Por abortos forzados en las Farc piden abrir nuevo caso en la JEP

Por abortos forzados en las Farc piden abrir nuevo caso en la JEP

Informe también documenta la anticoncepción forzada como un crimen sexual de la guerrilla.

Víctima de violencia sexual en las Farc

El informe incluye el testimonio de Helena, una excombatiente que sufrió de estos delitos cuando estaba en las Farc.

Foto:

Women's Link Worldwide.

Por: Justicia
09 de octubre 2019 , 08:39 p.m.

Que los crímenes sexuales cometidos en el conflicto sean o no juzgados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es una de las discusiones jurídicas más álgidas que se ha dado en torno a esa justicia, incluso desde antes de su creación.

No fue poco el debate que suscitó que estos delitos fueran considerados como relacionados con el conflicto armado y susceptibles de penas alternativas en la JEP, pero la Corte Constitucional dio vía libre para que así fuera y por lo tanto la esa justicia especial los puede investigar.

Pero de esa discusión resultaron al menos dos posiciones encontradas, hasta el día de hoy: una, representada por la Corporación Rosa Blanca, que no cree en la JEP e incluso adelanta una recolección de firmas para realizar un referendo en contra de esa justicia, y otra que, al contrario, ha defendido que la JEP es un escenario para combatir la impunidad sistemática que se mantiene sobre estos hechos en la justicia ordinaria y poder acercarse más a la verdad de lo ocurrido.

Esta última voz se materializó la semana pasada en un informe de 98 páginas que fue entregado a la JEP y en el cual se documenta la magnitud de los crímenes sexuales en las filas de las Farc, especialmente a partir de dos hechos victimizantes: los abortos forzados y la anticoncepción obligatoria para las mujeres integrantes de la guerrilla.

El informe, realizado por la organización Women’s Link Worldwide y titulado ‘Violaciones a derechos reproductivos de mujeres y niñas al interior de las Farc-EP: una deuda de la justicia’ logró recoger, a través de diferentes fuentes, al menos 35 testimonios de mujeres que sufrieron estos actos en su contra.

Además, pone de presente el alto subregistro sobre estas cifras, si bien hay algunas que son indicativas, como que, según algunos cálculos de la Fiscalía, el promedio de abortos forzados en las Farc podía llegar a 1.000 por año.

Estos delitos, además, afectaron especialmente a mujeres, de todas las edades, pero con mayor fuerza a menores de edad.

Una investigación de la Defensoría, recogida en el informe, concluyó que de un grupo de 65 menores que dejaron la guerrilla, todas tenían puestos dispositivos intrauterinos (DIU o ‘T’ de cobre), de los cuales varios fueron puestos contra su voluntad o sin información, bajo el argumento de ser una orden.

De hecho, el informe argumenta que en estas prácticas hubo una “participación activa y determinante por parte del Secretariado del Estado Mayor” de las Farc, pues estas conductas “fueron impuestas explícitamente desde la Octava Conferencia Nacional”, en 1993.

Como en ese momento ocurrió un escalamiento del conflicto que hacía que las Farc necesitaran más fuerza de combate, Women’s Link Wolrdwide argumenta que estos crímenes sexuales se deben entender en el marco del conflicto armado mismo como una estrategia de guerra.

“El ejercicio activo en la tropa de las mujeres combatientes y niñas reclutadas ilícitamente resultaba incompatible con la gestación y el ejercicio de la maternidad”, explica el documento.

Además, “eran implementadas mediante violencia, coerción o engaño, usando métodos farmacológicos, quirúrgicos y no convencionales”. Estos, en condiciones tan insalubres que llevaban hasta la muerte de las mujeres.

La labor de este tribunal estará incompleta si no se investigan, juzgan y sancionan estos delitos

El informe documenta casos de mujeres que, siendo combatientes, sufrieron hasta cinco abortos forzados.

Incluso, menciona que en algunas ocasiones se realizaban procedimientos como legrados sin anestesia o usando sedantes para animales.

Estos delitos constituyen violencia sexual, continúa el documento, porque este fenómeno no se debe entender solamente desde los actos sexuales como las violaciones, “sino que debe tener en cuenta las complejas relaciones dinámicas de poder en juego” en las cuales no solo media la gratificación que busca el victimario, sino también el intento de ejercer poder, control y dominio.

Por eso le piden a la JEP entender esos procedimientos de “control reproductivo” como crímenes sexuales y crímenes de guerra.

Las prácticas de anticoncepción forzada, además, se ejercieron solamente contra niñas y mujeres. En ningún caso se documenta que se obligara a un hombre a usar métodos de planificación, por lo que para las investigadoras es claro que se trataba de una violencia basada en género. En la Octava Conferencia, incluso se recomendó el uso de un anticonceptivo llamado Norplan, que es de uso exclusivo para mujeres.

Por su parte, los abortos forzados no eran ejecutados cuando el embarazo era producto de una relación con algún comandante que tuviera poder en la guerrilla. “En ese sentido, se evidencia que los niños y niñas sí eran permitidos dentro de las filas de las Farc-EP, cuando el padre de estos era un hombre en una posición de poder, lo que da cuenta de las dinámicas patriarcales dentro del grupo guerrillero”, explica el informe.

En algunas ocasiones se realizaban procedimientos como legrados sin anestesia o usando sedantes para animales

¿Es necesario un nuevo caso?

En el país solo hay tres condenas por crímenes contra la autonomía reproductiva de las mujeres y las niñas.

Todas se dieron en el marco de la ley de Justicia y Paz, que juzgó los crímenes, sobre todo, de los grupos paramilitares desmovilizados a mediados de la década pasada. Solo una de estas reconoce que hubo prácticas de violencia reproductiva en un grupo armado y ninguna es contra integrantes de las Farc.

Actualmente, la JEP tiene abiertos ocho casos, pues su mandato está dado en términos de priorizar los peores crímenes del conflicto y juzgar a los responsables determinantes de estos hechos. Solamente uno de esos ocho, el que investiga el exterminio del partido Unión Patriótica (006), no incluye la investigación de crímenes sexuales. Los demás sí.

Para Women’s Link Worldwide, un caso en particular puede conocer estos hechos: el 007, que investiga el reclutamiento forzado de menores de edad, pues muchos de los abortos y métodos forzados de anticoncepción fueron impuestos a niñas, según los datos recogidos.

“La información aquí presentada –dice el informe– también debe ser tenida en cuenta en el mismo en tanto se relaciona directamente con las conductas que afectaron de forma grave a las niñas víctimas de reclutamiento”.

Aun así, los demás también investigan estos casos: el de secuestro (001), el de la situación territorial de derechos humanos en el Pacífico nariñense (002), el de ejecuciones extrajudiciales (003), el de la situación en el Urabá antioqueño y chocoano (004) y el de la situación territorial humanitaria en el norte de Cauca y el sur del Valle (005).

La organización concluye en su petición que el informe excede el objeto específico de cada caso abierto hasta ahora. Varias voces, incluso al interior de la JEP, han considerado que es plausible que se abra ese macrocaso, en palabras del documento para “proceder a priorizar” los crímenes sexuales cometidos en las Farc. Esa decisión es de competencia de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP.

"La labor de este tribunal estará incompleta si no se investigan, juzgan y sancionan estos delitos, y si no se tienen en cuenta la voz ni las historias de las mujeres que fueron víctimas, muchas de las cuales se encuentran hoy completamente desprotegidas”, afirma Mariana Ardila, abogada de Women’s Link.

REDACCIÓN JUSTICIA
Twitter: @JusticiaET
justicia@eltiempo.com

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