológico, psicosocial y pedagógico en los procesos lo cual qué significa que detrás de una audiencia como las que ha conocido el país hay años de trabajo y creación de confianza, acompañamiento muy intenso a las organizaciones tanto de las víctimas como de los comparecientes para que puedan llegar a esos momentos de ofrecimiento de verdad y reconocimiento de responsabilidad, pero también de reivindicación de las víctimas. Todo ello produce unos resultados maravillosos, pero que son tremendamente costosos y complejos.

La JEP tiene un horizonte de que en los próximos 15 años debemos hacer alrededor de 40 sentencias de macro casos

Hay tres resoluciones de conclusión a la espera de sentencias, ¿cómo van a demostrar esas decisiones que la JEP no es un tribunal de impunidad, como lo han criticado algunos?
Tenemos unas resoluciones de conclusión que nos han permitido abrir la fase de juicio, tenemos unos juicios para quienes han reconocido responsabilidad y otros para quienes no lo hagan, una cuestión a destacar es que el 95 % de nuestros comparecientes hasta ahora han reconocido su responsabilidad, lo cual es importantísimo para el país y para las víctimas y es la finalidad central de la jurisdicción.
Lo que sigue es establecer cómo va a ser el proceso de la sanciones, que implican participación de las víctimas porque se trata de que (los comparecientes) realicen proyectos que contribuyan a la reparación mientras están, durante cinco a ocho años bajo regímenes por fuera de la cárcel (para quienes reconocieron su responsabilidad) monitoreados por las Naciones Unidas. Lo que viene es estar definiendo sus proyectos, hemos avanzado muchísimo en ello y salvo que ocurriera algo imprevisto, este año tendríamos las primeras sentencias en primera instancia.
¿Cuándo llegarán nuevas resoluciones de conclusiones de los otros casos?
Lo que estamos esperando es que después de estos cinco años de investigación, lo que haya ahora sea una cadena de resoluciones de conclusión mientras van terminando parcialmente las investigaciones de los macro casos.
Ha habido un reclamo de víctimas de que se llegue a máximos responsables, a quienes ordenaron crímenes de ‘falsos positivos’, delitos contra la UP, en los territoriales; algo que sí pasó con Farc, que por secuestro sí se imputó a los exjefes máximos de la organización. ¿Cuándo sucederá eso?
La naturaleza en la investigación sobre las Farc es distinta a la de la Fuerza Pública. Las Farc eran una organización estructurada cuya actividad en su conjunto era ilícita porque estaban levantados en armas, por eso cuando firman el acuerdo de paz nosotros comenzamos por la investigación con el Secretariado de las Farc y su directiva de ese momento, y en ese sentido, con sus máximos responsables.
En el caso de la Fuerza Pública no es así, la Fuerza Pública es la organización del Estado, personas que están cumpliendo una función constitucional, no son criminales, ellos excepcionalmente incurrieron en delitos. Entonces cuando nosotros los investigamos a ellos no es tan simple como tomar cuál era el grupo de los generales de las fuerzas y a partir de ello juzgar, sino que es una investigación que parte desde abajo, desde los ejecutores materiales y va ascendiendo en una investigación muy compleja por las cadenas de mando para establecer las responsabilidades por acción u omisión.
Las familias exigen sanciones judiciales ejemplares al Ejército y al Estado mismo.

Las familias exigen sanciones judiciales ejemplares al Ejército y al Estado mismo.

Foto:Santiago Saldarriaga. EL TIEMPO

Por esa naturaleza tan distinta de las investigaciones es que no se trata de un problema de voluntad, de que en un caso estamos juzgando al Secretariado y en el otro estamos juzgando otras personas, que además no es cierto, uno de los grandes aportes de la jurisdicción es haber pasado de las capacidades de la justicia ordinaria en la que se juzgaban soldados y tenientes, a la imputación de coroneles y generales, que es en lo que estamos trabajando, sin duda personas de muy alto rango.
En las últimas semanas se ha conocido de algunas tensiones dentro de la JEP, entre algunos magistrados, ¿eso ha afectado el trabajo de la jurisdicción?
Nosotros somos un cuerpo colegiado, estamos todo el tiempo tomando decisiones colectivas, todos los días estamos abocados a la existencia de conflictos que en ese contexto es una cosa completamente usual y que creo que de ninguna manera altera el cumplimiento de nuestras funciones, y que las trabajamos con los mecanismos propios: los salvamentos de voto, las aclaraciones, las votaciones, las construcciones de consenso, y esa es la labor que hace cualquier magistrado una alta corte.
Entonces no se podría decir entonces que hay una crisis dentro de la JEP…
De ninguna manera.

