‘Hay injerencias y presiones indebidas sobre la JEP’: Patricia Linares

‘Hay injerencias y presiones indebidas sobre la JEP’: Patricia Linares

Presidenta rechazó ‘retiro de visas o cualquier medida para presionar decisiones judiciales’.

Patricia Linares, presidenta de la JEP

Antes de ser nombrada presidenta de la JEP, Linares se desempeñó en diferentes cargos, como consultora para el Consejo Noruego para los Refugiados.

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Abel Cárdenas / EL TIEMPO

Por: Yamid Amat
12 de mayo 2019 , 06:41 p.m.

“Los Estados tienen el compromiso de garantizar el principio de autonomía e independencia judicial, que debe reforzarse en procesos de justicia transicional”, afirma de forma categórica la presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Patricia Linares, cuando reclama respeto para ese tribunal, que, subraya, es “de rango y carácter constitucional”. Se queja de “injerencias o presiones indebidas” y del uso de “un lenguaje inadecuado, a veces hostil, que podría afectar la autonomía judicial”.

 Sobre las facultades que tiene ese tribunal sobre temas como la práctica de pruebas para extradiciones o verificación de las personas que participan en el proceso de paz, considera que ya son cosa juzgada porque fueron falladas por la Corte Constitucional cuando se pronunció sobre el proyecto de ley estatutaria en sentencia del año pasado.

La magistrada también habló sobre las conclusiones de la reunión que sostuvo el jueves con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Jamaica, y la calificó de “constructiva y muy positiva”. La magistrada Linares precisó que en el informe que presentó “no hubo denuncias ni quejas” ni contra el Gobierno ni contra la Fiscalía. En su diálogo no vaciló en reclamar para la JEP “un trato digno y respetuoso”.

¿Por qué considera usted que su reunión con la CIDH fue positiva, constructiva?

Nosotros solicitamos una audiencia temática informativa para presentar un balance de los avances, retos y desafíos de la JEP después de un año de funcionamiento. La reunión se realizó en el marco del convenio de cooperación que se acordó en febrero del año pasado con la CIDH, cuando ellos visitaron Bogotá y acordamos una relación de cooperación técnica entre la Comisión y nosotros.

¿En qué consistió el informe presentado?

Fue un balance general del trabajo de cada sala y sección. Cuántos asuntos y casos ha recibido cada sala y sección, cuántos ha tramitado, qué tipos de decisiones han tomado, cuántas amnistías, cuántos beneficios se han otorgado, cuántos se han negado, cuántas tutelas se han tramitado, cuántas garantías de no extradición se han tramitado, cuántas se han concedido, cuántas se han negado, cuántos asuntos ha resuelto como segunda instancia la sección de apelación…

¿Cuáles son esas cifras?

La sala de amnistía e indulto a febrero de 2019 había decidido 36 amnistías de sala y 6 amnistías de iure; durante 2018 se profirieron 29 resoluciones que concedieron libertad y 162 resoluciones que negaron este beneficio.

¿Cuántos casos han abierto?

Hasta la fecha, la sala de reconocimiento de verdad ha abierto siete casos que convocan aproximadamente a 820.000 víctimas de distintos delitos de competencia de la jurisdicción: secuestros, extorsiones, ‘falsos positivos’, reclutamiento forzado de niños y niñas, otros casos de impacto del conflicto en los territorios y las graves violaciones a los derechos humanos que el conflicto ocasionó en poblaciones de Nariño, Antioquia, Chocó, Cauca y Valle del Cauca.

¿En el informe presentado habló sobre el problema de la ley estatutaria que reglamenta a la JEP y aprobó la Cámara pero enredó el Senado?

Presentamos en el informe lo que llamamos ‘desafíos y retos para el pleno funcionamiento de la Jurisdicción’. Ha sido un desafío actuar sin contar con el marco normativo completo. Si bien ya tenemos varias normas, como la ley de amnistía o indulto o la ley de procedimiento, y contamos con la jurisprudencia nacional e internacional, aún no tenemos la ley marco, o sea la ley estatutaria. Eso es un desafío porque debemos avanzar en el cumplimiento de funciones sin contar con esa norma marco, lo que afecta las garantía de seguridad jurídica y debido proceso que se le imponen a cualquier jurisdicción.

