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Nuevo 'round' entre JEP y el Fiscal por caso de los bienes de las Farc
Bienes de las Farc

Los bienes fueron ocupados con fines de extinción de dominio y son administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

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Nuevo 'round' entre JEP y el Fiscal por caso de los bienes de las Farc

Martínez dice que no es cierto que Fiscalía sea incongruente. Tema está en la Corte Constitucional.

La discusión entre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el Fiscal sobre cuál de las dos instituciones debería conocer todo lo relacionado con los bienes no inventariados de las Farc tendrá este miércoles un nuevo round.

Este conflicto de competencias está en la agenda del día de la Corte Constitucional y la ponencia que los magistrados del alto tribunal van a analizar está inclinada a favor de las pretensiones del fiscal Néstor Humberto Martínez, quien este martes reiteró su postura en una carta dirigida a Alejandro Linares, presidente de esa corporación.

El Fiscal insiste que el manejo de los activos que las Farc no reportaron antes de dejar las armas le compete a la justicia ordinaria y no al sistema de justicia transicional. Algunos de esos bienes, de hecho, el ente acusador ya ha incautado.
Estos ascienden a unos 2,3 billones de pesos; y cuenta con un inventario superior a 1.000 bienes urbanos, más de 5.000 rurales,
más de 1.000 automotores, cerca de 700.000 semovientes, bienes baldíos de más de 2.000 millones de hectáreas que tendrían que ser objeto de extinción de dominio.

“No se trata simplemente de definir unas competencias, sino de definir si va a haber extinción de dominio sobre esos activos, que ya encontró la Fiscalía, que no fueron inventariados”, ha sostenido el fiscal Martínez, para quien la “extinción de dominio que no es una facultad en Colombia a cargo de la JEP”.

El origen del conflicto de competencias viene desde el 21 de agosto del año pasado, cuando la JEP le ordenó a la Fiscalía informar acerca del estado de esos bienes no inventariados de la exguerrilla, incluyendo aquellos sobre los cuales se está tramitando la extinción del dominio de acuerdo a lo que contempló el acuerdo de paz de La Habana. Desde entonces, el fiscal dice que este asunto es competencia exclusiva del ente acusador.

Esto contrario a lo que argumentó en días pasados ante la Corte Constitucional el Tribunal para la Paz, máxima instancia de al JEP, a través de la Sala de Primera Instancia para los casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, que pide esa información en el trámite de imposición de medidas cautelares sobre esos bienes con el fin de que sean destinados a la reparación de las víctimas del conflicto.

Para esta instancia la Fiscalía ya cumplió con esa petición de la justicia transicional al entregar el 10 de enero el informe “Fuentes y Mecanismos de Financiación de las Farc”, el décimo de este tipo de informes que la JEP ha usado como insumo dentro de los casos de su competencia.

Sin embargo, el fiscal Martínez alegó que la entrega de ese informe no da respuesta al requerimiento que le hizo la Sala de Ausencia de Reconocimiento en agosto pasado. Dice que le “sorprende que la Sala califique de como ‘paradójica e incongruente’ la actuación de la Fiscalía”.

“No da respuesta a la orden emitida en el Auto 02 de 2018 (…). Este documento fue entregado en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo de Paz y en los desarrollos legislativos sobre la materia, que nos obligan a elaborar informes descriptivos sobre todas las investigaciones ‘relativas a las conductas cometidas con ocasión del conflicto armado, incluidas las que ya hayan llegado a juicio’, con destino a la JEP, de carácter reservado”, explica Martínez.

Ese informe describe las fuentes de financiación que utilizaron las Farc durante sus 60 años de existencia, pero el fiscal resalta que este “incluye cifras globales de los réditos obtenidos por las actividades ilegales, así como de las inversiones que realizó el grupo armado para ocultar su dinero.

Para Martínez, en cuanto a los bienes objeto de extinción de dominio, “el informe se limita a dar un consolidado del número de bienes vinculados a estos procesos y los valores agregados de los mismos, sin identificarlos ni individualizarlos, como lo requirió la JEP en el trámite de medidas cautelares”.


REDACCIÓN PAZ Y JUSTICIA
@PazyJusticiaET

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