La denuncia en la Fiscalía por el caso 'Santrich'

La huella del meñique coincidió con la de su carta decadactilar.

La huella del meñique coincidió con la de su carta decadactilar.

Foto:Tomado de video

Esta semana radicaron una denuncia contra funcionarios de la Fiscalía por lo que sucedió con el estudio de la garantía de no extradición de alias Jesús Santrich, a quien la JEP determinó no extraditar en 2019. ¿Qué esperan que pase con esa denuncia?
Allí no operamos como ente judicial sino como una institución que se presenta como víctima ante la autoridad competente que es la Fiscalía, a la que corresponde investigar los hechos. Nosotros queremos que se nos reconozca como víctima, la JEP fue culpabilizada de esos hechos y nosotros necesitamos y esperamos que la autoridad competente con toda claridad establezca que la Institución fue objeto de unas actividades que constituyeron delitos y que nos causaron un inmenso daño como institución, pero con eso además le causaron un ataque injustificado completamente al proceso de paz y un daño al Estado de Derecho y a sus instituciones.
La JEP dijo que la omisión de la Fiscalía en entregarles toda la información que pidieron los obligó a tomar una decisión con base en datos parciales. ¿Si hubieran tenido toda la información la decisión sobre ‘Jesús Santrich’ hubiera sido diferente?
Yo no puedo establecerlo en este momento, pero la investigación forense mostró que le tocó a los magistrados de la Sección de Revisión explicar que tenían información insuficiente y acogerse al mecanismo jurídico que establece la ley en esos casos: cuando un juez penal tiene información insuficiente para determinar la culpabilidad de una persona tiene la obligación de reconocer la presunción de inocencia y eso fue lo que hizo en su momento la jurisdicción, con los mecanismos que tenía, tener que aplicar una presunción de inocencia por no disponer de la información que nosotros creemos que sí disponía de ella la Fiscalía General de la Nación y tenían la obligación de haberla puesto a disposición nuestra.

Qué pasará en la JEP con las disidencias

En un video de 2019 (foto) varios de los exjefes guerrilleros hoy muertos anunciaron su rearme.

En un video de 2019 (foto) varios de los exjefes guerrilleros hoy muertos anunciaron su rearme.