¿Confía en que la Corte Constitucional apruebe la ley estatutaria?

La Corte Constitucional ya hizo un estudio exhaustivo y detallado del proyecto de ley estatutaria que aprobó el Congreso en el 2017. Lo hizo a través de la sentencia 080 del año pasado. Ahora, la Corte tendrá que pronunciarse sobre la remisión que le hizo el Congreso después del trámite de las objeciones y será ella la que en su sabiduría se pronuncie como considere pertinente.

¿Sobre el tema de la votación o sobre el tema de fondo de la ley?

La Corte definirá.

Pero usted me acaba de decir que para la Corte, el asunto ya es cosa juzgada…

La Corte Constitucional, le reitero, se pronunció sobre el proyecto de ley estatutaria que aprobó el Congreso, y lo hizo como lo establece la Constitución a través de una sentencia, la C-080 de 2018.

Por lo tanto, es cosa juzgada que en el Senado se pretendió desconocer…

Cuando la Corte Constitucional se pronuncia, lo hace como órgano de cierre constitucional y sus sentencias hacen tránsito a cosa juzgada.

¿Mencionó la JEP ante la Comisión algún otro desafío que enfrenten?

También hicimos referencia a otro desafío: el que tiene que ver con el contexto en el que cumplimos nuestras funciones, señalando el compromiso que tienen los Estados de garantizar el principio de autonomía e independencia judicial, el cual debe reforzarse en procesos de justicia transicional, en los que, por lo general, el escenario político es complejo. Eso ha hecho que en nuestro caso se presenten situaciones que pueden interpretarse como injerencias o presiones indebidas. Eso pasa por el uso de un lenguaje inadecuado, a veces hostil, o por situaciones que podrían eventualmente afectar la independencia y autonomía judicial.

¿A qué se refirió concretamente?

A ciertas situaciones que ha debido afrontar la jurisdicción durante este año de funcionamiento, que si bien recibimos con tranquilidad, sí nos generan preocupación. Nuestra premisa es que somos un tribunal de paz, que nuestra tarea es administrar justicia y contribuir así a la reconciliación de este país; por eso nunca responderemos esos ataques con lenguaje hostil o descalificador. Daremos cuando corresponda las explicaciones que nos soliciten, lo que no obsta, como ya lo hemos hecho, para que reclamemos un trato digno y respetuoso como el que se les debe a cualquier ser humano y a quienes nos desempeñamos como jueces de la república. Solo así ayudaremos todos al propósito de la nación, de avanzar hacia la reconciliación con el sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición.

¿De qué sectores habla usted?

Son muchos en el país, y usted bien lo sabe. Hay manifestaciones bastante fuertes que muchas veces afectan el buen nombre y la tranquilidad de los colegas.

¿Tiene su origen en el Gobierno o en la Fiscalía?

No me corresponde hacer señalamientos o acusaciones directas. El país ha visto de manera suficiente cómo ciertos sectores utilizan un lenguaje descalificador, a veces irrespetuoso, que no corresponde al que ordena la propia Constitución en su artículo 22, que establece la paz como un derecho y un deber de todas y todos.

¿Qué reacción tuvo la Comisión sobre esta denuncia?

Le reitero que nuestro informe no contiene denuncias o quejas, me referí al desafío que supone para la jurisdicción avanzar en el cumplimiento de nuestras funciones en un contexto difícil. No hice ninguna denuncia y eso lo quiero subrayar, porque no es conveniente que se siga alimentando un debate que no existe. Lo he expresado en ese informe, lo conocen las autoridades colombianas, yo he tenido oportunidad incluso de expresárselo al señor Presidente de la República.

Pero le insisto: ¿qué tipo de comentarios tuvo usted de la Comisión?

Nosotros tuvimos una audiencia informativa que concedieron inicialmente como una audiencia pública. Luego, por las observaciones que presentó el señor canciller a la CIDH, dicho organismo, con base en lo dispuesto en su reglamento, artículo 68, consideró pertinente que la audiencia fuera privada. Así las cosas, no puedo ni me corresponde hacer ningún comentario sobre cómo se desarrolló la reunión.

