630 terceros civiles ya han pedido pista para entrar a la JEP

630 terceros civiles ya han pedido pista para entrar a la JEP

Este viernes vence plazo para que se presenten civiles y agentes del Estado vinculados al conflicto.

Patricia Linares, magistrada de la JEP

Algunos de los magistrados de la JEP. En el medio, Patricia Linares, presidenta de la Jurisdicción.

Foto:

JEP.

Por: Justicia
02 de septiembre 2019 , 06:38 p.m.

A pesar de que el acuerdo de paz no obliga a los civiles con investigaciones o condenas por hechos relacionados con el conflicto armado a ir a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), 630 ya han pedido ingresar a este tribunal.

Este viernes 6 de septiembre se vence el plazo para el sometimiento voluntario a la JEP de terceros civiles y agentes del Estado distintos a Fuerza Pública que hayan sido vinculados a una investigación penal antes del 6 de junio del 2019, cuando entró a regir la Ley Estatutaria de la JEP. Mientras tanto, el plazo para los que fueron vinculados después del 6 de junio de este año será de tres meses a partir del día en que la Fiscalía los vinculó.

En la JEP ya hay 589 solicitudes de terceros civiles, de las cuales 379 ya están en estudio por los magistrados.

Y en la Fiscalía hay 41 solicitudes de terceros civiles –entre ellos, el exjefe paramilitar Carlos Mario Jiménez (ver subtítulo)– que piden a los fiscales pasar sus expedientes a la JEP. Esto porque en julio pasado esa jurisdicción estableció que le corresponde al fiscal que tenga los casos hacer una primera evaluación de si se cumplen los requisitos para ir a la JEP.

A los 630 terceros civiles se suman las 57 actas de compromiso con la JEP que han firmado agentes del Estado como excongresistas, exgobernadores y exalcaldes, entre otros.

En la JEP estas personas deberán aportar verdad sobre el conflicto, algunos también buscan demostrar su inocencia, y, por supuesto, obtener los beneficios de la justicia transicional, que van desde la libertad anticipada hasta sanciones restrictivas de la libertad, pero no cárcel, de entre 5 y 8 años o hasta de 20 años de cárcel si no reconocen verdad, lo cual, comparado con los hasta 40 años de cárcel que hay en la justicia ordinaria por los crímenes que juzga la JEP, es un buen descuento.

Daniel Marín, investigador de Dejusticia, añadió que otro beneficio es la seguridad jurídica. Por ejemplo, dijo, si no son auspiciadores de la guerra, sino que fueron coaccionados, la JEP es el lugar para decirlo y cerrar sus cuentas pendientes con la justicia.

La dimensión del conflicto armado mostraría que 600 personas es deficiente porque en compulsas en Justicia y Paz hay 2.300 terceros que habrían tenido relación con el conflicto

De otro lado, para Marín el balance de la cantidad de solicitudes que van a la fecha debe analizarse en dos dimensiones.

“La dimensión del conflicto armado mostraría que 600 personas es deficiente porque en compulsas en Justicia y Paz hay 2.300 terceros que habrían tenido relación con el conflicto”, dijo.

Este año, tras revisar 16.772 compulsas de copias de Justicia y Paz, tribunal creado con la desmovilización de los paramilitares, la Fiscalía encontró que hay 2.311 terceros civiles y 1.835 agentes de Estado que habrían financiado y auspiciado el conflicto.

Sin embargo, Marín aseguró que frente a los niveles de impunidad “rampantes” que ha habido para quienes han estado detrás del conflicto, que haya más de 600 personas dispuestas a hablar es “un avance gigantesco”.

En el mismo sentido habló la presidenta de la JEP, Patricia Linares, quien dijo que es esencial que estas personas “develen sus relaciones con promotores, financiadores y determinadores de la guerra, y ayuden a la identificación de esos ‘hombres de atrás’ que con su poder y recursos la propiciaron durante más de 50 años”.

