Farc iría a instancias internacionales tras sufrir casi 200 asesinatos

Farc iría a instancias internacionales tras sufrir casi 200 asesinatos

El partido evalúa si solicita medidas cautelares ante crímenes de excombatientes.

Partido Farc

Partido Farc ya contabiliza 197 asesinatos y 14 desapariciones forzadas.

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EFE

Por: Justicia
09 de mayo 2020 , 10:44 p.m.

El jueves en la noche, Wilmer Daniel Marín Alarcón salió de su casa, en Bello, Antioquia, a hacer una llamada. No regresó. En la madrugada del viernes encontraron su cuerpo envuelto en un colchón que quienes lo asesinaron intentaron quemar.
Marín Alarcón era excombatiente de las Farc y se convirtió en la víctima número 197 de una cuenta que, desde la firma del Acuerdo de Paz, no se ha detenido y por la que se están moviendo acciones en varias instancias.

Por un lado, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decidió estudiar medidas de protección colectivas, tanto para los reincorporados de las Farc como para miembros de la Fuerza Pública que han sufrido amenazas.

Adicionalmente, el partido de la exguerrilla está evaluando si solicita esas mismas medidas cautelares, pero ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, lo cual no se ha decidido todavía.

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Lo que sí ya se hizo fue pedir una visita de esa instancia a Colombia para que revise la situación, como lo confirmó el abogado del partido, Diego Martínez. “Hemos decidido acudir al Sistema Interamericano y también ante Michelle Bachelet, alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU. Solicitaremos la intervención de la Comisión Interamericana y una visita in loco (visita de campo) al país para constatar que está ocurriendo un exterminio sistemático contra excombatientes”, afirmó Martínez.

Solicitaremos la intervención de la Comisión Interamericana y una visita in loco (visita de campo) al país para constatar que está ocurriendo un exterminio sistemático contra
excombatientes

Una visita de este tipo implica que una comisión de organismos internacionales investigue las circunstancias de los hechos denunciados y elabore un informe que presenta al Sistema.

Los hechos que conocería la Comisión, y que también serán parte del informe que el partido Farc presentará ante la JEP por solicitud de esta en su estudio de medidas cautelares, muestran una radiografía de lo que está sucediendo con la seguridad de los exguerrilleros.

En las cuentas del partido Farc, de los 197 asesinatos, 117 ocurrieron en el actual gobierno. Del total, 193 eran hombres y cuatro mujeres. Los dos primeros casos de excombatientes asesinadas fueron en 2016 y 2019, y los últimos dos, recientemente: el 5 de marzo fue asesinada Astrid Conde en Bogotá y el 17 de marzo, en límites entre San Vicente del Caguán y La Macarena, Belle Ester Carrillo, junto al excombatiente Irnel Flórez Forero.

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Incluso después de que comenzaron los toques de queda y aislamiento por la pandemia de coronavirus, los asesinatos continuaron. Han ocurrido cinco desde el 21 de marzo, cuando Albeiro Gallego Mesa fue asesinado en La Macarena. El 13 de abril, en Ataco, Tolima, asesinaron a Carlos Alberto Castillo; el 15 de abril, en Uribe, Meta, a Jhon Jairo Londoño; el 17 de abril, en Urrao, Antioquia, a Rigoberto García Restrepo; y el 7 de mayo, a Wilmer Marín Alarcón.

Más allá de los asesinatos, la Farc también ha registrado 14 desapariciones forzadas y 39 atentados con tentativa de homicidio.

Una preocupación particular es que muchos de los municipios donde se presentan estos hechos coinciden con los territorios donde se implementan los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). “No es aceptable que en este tipo de territorios, altamente copados por la Fuerza Pública, las estructuras criminales organizadas, en lugar de desarticularse, han venido creciendo”, señala Fagua.

No es aceptable que en este tipo de territorios, altamente copados por la Fuerza Pública, las estructuras criminales organizadas, en lugar de desarticularse, han venido creciendo

Es el caso de Ituango, Antioquia, pues 12 excombatientes ligados al Espacio Territorial en el corregimiento Santa Lucía han sido asesinados. Además, se ha convertido en un poblado fantasma, pues más de 100 personas se han desplazado ante amenazas. En la zona hay al menos seis estructuras ilegales.

Asimismo, municipios donde han ocurrido asesinatos en Cauca (Argelia, Caldono, Buenos Aires, Miranda), Nariño (Ricaurte y Barbacoas), Antioquia (Dabeiba) y Chocó (Riosucio y Jiguamiandó), además de ser zonas PDET, son de interés para la JEP porque se cruzan con sus casos territoriales.

Esta fue, de hecho, una de las razones por las que esa justicia inició el estudio de medidas. Según dijo la magistrada Reinere Jaramillo a este diario, con el asesinato de excombatientes peligra también el derecho a la verdad de las víctimas.

La Fiscalía ha reportado al partido Farc 228 casos que incluyen amenazas y atentados, lo que para Fagua es un subregistro. De estos, 103 están en etapa de investigación y en 26 hay sentencia judicial, por lo que asegura que hay una impunidad del 89 %. Para la Fiscalía, el esclarecimiento supera el 50 %, cifra que incluye los casos en los que hay un presunto autor. “A quienes les corresponde determinar la responsabilidad es a los jueces mediante sentencia”, cuestiona Fagua. Por eso no están de acuerdo con esa cifra de esclarecimiento.

El partido Farc insiste al Estado que implemente políticas de protección contenidas en el acuerdo. Entre tanto, el problema de seguridad de los excombatientes es analizado en la JEP y podría llegar a instancias internacionales.

‘Estado está llegando a zonas PDET’: Archila

La vicefiscal Martha Mancera señaló esta semana que el 75 % de asesinatos a ex-Farc ocurrieron en zonas con disputas por corredores del narcotráfico. El consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, reconoce que estos coinciden en su mayoría con municipios PDET.

Dijo que es importante entender que van 20 meses de implementación de los PDET en los 170 municipios más afectados por la violencia y la pobreza, que abarcan la tercera parte del territorio y un 15 % de la población del país.

Agregó que la llegada del Estado a esas zonas ha concentrado todo el tiempo y esfuerzo del Gobierno, representado, por ejemplo, en que el año pasado en el Catatumbo se invirtió más que en los 16 años anteriores.

Es falso que el Gobierno no haya hecho todo lo que está a su disposición para protegerlos

Señaló igualmente que se han aprobado más de 250 esquemas de protección, 12 de en la última semana, y que ninguna de estas personas ha sido víctima de afectaciones. “Es falso que el Gobierno no haya hecho todo lo que está a su disposición para protegerlos”, aseguró.

Respecto a las medidas que estudia la JEP, dice que son bienvenidas y que espera que cualquier decisión parta de fortalecer, si es posible, lo que existe.

Su opinión cambia sobre la posibilidad de llevar el caso al Sistema Interamericano: “Eso implicaría llegar a la conclusión de que el Estado no está haciendo lo que debe”. Dice que tanto el Gobierno como la justicia –incluida la JEP– y los órganos de control sí están actuando.

JUSTICIA
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