Pero ¿quedó satisfecha con la reacción que obtuvo de parte de la Comisión?

La reunión fue muy productiva, muy constructiva, y coincidimos en que seguiremos adelante. No olvide que la Comisión Interamericana tiene un mandato de monitoreo sobre el proceso de paz en Colombia.

¿Qué piensa de las objeciones que hizo el Gobierno a la reunión?

La Jurisdicción Especial para la Paz es un órgano judicial de rango y carácter constitucional, con categoría de alta corte; tiene autonomía e independencia para el cumplimiento de sus funciones. Pero, más allá de eso hay muchos antecedentes de entidades públicas no gubernamentales que gozan de autonomía e independencia, entre ellas las que cumplen funciones judiciales que han solicitado este tipo de reuniones sin que se haya presentado ningún inconveniente. Como le digo, se solicitó y efectuó una audiencia informativa, no litigiosa; no fuimos como parte de un proceso, pues no lo somos, pero sí como parte interesada, como lo señalan las normas de la Convención Interamericana y su reglamento. Le pongo un ejemplo reciente: la Defensoría del Pueblo, en marzo del año pasado, solicitó una audiencia para pedir medidas cautelares sobre la región del alto del Mira en Tumaco y lo hizo directamente, y la Comisión concedió esas medidas. Como se lo expresé al señor canciller, no solicitamos audiencia para denunciar o exponer quejas de ningún tipo, porque no nos corresponde, y cuando hemos tenido necesidad de hacerlo, lo hablamos directamente con el Gobierno.

¿La Comisión Interamericana invitará al Gobierno a exponer sus posiciones?

No sé.

¿Qué se espera que haga ahora la Comisión?

Ellos cumplen un mandato de seguimiento al proceso de paz; ellos definirán qué hacen con la información que nosotros les suministramos: podrán dar recomendaciones, presentar observaciones, ofrecer herramientas, cooperación…

Que seguramente es lo que va a ocurrir…

Eso esperamos, porque es muy importante contar con esa cooperación.

¿El hecho de que el Gobierno se haya opuesto a la decisión de la Comisión de realizar la audiencia crea relaciones difíciles con el Gobierno?

Aspiro a que no porque el marco normativo en el que nosotros fundamentamos nuestra petición fue el que corresponde a una audiencia informativa. No tenemos disposición distinta a la de colaborar armónicamente con las distintas instancias del Estado, tal como lo ordena el artículo 113 de la Constitución, y la de buscar con los organismos internacionales expertos en este tipo de materias toda la colaboración que sea necesaria para poder cumplir a cabalidad con el mandato que nos corresponde.

Por otra parte, la JEP debe tomar una decisión sobre la extradición de Jesús Santrich. ¿Todavía demora?

Está a consideración de la respectiva sección, la de revisión del tribunal. Esperamos que muy pronto tome una decisión.

¿Tiene algún término?

Ellos me informaron que están próximos a tomar una decisión.

Sobre el tema de extradición, se ha conocido que el gobierno de Estados Unidos ha cancelado visas a varios magistrados de la Corte, aparentemente para presionar decisiones sobre ese tema. ¿Qué opina?

Somos respetuosos de los principios democráticos que rigen los Estados de derecho, entre ellos el principio universal que implica el respeto a la autonomía de los Estados y sus representaciones diplomáticas, lo que descarta cualquier decisión o mecanismo de presión para incidir en decisiones judiciales. Ello afectaría de manera severa el principio de autonomía e independencia de los jueces, pilar fundamental de la democracia.

¿Y no le preocupa que si la JEP niega la extradición de Santrich o se abstiene de fallar, también puedan ser ‘castigados’?

No, el ejercicio de la magistratura nos impone como un deber ineludible y sagrado mantener nuestra independencia y autonomía que rigen el Estado de derecho.

Muchos sectores han solicitado al Gobierno que se pronuncie sobre el tema. ¿Cree usted que debería rechazar esa presión?

Esas son decisiones del resorte del Presidente de la República, estoy segura de que adoptará la mejor.

YAMID AMAT
Especial para EL TIEMPO

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