Es esencial que develen sus relaciones con promotores, financiadores y determinadores de la guerra, y ayuden a la identificación de esos ‘hombres de atrás’ que la propiciaron durante más de 50 años

Algunos de los casos

Entre los más de 600 particulares que han pedido entrar a la JEP está el exalcalde de Cúcuta Ramiro Suárez Corzo, quien prometió contar la verdad sobre el homicidio del abogado Alfredo Enrique Flórez Ramírez, por el cual ya fue condenado por el Tribunal Superior de Bogotá, así como sobre otros cuatro homicidios, extorsiones y despojo de tierras a campesinos.

También han buscado resolver sus casos Mauricio Parra Rodríguez, ‘el Quesero’, procesado por el asesinato del dueño de Surtifruver e investigado por la Fiscalía por lavado de activos de las Farc, y su hija Paola Parra, también señalada por lavado de dinero y a quien la JEP le dio libertad anticipada mientras resuelve su caso.

Así mismo, han tocado las puertas de la JEP la empresaria del chance Enilse López, ‘la Gata’, condenada por nexos con ‘paras’, sus hijos: el excongresista Héctor Julio Alfonso López, también señalado por ‘parapolítica’, y Jorge Luis Alfonso López, exalcalde de Magangué (Bolívar), así como varias personas de su círculo empresarial y familiar. ‘La Gata’ prometió evidencias sobre vínculos de paramilitares con políticos de la costa Caribe.

Y además de ‘Macaco’, son varios los exparamilitares que han pedido pista como terceros civiles –aunque ninguno ha sido admitido–; entre ellos, el excomandante de las Auc Salvatore Mancuso, quien ofreció dar los nombres de empresas y civiles que apoyaron a las Auc.

Ramiro Suárez Corzo, exalcalde de Cúcuta.

Ramiro Suárez Corzo, exalcalde de Cúcuta.

Foto:

Archivo

Mauricio Parra Rodríguez, alias el Quesero

Mauricio Parra Rodríguez, alias el Quesero, según la Fiscalía, ordenó la muerte de Jhony Orjuela.

Foto:

Cortesía

Enilce López La Gata

El documento fue firmado en Barranquilla por Enilce López, quien está en prisión domiciliaria por complicaciones de salud.

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Cortesía Red de Veedurías

Héctor Julio Alfonso López

Héctor Julio Alfonso López, hijo de Enilse López, alias 'la Gata'.

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Salvatore Mancuso

Salvatore Mancuso

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Luis Benavides / EFE -Archivo

Carlos Mario Jiménez, alias Macaco

Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, presentado por Migración Colombia en Bogotá.

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Migración Colombia

José Miguel Narváez

José Miguel Narváez (centro),  condenado por el asesinato de Jaime Garzón.

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Archivo EL TIEMPO

David Char

David Char

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Cortesía Fiscalia

Senador Álvaro Ashton

El senador Álvaro Ashton, en una declaración ante la Corte Suprema.

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Cortesía Colprensa

En cuanto a los agentes del Estado, uno de los últimos casos es el del exsubdirector del DAS José Miguel Narváez, condenado por el asesinato de Jaime Garzón.
Narváez busca que se revise su condena, y su defensa pedirá que los casos por la muerte del excongresista Manuel Cepeda Vargas y los seguimientos ilegales a la exsenadora Piedad Córdoba y la periodista Claudia Julieta Duque también pasen a la JEP.

El excongresista David Char Navas fue el primer ‘parapolítico’ admitido en la JEP y hace un mes salió en libertad condicionada y anticipada. Char se comprometió a contar la verdad y a reparar a víctimas de los ‘paras’ con un acto de perdón y la construcción de un centro educativo.

También hace un mes el exsenador Álvaro Ashton fue admitido en la JEP en una polémica decisión, pues no solo lo investigarán por sus vínculos con ‘paras’ sino también por el escándalo de corrupción del ‘cartel de la toga’.

En todo caso, concluyó el investigador Marín, resolver la admisión de estas personas no es tarea fácil, no solo por el análisis que debe hacerse de cada caso, sino porque la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, encargada de esto, tiene 6 magistrados, con lo que tan solo en los terceros civiles a cada togado le tocaría analizar más de 100 expedientes, a los que se suman los casos de agentes del Estado y de militares y policías, cuya admisión en la JEP también le compete a esa sala.

