Piden a JEP abrir caso sobre apoyo de Fuerza Pública a paramilitares

Piden a JEP abrir caso sobre apoyo de Fuerza Pública a paramilitares

Así se solicita en informe que documenta 10 masacres en los Montes de María entre el 2000 y el 2001.

El silencio de las gaitas

El informe 'El silencio de las gaitas' fue entregado este miércoles a la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.

Foto:

CCJ y Colectivo Cajar.

Por: Justicia
09 de julio 2020 , 02:55 p.m.

En ‘El silencio de las gaitas’, informe presentado este jueves a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), se recuerda cómo durante la masacre de El Salado, corregimiento del Carmen de Bolívar, los paramilitares tomaron gaitas y tambores de la casa de la cultura del poblado y las hicieron sonar mientras cometían actos de tortura y sevicia contra civiles.

Las gaitas, que eran símbolo de la alegría y la cultura del Caribe, se convirtieron en sonidos fúnebres desde entonces. Así lo recoge este documento, presentado por la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, en el que piden investigar el papel de la Fuerza Pública en la comisión de al menos una decena de masacres perpetradas por paramilitares en los Montes de María.

(Lea también: 158.000 víctimas, el saldo de 30 años de violencia en Montes de María)

Según documentan esas organizaciones no gubernamentales, en esa región entre Sucre y Bolívar el modelo paramilitar se apoyó en la doctrina del “enemigo interno” para debilitar a organizaciones campesinas y populares. Fueron estas las víctimas de las 10 masacres documentadas, ocurridas entre 2000 y 2001. Fuera de ese periodo, son 46 las masacres que se cuentan perpetradas en la región.

En las 10 masacres -Ovejas-Canutal, El Salado, Mampuján-Las Brisas–San Cayetano, Hato Nuevo, La Libertad, Curva del Diablo, Chinulito y El Cerro, Macayepo, Carmen de Bolívar y Chengue- fueron asesinadas 175 personas, “todas ellas perpetradas por grupos paramilitares con presunta complicidad de agentes de la Infantería de Marina y la Policía Nacional”, señalan las organizaciones.

El informe solicita a la JEP llamar a rendir versión voluntaria al contraalmirante retirado Rodrigo Quiñonez Cárdenas, quien fue comandante de la Brigada Primera de Infantería de Marina. Quiñonez Cárdenas figura en la página de Función Pública como actual asesor en el Senado de la República. En 2003 fue hallado disciplinariamente responsable de “conducta omisiva a título de dolo” por la masacre de Chengue. Asimismo, se pide llamar a versión a varios de sus subalternos.

(Más de su interés: La cruenta masacre que dejó a El Salado en 20 años de silencioso duelo)

También se pide a la JEP llamar a los entonces comandantes de Policía de Bolívar y Sucre: al general retirado Rodolfo Palomino López (exdirector de la Policía), al coronel retirado Normal León Arango Franco, al coronel retirado Carlos Eduardo Devia Gutiérrez y al coronel Mario Nel Flórez Álvarez, así como a varios de los subalternos de estos.

En el informe, se le pide a la JEP “abrir un macro caso en el que se aborde la responsabilidad de agentes de Estado y de los denominados terceros civiles, en la comisión de graves crímenes que fueron expresión de la estrategia paramilitar como una política de Estado con carácter nacional, priorizando los hechos de la región de los Montes de María”.

(También le recomendamos: La JEP rechaza a expara que fue jefe de seguridad en Ralito)

El magistrado Óscar Parra, de la Sala de Reconocimiento de Responsabilidad, dijo durante la entrega del informe que la JEP ha recibido cerca de 14 informes sobre los Montes de María, con énfasis en diferentes hechos como violencia sexual, desplazamiento forzado y masacres.

El informe también les pide priorizar la investigación sobre las masacres ocurridas en Montes de María entre los años 2000 y 2001 “en lo que respecta a las diferentes formas de autoría y participación, tanto de agentes estatales como terceros civiles”. También solicita que las masacres documentadas sean declaradas crímenes de lesa humanidad.

Piden la acreditación como víctimas de las personas que se relacionan en el informe, que sufrieron hechos de ejecución, desaparición forzada, desplazamiento forzado, despojo de tierras, violencia sexual, entre otros.

Además, le piden a la JEP implementar medidas de protección y seguridad teniendo en cuenta que la participación de estas personas en actividades judiciales y extra judiciales ha aumentado el riesgo para las víctimas y sus familiares.

El informe también fue recibido por la comisionada Marta Ruiz, de la Comisión de la Verdad. El informe extendió solicitudes a las demás entidades del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Ruiz dijo que la Comisión ha priorizado la región de Montes de María para el esclarecimiento del conflicto armado.

“Hay que explorar también cómo se conjugaron otros intereses también allí” además los militares y los paramilitares, dijo la comisionada Ruiz, quien se comprometió a hacer un análisis “serio y en profundidad” de este informe.

La CCJ y el colectivo Cajar, además de presentar el informe, hicieron un sitio web para presentarlo a la sociedad, que se puede consultar aquí: https://coljuristas.org/elsilenciodelasgaitas/index.html

JUSTICIA
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Justicia@eltiempo.com

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