‘Que excombatientes no sean asesinados es garantía para las víctimas’

‘Que excombatientes no sean asesinados es garantía para las víctimas’

La JEP estudia medidas cautelares de protección colectiva a exFarc y miembros de la Fuerza Pública.

Magistrada Reinere Jaramillo

Reinere de los Ángeles Jaramillo es magistrada de la sección de casos con ausencia de reconocimiento de la JEP.

Foto:

JEP.

Por: Juan David López Morales
04 de mayo 2020 , 10:00 p.m.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decidió estudiar, de oficio, medidas cautelares de protección colectiva ante las amenazas y asesinatos de las que han sido víctimas los excombatientes de las Farc y antiguos miembros de la Fuerza Pública.

En este estudio fueron vinculadas varias entidades del Estado para que aporten información sobre su labor, como los ministerios de Defensa y del Interior, la Unidad Nacional de Protección, el Consejo Nacional de Garantías de Seguridad, la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo.

En las motivaciones del estudio de estas medidas, la JEP cita cifras como el asesinato de al menos 193 exmiembros de las Farc (a marzo de 2020) y las amenazas contra por lo menos 16 miembros retirados de la Fuerza Pública.

La magistrada ponente, Reinere de los Ángeles Jaramillo, de la Sección de Ausencia de Reconocimiento del Tribunal para la Paz de la JEP, cuenta qué buscan en estas medidas y por qué apuntan a garantizar el cumplimiento de los derechos de las víctimas del conflicto.

¿Por qué deciden estudiar estas medidas cautelares?

Esta es una preocupación que la sección tiene desde el año pasado. Las cifras de asesinatos aumentan y no se nota que vayan a parar. Uno ve que en festividades no pararon, llegamos a una cuarentena y no paran, entonces la sección tomó la decisión de asumir y revisar con detalle esta problemática que viene de tiempo atrás.

¿Revisar con detalle significa ver qué pueden hacer como JEP?

Exactamente. Tenemos unos deberes con los comparecientes,  quienes suscribieron un régimen de condicionalidad que los compromete a contar la verdad plena y exhaustiva de lo ocurrido, de manera que se satisfagan los derechos de las víctimas y no se repita el horror de un conflicto que dejó tanto dolor especialmente en los territorios rurales donde se vivió con mayor rigor la confrontación armada, en los cuales se resiste el retorno de la paz. Como tribunal de paz, tenemos unos deberes con los comparecientes y un mandato constitucional de ser garantes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, y también de la implementación,por tanto no podemos quedarnos expectantes frente a lo que está pasando.

¿Consideran que la protección individual es insuficiente?

Creemos que las medidas individuales y colectivas que se han tomado son muy importantes, pero los hechos muestran que terminan siendo insuficientes. No es posible que a cada ciudadano y a cada compareciente de manera específica, el Estado le ponga una protección individual. Y no es suficiente. Estas medidas tienen que ser complementarias para garantizar la seguridad integral.

¿Cómo se entiende esa seguridad integral?

La Corte Constitucional ha dicho que la garantía de seguridad integral tiene que ver primero con la protección de los derechos fundamentales, garantizar la paz, la democracia y el pensamiento diferente, que puedan ejercer libremente los derechos en todo el territorio nacional, que sientan confianza para continuar cumpliendo con los compromisos de rendir cuentas ante el Sitema integral. Dicho de manera clara, hay que combinar la protección desde lo individual y lo colectivo.

Si nosotros no logramos que los comparecientes tengan tranquilidad y seguridad de que no les va a pasar nada, su aporte a la verdad puede verse afectado

Para el caso del acuerdo, ¿tiene sentido por el desarme colectiva de las Farc?

Ese es el sentido. Pero quiero ser contundente en decir que la JEP avoca el conocimiento de oficio como cumplimiento de un mandato constitucional para identificar cuáles son esas causas estructurales del riesgo. No estamos tomando ninguna medida. Decidimos avocar de oficio, examinar con detalle qué viene pasando y por qué es insuficiente la protección individual, para poder identificar cuáles son las causas estructurales del riesgo y determinar qué decisiones judiciales se tendrán que tomar en el futuro inmediato.

Ustedes recogen que desde 2018 el Gobierno viene anunciando medidas de protección colectiva, ¿van a evaluar si esos instrumentos funcionan?

Esa es parte de la tarea que le espera al tribunal. Se vinculó a unas entidades que tienen competencia con todo el tema de seguridad, en virtud del mandato constitucional y del acuerdo de paz. A partir del análisis de toda esta información esperamos poder identificarlo.

¿Entonces, no dicen que no funciona, sino que lo van a evaluar?

Sí. Además, sería irresponsable, sin tener toda la información necesaria, decir qué está pasando. Esa es la razón por la que el auto vincula a diferentes entidades del orden nacional con algunas preguntas que nos permitan determinar si las políticas que se han construido corresponden al mandato de la protección colectiva de los comparecientes del Sistema, pero fundamentalmente a garantizar los derechos de las víctimas a conocer la verdad completa, detallada y exhaustiva.

En el caso de los miembros de la Fuerza Pública, ¿las amenazas han afectado la contribución de verdad?