Primer tropiezo de 'Macaco' para entrar a la JEP

Un mes después de volver a Colombia, tras ser deportado de Estados Unidos –donde cumplía una pena por narcotráfico–, el exjefe paramilitar y exnarcotraficante Carlos Mario Jiménez, ‘Macaco’, tuvo su primer tropiezo para entrar a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

‘Macaco’ le había pedido a dos despachos de la Fiscalía que enviaran los expedientes en su contra a la JEP y les manifestó su voluntad de someterse a esa jurisdicicón como tercero civil vinculado al conflicto, pero el pasado 29 de agosto la Fiscalía 44 Especializada en Derechos Humanos le comunicó que no enviará su caso.

Es un excomandante paramilitar que lideró el denominado bloque Central Bolívar, quien de ninguna manera puede catalogarse como un ‘tercero’, ya que tuvo un rol de protagonismo en el conflicto

El fiscal consideró que Jiménez no cumple con los requisitos para ir a la JEP,  “se trata de un excomandante paramilitar que lideró nada menos que el denominado bloque Central Bolívar (de las Auc), quien de ninguna manera puede catalogarse como un ‘tercero’, ya que tuvo un rol de protagonismo en el conflicto”, dice el oficio del fiscal.

La defensa de Jiménez sostiene que antes de ser paramilitar, ‘Macaco’ fue auspiciador y financiador de grupos armados en el Bajo Cauca y que sí puede estar en la JEP, creada con los acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc y que es competente para conocer casos de ex-Farc, miembros de Fuerza Pública, personas procesadas por protesta social, agentes del Estado y terceros civiles. 

En todo caso, dijo su abogado, falta la respuesta de la segunda fiscalía y, aún si se negara, ‘Macaco’ podría insistir directamente en la JEP.

Esta no es la primera vez que el exjefe para buscó estar en una justicia transicional, con la desmovilización de los paramilitar había entrado en Justicia y Paz en 2005, pero fue expulsado en 2014 tras comprobarse que siguió traficando droga.

‘Para cierre del conflicto es esencial verdad de los terceros'
Patricia Linares, presidenta de la JEP

Patricia Linares, presidenta de la JEP, es abogada con maestría en Administración Pública de la Universidad de Alcalá de Henares.

Foto:

Abel Cárdenas / EL TIEMPO

¿Cuál es el balance que hace, a una semana de que se cierre el plazo para terceros civiles?

El pasado martes nos reunimos con el Fiscal General para conocer los avances del proceso de sometimiento voluntario de terceros a la JEP. Él nos comentó que avanza sin contratiempos, siguiendo los lineamientos que consignamos en el comunicado que conjuntamente expedimos el pasado 10 de julio de 2019.

En ese comunicado se estableció que le corresponde al fiscal ante el que se radique la solicitud evaluar, en una primera fase, si se cumplen los requisitos para la postulación, esto es, si se trata de conductas relacionadas con el conflicto armado, cometidas antes del primero de diciembre de 2016, y si se trata de personas que no hicieron parte de organizaciones o grupos armados. Valga aclarar que si el fiscal que hace la evaluación inicial decide no remitir la solicitud a la JEP, la persona puede insistir ante la Jurisdicción.

Van 589 solicitudes solo en la JEP, ¿esto es poco, mucho o lo que esperaban?

La competencia de la JEP está orientada a máximos responsables, en esa dimensión lo que se debe evaluar es la calidad de la información que estas personas estén dispuestas a aportar, garantizando que se traduzca en un significativo aporte a la verdad plena. Se trata de que contribuyan a ese propósito, sin el cual no habrá reparación integral.

¿Qué esperan de los terceros que sean admitidos en la JEP?

El objetivo último de la JEP es contribuir al cierre definitivo del conflicto; por eso, es esencial que los agentes del Estado no miembros de la Fuerza Pública y los terceros aporten su verdad, develen sus relaciones con promotores, financiadores y determinadores de la guerra, y ayuden a la identificación de esos ‘hombres de atrás’ que con su poder y recursos la propiciaron durante más de 50 años. Sus relatos deben servir para identificar los mecanismos que se diseñaron para beneficiarse de lo que se conoce como ‘la economía de la guerra’, para visibilizar la complejidad del conflicto y permitir que los terceros se vinculen a la construcción de paz aportando a la reparación y a la no repetición.

JUSTICIA
En Twitter: @JusticiaET

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