Foto:Archivo particular

En estos momentos hay acercamientos de paz con varios actores armados, algunos como el Eln podrían firmar un acuerdo de paz y necesitarían un sistema de juzgamiento. ¿Cree que la JEP sería el tribunal que podría juzgar al Eln si eventualmente firman un acuerdo de paz?
Nosotros como tribunal de paz, y como una de las entidades fundamentales del sistema nacional de paz, nos debemos a todas las iniciativas que busquen en este país ambientar el final del conflicto, así que somos los primeros interesados en que el Gobierno pueda ser muy exitoso en esta y cualquier iniciativa de paz.
Le hemos manifestado al Presidente de la República que hemos ofrecido al país la experiencia que tiene la JEP y esperamos que cualquier iniciativa futura no arranque de cero sino que parte de lo que hoy sabemos hacer por toda esta experiencia que hemos podido atesorar y que ponemos a disposición del país.
Ahora, la pregunta de si eso le corresponde hacerlo a la JEP no es una respuesta que podamos dar sino que le corresponde al Gobierno con su iniciativa y al Congreso con su decisión política establecer la estructura la arquitectura institucional que va a absorber las nuevas negociaciones de paz con el Eln o con cualquier otro grupo. Nosotros lo que hemos dicho es que estamos dispuestos a contribuir con nuestro conocimiento y a estar atentos a lo que de lo que decidan el Gobierno y el Congreso.
Si eventualmente sí fuera la JEP el tribunal del Eln, ¿podrían hacerlo como están ahora o quedarían sobrecargados?
El Gobierno Nacional y el Congreso tienen la clara conciencia de que la jurisdicción tal como está diseñada y como está hoy, en los últimos macro casos estamos llevando al límite nuestra capacidad de investigación, no es una cosa tan simple como decir que ahora podemos juzgar nuevos sujetos.
Lo podemos entender haciendo un poco un ejercicio de comparación: la justicia ordinaria la justicia ordinaria tiene 35.000 funcionarios, la Fiscalía General de la Nación tiene 28.000, la JEP tiene 1.000; lo que quiero quiero decir es que este es un organismo súper especializado, creado para la misión específica de los acuerdos que se firmaron, y que cualquier encargo nuevo implicaría una modificación que sin duda conduciría a un replanteamiento, una ampliación, a una disponibilidad de mayores recursos, y a un rediseño.
En esos acercamientos de paz también hay diálogos con desertores del acuerdo de La Habana que fueron excluidos de la JEP por retomar las armas, ¿existe la posibilidad de que esas personas vuelvan a entrar a la JEP?
Las personas que fueron excluidas lo fueron porque tomaron nuevamente las armas y manifiestamente renunciaron con esos hechos a las posibilidades de estar sometidas a la jurisdicción, las decisiones en ese respecto siguen en pie, el marco legal es clarísimo. Está por fuera por completo de una decisión de la JEP volverlos a incorporar, cualquier incorporación de ellos tendría que pasar por modificaciones al marco legal, que no son decisión de la jurisdicción.
En su momento los que dejaron el acuerdo de paz decían que no tenían garantías, y dentro de la JEP muchos comparecientes de las ex-Farc que siguen acá han criticado que no les han resuelto su situación, ¿qué pasa con eso?
El trabajo cotidiano que hacemos nosotros por la garantía de los derechos de las víctimas se orienta a la no repetición, nosotros tenemos casi 15.000 personas sometidas a la JEP y nuestra misión es mantenerlas por fuera del conflicto en un proceso de reintegración a la vida civil a través de un proceso de justicia. Cuando una persona realiza acciones que nos obligan a excluirlos, yo no dudo que para la JEP es una derrota porque han vuelto a reincidir.
En cambio, es una victoria para la JEP los miles de comparecientes que logramos cada día que se mantengan en sus compromisos a pesar de las dificultades de todo proceso judicial, que es complejo, esa inmensísima mayoría de comparecientes que están honrando sus compromisos son nuestro patrimonio, es lo que le podemos mostrar al país, es decirle ‘nosotros sí somos una entidad que está garantizando la transición hacia la paz’ y seguiremos luchando para que se mantenga así y que esas personas que salen de la jurisdicción sean un mínimo.

La ventana que se abrió a exjefes paramilitares

Alias 'Jorge 40' en el segundo día de audiencia ante JEP.

Alias 'Jorge 40' en el segundo día de audiencia ante JEP.

Foto:JEP

La JEP ya tuvo una audiencia con el exjefe paramilitar Rodrigo Tovar, alias Jorge 40, y tendrán otra con Salvatore Mancuso para definir si pueden entrar a la jurisdicción, ¿qué tan abierta quedaría la puerta para exparamilitares que ya tuvieron un proceso de justicia transicional en Justicia y Paz?
Es una situación jurídica compleja porque el país tiene dos sistemas de justicia transicional: uno que es fruto de los acuerdos de paz entre el gobierno nacional y los grupos paramilitares en 2005, y otro que es el resultado de esa negociación con las Farc en el 2016. Nosotros convivimos de manera muy armónica con las salas especiales de Justicia y Paz, que mantienen hasta hoy su competencia para juzgar a los paramilitares, eso no se ha alterado.
Ahora, muchas de estas personas no solo actuando como paramilitares sino en otras condiciones con un terrible impacto para las víctimas, lo que ha hecho la JEP por la inmensa preocupación que tenemos de obtener más verdad es abrir una ventana muy excepcional y específica para que esas personas hagan aportes a las investigaciones de la JEP, sobre todo en casos como el 8, donde lo que estamos mirando es los vínculos entre la actividad de la fuerza pública, paramilitares y terceros en el territorio.
En ese propósito es que se ha abierto esa puerta, que es excepcional, dirigida a la obtención de la verdad y justificada en los derechos de las víctimas. Algunos de ellos han solicitado a la jurisdicción que los recibamos, estamos en ese proceso y esperamos que produzca sus frutos.
Es decir, ¿no podría afirmarse que la JEP será una tercera instancia para todos los exparamilitares excluidos de Justicia y Paz, por ejemplo?
Esto no es un sucedáneo de Justicia y Paz, ni es una tercera instancia.
justicia@eltiempo.com
En Twitter: @MIOF_
@JusticiaET

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