De acuerdo con información que hoy reposa en la JEP, en la Unidad de Investigación y Análisis (UIA) y las compulsas de copias que han hecho los magistrados del caso 03 (ejecuciones extrajudiciales), sí hay un riesgo muy alto. Si nosotros no logramos que los comparecientes tengan tranquilidad y seguridad de que no les va a pasar nada, su aporte a la verdad puede verse afectado. ¿En qué magnitud? Hoy no lo podemos determinar, pero es un riesgo que más bien tiende a incrementarse.

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¿La protección colectiva puede conjurar riesgos que incluso no hayan sido denunciados?

Sí, por eso la medida incluye a todos los comparecientes. Cualquier desprevenido dirá que no hay un solo muerto de Fuerza Pública y hay 193 de Farc ¿Por qué una medida para todos? La respuesta está ahí: estamos previendo que puede haber un riesgo, pero desde un trato equilibrado, diferenciado y simétrico. Si hay miedo y angustia de los comparecientes ante el Sistema, se van a inhibir de dar la verdad amplia, exhaustiva y necesaria que permita identificar las cosas que pasaron en el país.

¿Qué esperan determinar con la información que piden a las entidades?

Si se han adoptado todos los requerimientos necesarios, identificar si en efecto se están protegiendo, si se están haciendo los estudios necesarios y adecuados para identificar los riesgos, si la política de seguimiento a la seguridad cuenta con los indicadores necesarios para verificar su cumplimiento y si están tomando las medidas que permitan enfrentar esas causas estructurales que originan y mantienen el riesgo, tanto en las personas como en los territorios mas golpeados por el conflicto armado.

Probablemente las entidades respondan que sí lo están haciendo, pese a que los asesinatos siguen ocurriendo ¿Cómo van a evaluar esos programas?

Todas las políticas tienen unos planes de acción que identifican indicadores de impacto y resultados. Cuando logras mirar la información en conjunto puedes llegar a conclusiones serias de si en efecto existen los mecanismos necesarios y si estos se están cumplimiento integralmente. A veces tenemos la percepción de que lo que está creado es suficiente, pero cuando se revisa puede que no lo sea. Eso es lo que se quiere establecer.

¿La JEP busca diagnosticar si la institucionalidad de protección está bien?

No lo puedo decir con certeza, es parte de las discusiones que tenemos, pero seguro con la información en el camino se podrá identificar si una medida es una adecuada articulación institucional. La magistratura no se aventura a decir qué medidas quiere tomar porque sería irresponsable. De esa información que estamos solicitando, pero también de fuentes abiertas, la magistratura identificará cuáles son las mejores medidas para la protección colectiva. Es probable que existan y aun así no se materialicen o se materialicen de manera descordinada. Es complicado aventurarse a poner las hipótesis sobre la mesa.

Ustedes hablan de una urgencia en el estudio de estas medidas, ¿cuánto tiempo tomará?

A las entidades les dimos 20 días, pero hacia adentro la magistratura está revisando información que tienen que tener registrada en sus portales y sus planes de acción en el Departamento Nacional de Planeación. Estamos trabajando para poder cotejar información. El tiempo no lo puedo decir porque no es el único tema de la sección, pero es importante y necesario.

Ustedes como jueces, ¿tienen facultades para involucrarse en la implementación del acuerdo?

En efecto, nosotros somos garantes de manera general de la implementación del acuerdo. Parte de esa garantía pasa por prever y generar las condiciones, desde nuestras competencias, para que aquellos que decidieron llegar al Sistema producto de un acuerdo puedan tener todas las garantías para participar dentro de él, pero también dentro de la sociedad. Si no tiene las garantías para estar dentro del Sistema, tampoco las van a tener para ejercer derechos como la participación en política o reincorporarse con tranquilidad. Es muy difícil escindir un tema del otro. El mismo acuerdo planteó que los comparecientes, particularmente de Farc, tenían una presunción de riesgo extraordinario, y los estudios que ha hecho la UIA vienen diciendo que hay una alta vulnerabilidad. Pero también hay riesgos para la Fuerza Pública. Y nos tienen que interesar por la garantía del derecho a la vida, pero también por las garantías de los derechos de las víctimas, que son la centralidad del sistema.

¿No han considerado a los terceros y agentes del Estado distintos de la Fuerza Pública?

odavía no. Hizo parte de las discusiones, pero estamos hablando de comparecientes obligatorios, y los terceros son voluntarios. Tampoco abordamos el asesinato a defensores de derechos humanos y lideres sociales porque, aunque puedan estar relacionados de alguna manera, no tenemos una competencia directa, como sí la tenemos con los comparecientes de la Fuerza Pública y Farc.

¿Por qué cree que es importante históricamente este estudio que comienzan?

Como dijo el presidente de nuestra sección, el magistrado Alejandro Ramelli, no pueden seguir matando a quienes le dijeron al país que estaban dispuestos a comprometerse con un acuerdo de paz. Pero ante todo, que los comparecientes no sean asesinados, ni amenazados, porque ellos son quienes tienen mayor deber con la garantía de que las víctimas y el país sepan qué pasó y por qué pasó, esa otra verdad que tanto necesitamos. Tenemos una deuda histórica con las víctimas del conflicto, con la memoria y con el derecho de la sociedad a vivir en paz.

JUAN DAVID LÓPEZ MORALES
Redactor de JUSTICIA
Twitter: @LopezJuanDa

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